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Jaime García Chávez

13/07/2022 - 12:04 am

El caso Viuda Negra, una historia (nada) sencilla

El verdadero terreno de la obra es la realidad, no la ficción novelística, tan importante siempre.

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua.
“Ni los 735 millones de pesos, ni la extradición de Duarte constituyeron motivo suficiente para que el Gobierno de Corral arrastrase a los chihuahuenses en la solución de asuntos públicos que tienen cauce en las instituciones y en su responsabilidad como Gobernador”. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

En la oscuridad o grisura de la política en México, hace luces el periodismo de investigación. Contribuye al conocimiento, aunque, como suelen ser sus aportes, siembran perplejidad sobre el presente y el futuro, cuando no angustias que pueden paralizar, porque los problemas se ven agigantados y parecen irresolubles e imposibles de tratar si no es con una fuerza titánica, sin la cual no hay resultados.

No hay tal. Conocer es el primer paso para empezar a navegar, por más fuertes que las corrientes contrarias se interpongan. Con la publicación de El caso Viuda Negra, hoy tenemos mayor claridad de lo que es la corrupción política en México. No es un libro de teoría, sino una obra compleja de investigación, concreta, de cómo la clase gobernante del PRI, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, dispuso de los recursos públicos para tejer toda una red que le permitiera reproducirse en el poder y sin barrera ética o jurídica alguna. 

La selva: si hay que robar, roba; si hay que lavar dinero de procedencia ilícita, lava; y si hay que matar, recurre al homicidio para limpiar el camino hacia la impunidad. Le debemos este magnífico libro a tres autores, dos mexicanos y otro español, todos ellos periodistas profesionales. Se trata de un producto bien trabajado que respalda y prueba hasta donde es posible sus afirmaciones y conclusiones. Además, está bien escrito, lo que facilita una ágil lectura. 

Al leerlo, a ratos se ve como una sólida construcción previa de una futura novela policiaca que sintetiza, en una pieza –fundiéndolas– la delincuencia y la política. Evoqué a Leonardo Sciascia, a grado tal que tomé su novela Una historia sencilla para construir el título del presente texto. Pero no hay que perderse. El verdadero terreno de la obra es la realidad, no la ficción novelística, tan importante siempre.

En el capítulo primero parte de una matanza en Temixco, estado de Morelos, en el que Isaac Gamboa Lozano fue el objetivo central. El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020. Isaac fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata de un puesto que se corresponde con un alto funcionario federal en la línea casi inmediata del Presidente de la República y del Secretario del ramo, en este caso, el entonces poderosísimo Luis Videgaray.

En su tiempo, la firma de Gamboa abría o cerraba la llave del Presupuesto de Egresos de la Federación, en volumen considerable en la masa del ya de por sí manejo discrecional y faccioso de este instrumento financiero del Estado. 

El libro comienza marcado con el asesinato de Isaac Gamboa, de sus hermanos y de su madre. De aquí parten los autores y de la indiscutible sospecha de que los crímenes tuvieron un móvil político, y a partir de ahí dar a conocer la red de lavado de dinero orquestada desde la SHCP que se extiende al PRI, pasando por gobiernos estatales y los beneficiarios personales instalados en la alta burocracia patrimonialista.

Para los autores, Isaac Gamboa era un hombre discreto, de bajo perfil, no obstante que tenía dentro de sus atribuciones la de autorizar las ministraciones a los gobiernos estatales, los recursos de origen federal, en cifras que alcanzan cientos y miles de millones de pesos. 

Una parte de esos recursos autorizados fueron desviados una vez encontrándose en las arcas de los gobiernos estatales. Sin embargo, el destino final de esos recursos estaba pactado, de origen, para llegar a las arcas del PRI y apoyar sus tareas y, sobre todo, sus campañas electorales. Se trata de la llamada “Operación Safiro”.

