El plenario del Senado brasileño decidió hoy suspender en forma provisional a la Presidenta Dilma Rousseff y someterla a juicio político con 55 votos a favor y 22 en contra. Los procedimientos en contra de Rousseff se basan en acusaciones de que violó las leyes fiscales en 2015 para ocultar problemas de presupuesto. La acusación principal es que su gobierno demoró el traslado de fondos del Tesoro a los bancos estatales para pagar por programas gubernamentales. Sus críticos señalan que eso hizo que las finanzas públicas se vieran mejor de lo que en realidad estaban.

Río de Janeiro/Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo/Efe/AP).– El Senado de Brasil aprobó hoy someter a un juicio político a la Presidente Dilma Rousseff y la apartó del cargo por un periodo de hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso y en el que será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.

En la votación, que se produjo después de una sesión continua de 20 horas y media de duración, 55 senadores se pronunciaron a favor del juicio político y 22 votaron en contra.

Rousseff, la primera mujer que preside el gigante sudamericano, está acusada de emplear supuestas maniobras contables para esconder importantes déficits presupuestarios.

La Presidenta será suspendida de su cargo y el vicepresidente, Michel Temer, asumirá el puesto durante los seis próximos meses, coincidiendo con el proceso que se llevará a cabo en el Senado. El juicio determinará si Rousseff puede completar el último tramo de su segundo mandato o si su hasta ahora aliado Temer seguirá en el poder hasta diciembre de 2018.

Este resultado supone una victoria de los partidarios del juicio político. La cifra de votos a favor fue significativamente mayor a la necesaria para suspenderla de sus funciones, 41 escaños, e indica que Rousseff tiene una dura batalla por delante para regresar al palacio presidencial de Planalto.

La votación, celebrada a primera hora de la mañana del jueves, culminó una maratoniana sesión en el Senado que duró más de 20 horas.

La Senadora Gleisi Hoffmann, cercana a Rousseff, consideró que las maniobras fiscales no son motivo suficiente para el “impeachment” y dijo que esto sería equivalente a “penalizar con pena de muerte una infracción de tránsito”. No obstante, muchos de los senadores que votaron a favor alegaron otros motivos, como el gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, la grave crisis económica que atraviesa el país o por Rousseff haber faltado a sus promesas de campaña.

En su turno final, el autor del informe acusador en la Cámara alta, el senador Antonio Anastasia, reiteró que “hay indicios suficientes para la apertura del proceso”. El abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, también insistió en sus argumentos de que el “impeachment” carece sustento legal e indicó que si los senadores decidieran aprobarlo, “Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta”.

La sesión del Senado se inició a las 10:00 hora local (13:00 GMT) del miércoles, concluyó sólo en la mañana de hoy y en ella participaron 71 senadores, todos ellos con quince minutos de tiempo en la tribuna de oradores.

Dilma Rousseff tuvo su primera reacción a través de las redes sociales y afirmó: “Es golpe”.

La mandataria suspendida publicó en su perfil en Faceboock unos vídeos de la intervención que esta madrugada hizo ante el Senado el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien asumió su defensa durante el proceso.

Cardozo “destacó que se está cometiendo una injusticia histórica, en la que procedimientos como el derecho a la defensa, son usados para ofrecer legitimidad a un proceso que rasga la Constitución”.

Según Rousseff, Cardozo “recordó que se usan pretextos jurídicos para sacar del poder a una presidenta legítimamente elegida, en una injusticia histórica”.

En esa misma línea se pronunció el hasta hoy gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en un comunicado pidió a su militancia movilizarse y “resistir” al “ilegítimo” Gobierno de Michel Temer, hasta ahora vicepresidente y quien reemplazará a Rousseff al menos durante los próximos 180 días.

Sin embargo, este miércoles, mientras se desarrollaba la sesión del Senado que concluyó con la suspensión de Rousseff, unos pocos y minúsculos grupos se manifestaron en contra de una decisión que era esperada en todos los círculos políticos y hoy, una vez concluida la votación, casi no hubo reacciones.

En las próximas horas, Rousseff será notificada oficialmente de la decisión del Senado y con eso estará en pleno vigor su suspensión del cargo.

POR QUÉ

Los procedimientos en contra de la Presidenta Rousseff se basan en acusaciones de que violó las leyes fiscales en 2015 para ocultar problemas de presupuesto. La acusación principal es que su gobierno demoró el traslado de fondos del Tesoro a los bancos estatales para pagar por programas gubernamentales.

Sus críticos señalan que eso hizo que las finanzas públicas se vieran mejor de lo que en realidad estaban. Rousseff insiste en que la práctica no es una ofensa que amerite juicio político, y señaló que otros mandatarios brasileños han utilizado dichas técnicas de contabilidad creativa sin ser castigados de manera alguna.

El cibersitio de verificación de datos Aos Fatos llevó un conteo de los incidentes en los que estuvo involucrado el banco estatal Caixa Económica Federal. Asegura que Rousseff utilizó las maniobras fiscales durante sus primeros cinco años de gobierno 35 veces más que el total combinado de los dos presidentes anteriores, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

Las acusaciones en contra de Rousseff también incluyen fondos para todos los programas federales y los bancos estatales BNDES y Banco do Brasil. El caso en su contra cita tan solo las maniobras de contabilidad realizadas durante 2015, que fue el primer año de su segundo periodo, debido a que la Constitución brasileña señala que un presidente solo puede ser destituido por actos irregulares durante su periodo actual.

