Campesinos de Tabasco toman más pozos petroleros en protesta por daños de Pemex a sus tierras y a su salud

13/08/2014 - 6:24 pm
Campesinos. Foto:
Las protestas y cierre de instalaciones petroleras por parte de campesinos se intensificaron hoy.  Foto: Diario Olmeca. 

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El mismo día en que el gobierno federal definió los lineamientos de la Ronda Cero, con la que inicia la operación de la Reforma Energética y en la que se definieron los yacimientos y proyectos en los que incursionará Petróleos Mexicanos (Pemex) antes de la apertura del sector a las empresas privadas, campesinos de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, tomaron nuevos pozos de la paraestatal para protestar por los daños que ésta ha causado a sus tierras, a su economía y a su salud.

Apenas ayer, indígenas inconformes que exigen el pago de daños a Petróleos Mexicanos en las instalaciones del Pozo Navegante I y IV de Nacajuca, se reunieron con Víctor Rivera, técnico de Pemex, así como miembros de la Secretaría de Gobierno de la entidad, además de la Diputada perredista Verónica Pérez.

Líderes indígenas responsabilizaron a Pemex de cualquier incidente que pueda ocurrir a pesar de que el representante de la paraestatal trató de explicar el peligro latente si no se le permite a los técnicos ingresar para controlar un aumento de presión de gases, por lo que se mantendría el riesgo de una explosión, a lo que estos respondieron con un plazo de 72 horas para que retiren su maquinaria, reportó el diario Tabasco Hoy.

Este miércoles, las protestas y cierre de instalaciones petroleras por parte de campesinos del Cárdenas y Huimanguillo se intensificaron. Sólo en la zona petrolera de Cárdenas, unos 800 campesinos se apostaron en los pozos Cárdenas 142 y Cárdenas 164.

El reclamo es el mismo: exigen a Pemex que atienda la solicitud de indemnización a propietarios de viviendas agrietadas a causa de las exploraciones para nuevos mantos petrolíferos, así como daños con la acción corrosiva de los hidrocarburos en techos, alambradas y demás instalaciones agrícolas, además de daños a la salud de los pobladores de esas zonas.

Los cierres a baterías, pozos y estaciones de compresoras, aumentó con  la toma de estos dos pozos Cardenas 142 y Cárdenas 164, hasta donde llegó un grupo de funcionarios de Pemex a tratar de disuadir a los labriegos de sus acciones, reportó el diario del sureste mexicano.

Pero, en vez de dejarse intimidar con la versión de un posible estallido en los pozos tomados, los pobladores inconformes mandaron a buscar más gente afectada para engrosar la toma.

BLOQUEOS, CONSTANTE EN TABASCO

Hace menos de un mes, el 18 de julio pasado, campesinos provenientes de ocho municipios de Tabasco bloquearon el acceso al centro administrativo de Petróleos Mexicanos, denominado “El Castaño”, en demanda de que la paraestatal cumpla con el pago de indemnización a los labriegos afectados en sus plantaciones agropecuarias y daños en sus viviendas.

Los campesinos, quienes expresaron ser abanderados por la Diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Pérez Rojas, se concentraron en los accesos principales del Centro Administrativo, localizado en la carretera federal Cárdenas-Villahermosa impidiendo el acceso de los trabajadores petroleros y funcionarios de Pemex que ahí laboran, reportó la prensa local.

Los inconformes, con camionetas y colocando una cuerda en los accesos, impidieron el acceso de los trabajadores a sus respectivas áreas de trabajo, expresando a los vigilantes que estas acciones que emprendían por tiempo indefinido y eran resultado “de los engaños y mentiras” que han recibido por parte de los funcionarios de Petróleos Mexicanos, al no pagarles los daños que les han ocasionado las instalaciones petroleras en los ocho municipios donde se tiene actividad de extracción de hidrocarburo.

Antes, el 9 de julio, una investigación del diario La Jornada reveló que 90 por ciento de los habitantes cercanos al pozo petrolero Terra 123, en la población indígena Oxiacaque, municipio de Nacajuca, Tabasco, venero que explotó a finales de 2013 y que tardó hasta cuatro meses en ser controlado, padecen cáncer y enfermedades respiratorias, entre otras dolencias.

Los inconformes exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal pagos por los daños a la salud, ambientales y económicos ocasionados por la explosión del pozo, lo cual hasta el momento sigue en vilo.

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