Antes de explicar en qué consiste esa operación, es pertinente recordar que el PRI recuperó el poder presidencial en 2012 con Enrique Peña Nieto a la cabeza, dejando atrás doce años de gobiernos panistas. Precisamente cuando era dable pensar en una restauración articulada para paliar sendas derrotas (2000 y 2006) de un partido que se pensó a sí mismo invencible, hasta que le sobrevino el desastre que lo hundió en la más grave corrupción que abarcó por igual el poder central que a los gobiernos estatales que se convirtieron en engranes de un saqueo descomunal, como los que protagonizaron Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, sin ser los únicos.

Isaac Gamboa estaba implicado en la Operación Safiro, sin duda uno de los casos de corrupción emblemáticos del sexenio 2012-2018. Tenía metidas las manos hasta los codos. La chequera estaba en su poder y cumplía órdenes fielmente y, como suele suceder –los autores lo documentan–, aprovechó su propia posición burocrática para enriquecerse a partir de su calidad de funcionario público, articulando su propia red para lavar dinero en beneficio propio, utilizando su vínculo matrimonial con Bethzabee Brito y el parentesco con su familia, hermanos y cuñadas, construyendo así, o aprovechando, una tupida red de sociedades mercantiles de fachada, creadas a modo para enriquecer a los funcionarios, y de parapeto para apoyar con recursos al PRI en sus campañas, con la colaboración de los gobiernos estatales. 

Operación Safiro consistía en ordeñar el presupuesto para mantener al PRI en el poder y esto hace distinta la corrupción mexicana de otras experiencias en el mundo. Con César Duarte en Chihuahua, la operación tuvo una magnífica oportunidad para desviar dinero, y este aspecto figura notablemente en el libro, con información privilegiada que, supongo, proporcionó Javier Corral, nutriendo la investigación de los autores.

La Operación Safiro proporciona aspectos específicos de Chihuahua, por una investigación iniciada en la Fiscalía General del Estado durante el Gobierno de Javier Corral Jurado, en la cual se señala el desvío de 250 millones de pesos, que fueron entregados por Isaac Gamboa al Gobierno de César Duarte con cargo al FORTAFIN y que fueron a parar a empresas fantasma controladas por Alejandro Gutiérrez, un viejo conocido en Chihuahua no sólo por su alías, “La Coneja”, sino por sus vínculos con Manlio Fabio Beltrones, quien trababa los compromisos al más alto nivel para apoyar las campañas electorales del PRI durante 2016.

Para dicha operación, y siempre de acuerdo a los autores, Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda en Chihuahua durante el duartismo, le planteó las transferencias del FORTAFIN a su subordinado Jesús Olivas, entonces director estatal de Egresos, a lo que este replicó: “El dinero de FORTAFIN lo aplicamos para lo que están mandando etiquetado, y de aquí les enviamos del dinero que usamos para la nómina magisterial o algo así. En lugar de mandarles dinero federal, les mandamos recursos del estado” (p 95).

La finalidad de la sustitución de recursos fue eludir las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Así pues, y siguiendo el modelo de la Operación Safiro, se llevó a cabo el desvío simulando contrataciones entre la Secretaría de Hacienda local y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, de la cual era titular Ricardo Yáñez, y al efecto se designó a Karla Jurado Bafidis, directora de Administración, como el enlace entre esas secretarías.

Empero, la urgencia de llevar a cabo la operación –Corral, ya era Gobernador electo– dio lugar a errores en lo que podemos llamar “el papeleo correspondiente”. Los problemas para los funcionarios duartistas en este tema específico, empezaron cuando, pasada la elección del 5 de junio de 2016, Javier Corral resultó Gobernador, y ya con el triunfo en la mano, obtuvo copia de las facturas con las que se simularon las contrataciones con las empresas fantasma, a través de las cuales se hacía llegar el dinero público hacia el PRI. Alguien de adentro abrió la boca y empezó a colaborar para tener ventajas a futuro. Ese nombre hoy está resguardado, así lo afirman los autores. 