Entre 2011 y 2015, el Gobierno de Rousseff utilizó creatividad contable para demorar pagos a Caixa por casi 10.000 millones de dólares. Esos fondos fueron reembolsados, pero las leyes fiscales brasileñas señalan que los bancos estatales no deben hacer préstamos al gobierno federal. Rousseff rechaza que se hayan tratado de préstamos. Los fondos involucrados incluyen prestaciones por desempleo, bonos a los trabajadores públicos y prestaciones de Bolsa Familia, que es el programa social insignia del gobierno para proveer de ingresos mínimos a los ciudadanos más pobres. Las demoras se detuvieron luego de que en octubre de 2015 un organismo supervisor del gobierno decretó como irregulares los mecanismos de maniobras de contabilidad que utilizó Rousseff.

LO QUE QUEDA DEL PT

Poco queda de la ilusión que levantó el PT entre buena parte de la sociedad brasileña y que le convirtió en uno de los partidos de referencia del país desde su nacimiento, en la década de los 80.

Fruto de una alianza de partidos de izquierda, organizaciones sindicales y sectores de la iglesia próximos a la teología de la liberación, el PT nació en la oposición a la última dictadura militar en Brasil (1964-1985).

Las promesas de cambio de un sistema corrompido, de transformación social y de defensa de los trabajadores fueron quedando en el camino mientras el PT se sumergía en el engranaje político brasileño y caía de lleno en las redes de la corrupción.

Nacido del movimiento sindical que cobró fuerza en Sao Paulo a finales de los 70, el PT se consolidó con el liderazgo del carismático dirigente sindical Luiz Inácio Lula da Silva.

En su cuarto intento, Lula consiguió la Presidencia, en 2003, en medio de una crisis de credibilidad de los partidos tradicionales con un mensaje que conquistó a los electores y un lema más que pegadizo para definirse a sí mismo: Lula paz y amor.

Su compromiso con el cambio pronto se vio empañado por el primer gran escándalo que tambaleó a su Gobierno: el “mensalao”, una compleja red de sobornos a parlamentarios que salpicó a varios dirigentes del PT en 2005, entre ellos José Dirceu, ministro de la Casa Civil y mano derecha del mandatario, y el presidente del partido, José Genoíno.

Lula entonces sacó pecho y afirmó que “lo que el PT hizo desde el punto de vista electoral es lo que se hace en Brasil sistemáticamente”.

Pero en septiembre de 2006, la corrupción volvió a salpicar al PT con la llamada “crisis del dossier“, que alcanzó al propio Lula y al Senador Aloízio Mercadante, candidatos a la Presidencia y al Gobierno de Sao Paulo respectivamente, que supuestamente pretendían comprar informes que perjudicaban a la oposición.

Pese al escándalo, Lula esquivó el golpe y con el lema “Quiero un Brasil decente” renovó por un segundo mandato que logró terminar como el político mejor valorado por el electorado -un 80 por ciento de imagen positiva-, en buena parte debido al éxito de programas sociales de los que se benefician unos 14 millones de familias brasileñas, como el “bolsa familia”.

Eligió entonces a una de sus más fieles colaboradoras, la ex guerrillera Dilma Rousseff, para sucederle, en 2011, con un compromiso: “Para que Brasil siga cambiando”.

Aunque desgastada y criticada por su falta de carisma político y por una gestión alejada de las líneas programáticas del PT, la primera Presidenta de Brasil logró la reelección en 2014 con el lema “Cambia más”.

Para entonces, el PT poco tenía que ver con el Partido de los Trabajadores que había conquistado a los brasileños 10 años atrás.

En el camino, el PT de Lula se fue distanciando de su aliados naturales, los partidos y colectivos de izquierda, como los movimientos Sin Tierra y Sin Techo, y se acercó peligrosamente a sus adversarios políticos naturales: el centro y la derecha.

Según el intelectual marxista César Benjamin, desde 1990 “Lula y José Dirceu -un político y abogado brasileño- comenzaron a vaciar el potencial militante del PT para transformar el partido en una máquina electoral formidable”.

Arrastrando un fenomenal aparato burocrático, el PT se acercó al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), la poderosa fuerza que durante décadas ha tenido la llave de la Presidencia del país.

Aliada con el PMDB, con Michel Temer como vicepresidente, Rousseff logró un segundo mandato pero, a la postre, su compañero de viaje terminó por asestarle una herida mortal, impulsando el juicio político que la ha colocado a un paso de la destitución y que ha noqueado al PT.

El “delito” de Rousseff: maquillaje del presupuesto público. Una técnica ilegal que han practicado todos los gobiernos brasileños durante décadas.

Como telón de fondo, una crisis económica imparable -agravada por la caída de los precios de las comodities y el petróleo- y el “Lava Jato”, la mayor investigación judicial de la historia de Brasil, que se ha llevado por delante a altos funcionarios y dirigentes de todos los partidos, incluido el PT, que había llegado al poder enarbolando la bandera de la honestidad.

El “Lava Jato” no ha terminado y de su evolución dependerá mucho el futuro del PT y del propio expresidente Lula, en la mira del juez que impulsa la investigación, Sergio Moro.

Mientras, en la calle, las multitudes que solía arrastrar el PT ahora aparecen menguadas y desencantadas.

Recuperar el partido pasa por una profunda revisión autocrítica y por la búsqueda de nuevos liderazgos capaces de recuperar la confianza de la sociedad.

Pero la regeneración es un proceso lento y el sistema político brasileño ha dado muestras, a lo largo de la historia, de que es un gigante devorador de sus propios hijos.