Derivado de este hecho, los funcionarios comenzaron a “empapelar” los desvíos, es decir, simular lo que en el argot hacendario y contable se conoce como los “entregables”. Para ello, Karla Jurado Bafidis le pidió apoyo a Osiel Torres Molina, coordinador de Auditoría en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y elaboraron “entregables” poco creíbles. El tiempo se les había venido encima. Tenían tres meses para ocultar los desvíos, y la empresa resultó imposible, más con un soplón de por medio. 

Hoy es pertinente destacar que Osiel Torres Molina, actualmente labora en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de María Eugenia Campos Galván como titular de la Subsecretaría de Fiscalización, que tiene bajo su responsabilidad, conforme al artículo 38 del reglamento interno, todo lo concerniente a auditorías, visitas, aprobación de informes y relaciones con el Sistema Nacional Anticorrupción, creíble sólo porque está corroborado.

Agrego que mediante la llamada “nómina secreta”, en 2014 ya se habían entregado al PRI 200 millones de pesos por parte del Gobierno de César Duarte a través de un priista oaxaqueño de nombre Ángel Artemio Mexueiro González, hombre de confianza de Emilio Gamboa Patrón, presuntamente a solicitud de Beltrones y a la posterior intervención de su operador Alejandro Gutiérrez. 

Estos datos, con muchos otros que exponen los autores, son suficientes para descartar el móvil pasional del asesinato de Isaac Gamboa, sus hermanos y su madre, como se ha pretendido que creamos por los juzgadores del caso. Es poco creíble, porque además esa versión se basa en el testimonio de una mujer llamada “Jazmín”, actualmente desaparecida. En todo caso, la esposa no tendría motivo para asesinar simultáneamente a la madre y los hermanos del alto exfuncionario, siendo su propia escolta el presunto agresor, a quien a su vez se le endilgó como “amante” a la hoy viuda Bethzabee Brito, que hasta donde llega el libro, está internada inexplicablemente en un penal de alta seguridad y sin ninguna sentencia firme en su contra.

También es poco creíble que ésta le proporcionó el código de acceso al fraccionamiento donde los ultimaron, aparato que seguramente estaba en poder del escolta. Y también resulta inverosímil que los victimarios tuvieran en una pared de una de sus guaridas, fotografías y películas, como si no conocieran a la futura víctima.

Antes del crimen de Isaac Gamboa, Javier Corral lo conoció en enero de 2018, cuando hizo el reclamo de poco más de 700 millones de pesos del Gobierno del estado al Gobierno federal, reclamo inocuo y además improcedente, pues no era posible jurídicamente exigir, en el año 2018, el pago de recursos con cargo al presupuesto de 2017, ya ejercido y de alguna manera concluido. El monto reclamado apenas si podría alcanzar, por ejemplo, para el pago de sueldos de una quincena a los empleados de la Secretaría de Hacienda estatal. El empeño de Corral pareciera más bien un excelente pretexto para medir su capacidad de convocatoria y de oportunidades político-electorales, aún cuando en este afán personal arrastrara al pueblo de Chihuahua. A partir de ahí se centró en la Operación Safiro y trabó la antagónica contradicción con Peña, Beltrones, Videgaray y Gamboa. Ni los 735 millones de pesos, ni la extradición de Duarte constituyeron motivo suficiente para que el Gobierno de Corral arrastrase a los chihuahuenses en la solución de asuntos públicos que tienen cauce en las instituciones y en su responsabilidad como Gobernador. Corral se había enajenado como líder y pensaba en sus proyectos de poder. Sabía por su experiencia local, que la lucha anticorrupción deja dividendos, y él requería proyección nacional. Para Corral, siempre primero él.

Siendo Gobernador electo, y antes de tomar posesión, en octubre de 2016, recibió el informe de un desvío de dinero público, seguramente por decisión interesada de un alto funcionario de la administración de César Duarte. Leyendo el libro, la única inferencia que se puede tener es que el informante fue uno de estos dos: Jaime Ramón Herrera Corral o Fernando Yáñez. Sugerencia que por matices y evidencias históricas, discrepo de los autores del libro. Para mí, el primero fue el soplón, porque como Secretario de Hacienda sabía a plenitud los movimientos financieros; Yáñez, porque los fondos se operaron con cargo administrativo a la Secretaría de Educación de la que era titular. Ambos personajes tienen una sustancial y explicable presencia en el libro; sus nombres aparecen de manera relevante, interviniendo en decisiones de corrupción sumamente delicadas. 

Si el lector informado tuviese que optar por uno de ellos, resulta lógico, por los hechos posteriores, que el índice señalaría a Jaime Herrera, quien se convirtió en testigo protegido y privilegiado del corralismo, y en no pocas decisiones sus informes sirvieron para trazar estrategias y, lo más importante, hasta ahora no ha sufrido la acción de la justicia, no obstante la enorme responsabilidad que tuvo como custodio y garante del patrimonio público de Chihuahua. En cambio, para el corrupto Yáñez hubo persecución temprana evidente; fue procesado en prisión, de la cual salió obligándose a restituir el daño pecuniario, algo de lo que jamás se ha sabido nada.

Jaime Herrera, en la hipótesis planteada, que desde luego el libro no dilucida, vendió la información para favorecerse frente a la acción persecutoria de la Fiscalía, y navegó con habilidad para no tener ningún percance que necesariamente lo llevaría a la cárcel. Pero no sólo eso. Al proporcionar la información, seguramente también se condicionó el destino que Javier Corral le iba a dar a la denuncia penal presentada por Unión Ciudadana el 23 de septiembre de 2014 ante la Fiscalía General de la República, y un día después ante la Fiscalía local, en la que se señalaba la responsabilidad inherente a los funcionarios públicos, visiblemente a César Duarte, en la creación del Banco Unión Progreso de Chihuahua, y al propio Herrera y otro operador, Carlos Hermosillo Arteaga, que al igual que Gamboa, sabía mucho, y quizá por eso murió en un insólito accidente carretero en marzo de 2017.

Javier Corral abandonó, en términos absolutos, una denuncia penal (expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09) iniciada desde la ciudadanía, fuera del poder, y participó de esa lucha en su calidad de senador de la república, dándole fortaleza; luego le sirvió porque se catapultó a la candidatura del PAN a la gubernatura que finalmente ganó. Y cuando todo mundo esperaba que actuara en consecuencia, empezó a tomar decisiones con la celeridad con la que se salen las cuentas de un rosario cuando se rompe el hilo. Primero creó una organización espejo de Unión Ciudadana a la que denominó “Alianza Ciudadana”, generando una confusión de la que se benefició, y luego renunció públicamente a Unión Ciudadana. Después, negó tajantemente una audiencia a los representantes de Unión Ciudadana para examinar el destino de la denuncia de 2014 que se refrendó localmente, ya como Fiscal César Augusto Peniche Espejel, mismo que se negó sistemáticamente a dar acceso a la investigación a los denunciantes durante todo el periodo gubernamental. 

En los hechos, la narrativa corralista de la lucha anticorrupción abandonó los tiempos de la fundada resistencia, con pruebas más que suficientes para imponer su propia versión y con su propia causa que, sostengo, consideró como un invaluable tesoro para elevarse políticamente a toda la república. Javier Corral estaba en posesión de una prueba contundente de cómo fue la Operación Safiro, de la inmensa corrupción política que ella entraña y que alcanza a figuras de primer nivel, como el Presidente Peña Nieto, su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray; Manlio Fabio Beltrones, entonces líder del PRI, y en la coyuntura de los procesos electorales del momento. En medio de todos ellos dos figuras menores, pero no sin importancia: Isaac Gamboa Lozoya y Alejandro Gutiérrez.

Cuando asesinaron en mayo de 2020 a Gamboa Lozoya, Corral no dudó en hacer un pronunciamiento que le dio el matiz político, y así lo dijo, cuando la escena pública del crimen estaba fresca: el alto funcionario de Hacienda era testigo y coautor de todos los desvíos y de su operación, alcanzando al segundón de Beltrones, “La Coneja”, que tuvo la ventaja de sobrevivir a los crímenes que él mismo había sugerido para otros, aunque su paliativo fue la cárcel. 

Es cierto que la investigación contenida en el libro maneja sus propias hipótesis, lo hace bien, a mi juicio; contribuye a una lucha en contra del cáncer de la corrupción, y por lo que he afirmado, no hay lesión alguna para la investigación periodística, porque los autores no se plantearon examinar los precedentes de la lucha anticorrupción durante la coyuntura duartista, la que por cierto se prolonga hasta ahora en el Gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván, que llegó a través de una alianza con el PRI, y todas las redes de corrupción que hay en el estado de Chihuahua con una derecha política que actúa tras bambalinas. 

Tan continúa que es el primer caso en el que, instalada en el poder, Campos Galván se autoexoneró de la vinculación de un proceso penal por las prebendas que recibió durante el duartismo, y bastarían además tres perlas que hablan de este proceso de descomposición política: la entrega del Poder Judicial del Estado a figuras asociadas a Duarte; el nombramiento de Nidia Aidin Orpinel Pizarro, alfil duartisa, como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción; y la patética designación de Osiel Torres Molina como Subsecretario de la Función Pública, otro hombre de Duarte con las facultades señaladas líneas arriba y personaje que aparece en el libro, jugando un papel al lado de Karla Jurado Bafidis.

Todo eso por una parte. Y por otra, si bien hay una apología de la actuación de Corral contra la Operación Safiro, se desentienden los autores de la pésima calidad del Gobierno de Corral en las muchas otras responsabilidades que trae consigo ser Gobernador de un estado como el de Chihuahua.

En el mismo sentido, tampoco hay una interpretación de fondo de lo que significa la corrupción política para el país, porque no es nada más un fenómeno secundario, sino que en nuestro país suele ser el emblema de nuestro tiempo, y acaso la única religión que han tenido nuestros gobernantes, como lo ha sostenido un notable autor. 

Aquí encontraríamos una hipótesis que explica por qué Javier Corral sobrevaloró la Operación Safiro, pues estimó que la misma solamente se podía fundamentar y comprobar desde la investigación abierta por él desde Chihuahua, y que se alimentó con una delación de un informante del Gobierno de Duarte, que sabía con exactitud todo, hasta el último detalle. Es una historia sencilla que puede tener como protagonista a Jaime Herrera. Ya se han escrito unos capítulos en la vida real: Duarte está en un penal esperando su libertad, sabe mucho de quienes gobiernan hoy Chihuahua y se administra, porfía y espera. Es un delincuente peligroso. Corral, a su vez, sabe que su seguridad es precaria, y así lo ha planteado al Gobierno federal, guardando confidencialidad de los detalles. Este exgobernador también sabe mucho, también se administra, porfía y espera. A lo que se ve, el oportunista de antes se proyecta como el utilitarista de ahora y busca el alero de la Cuarta Transformación para colocarse donde el sol no cale, o en alguna rendija de Movimiento Ciudadano.

Los que luchamos contra la corrupción a la intemperie, sólo nos queda comprender una frase de Sciascia, extraída de su novela que he recordado: “En determinado momento de la vida, no es que la esperanza sea lo último en morir, sino morir es la última esperanza”. Pero aquí estamos, reseñando este importante libro de investigación y me reconforta su publicación, recomendando a todos su lectura.

Esta es la visión de un lector del libro El caso Viuda Negra. Omito muchos comentarios que sugiere una lectura crítica más amplia. Reconozco que mi lectura no podía ser sin contemplar temas como los que se contienen en los últimos párrafos, porque seguramente los autores se trazaron otras metas. 

Pero aquí, recordando a Hemingway, en este libro se tiene la sensación de que hay más de lo que se ha dicho.

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URESTE, Manu; RAZIEL, Zedryk, ÁNGEL, Arturo. El caso Viuda Negra. El asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Prólogo de Gabriela Warkentin. Editorial Grijalbo. Primera edición. México, 2022.

13 julio 2022

Jaime García Chávez
Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
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