El mal llamado periodo de la “Guerra Sucia” (60s a 80s del siglo pasado) es una herida abierta en la historia de México. Los resabios de esa dolorosa etapa de violación sistemática y generalizada a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de quienes se opusieron al partido hegemónico, no han podido ser removidos debido a sucesivos y renovados pactos de impunidad.

Desde el fallido proceso de “justicia transicional” con Vicente Fox, pasando por el olvido prácticamente absoluto de los procesos dirigidos a alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, el Estado mexicano – en esta etapa de incipiente democracia- ha refrendado los mecanismos de captura política por parte de los grupos involucrados en ese periodo atroz. México ha fallado en hacer un deslinde ético e histórico de este momento que llamamos democrático respecto de ese pasado ominoso; precisamente al negarse a enunciar qué pasó, quiénes cometieron las graves violaciones a derechos humanos, hacia quiénes y por qué lo hicieron. Es decir, se le ha negado a las víctimas y a la sociedad completa, el derecho a la verdad.

Entre los sectores involucrados y protegidos durante 23 años de alternancia partidista está el militar. Pero también dentro del ámbito civil, tanto en el sector de inteligencia como en los partidos (el PRI, por ejemplo) y el mundo policial, sobreviven personajes involucrados directa o indirectamente a estos hechos ominosos.

En este gobierno hubo una luz de esperanza con el decreto presidencial de 2019 que ordenó el traslado de archivos que contengan información sobre violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción, desde todas las dependencias de la Administración Pública Federal al Archivo General de la Nación.

El primer encontronazo con la realidad no tardó en materializarse. No hubo ni hay a la fecha tal traslado; pero además, a principios de 2020 el Archivo General de la Nación amagó con restringir la consulta pública documental de la llamada galería 1, donde se ubican desde principios de siglo los archivos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS). La reacción de la academia, las víctimas y organizaciones hizo recular la posición del AGN, aunque mantiene la postura absurda de garantizar la “protección de datos personales” en archivos históricos que por su naturaleza no pueden ser reservados ni confidenciales. Estos archivos contienen, además, información relativa a violaciones a derechos humanos, por lo que debe prevalecer el interés público y debemos poder acceder a ellos.

Luego en 2021, también mediante decreto presidencial, se creó la Comisión de la Verdad, conformada por cinco mecanismos. Uno de ellos, por mucho el más activo y reconocido, es el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, conformado por (ahora) 4 personas independientes, expertas y con experiencia en el ámbito del esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la lucha por los derechos humanos en nuestro país.

Los problemas no han sido menores para el Mecanismo. Desde la probada intervención telefónica a través de malware Pegasus de Camilo Vicente Ovalle, coordinador de la Comisión, como lo informó el Washington Post el 3 de junio de 2023, hasta la obstaculización en el acceso a Archivos del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional; la y los comisionados han tenido que enfrentarse con una realidad muy lejana al discurso oficial. También, recordemos, el celular del Subsecretario de Derechos Humanos y principal impulsor político de los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, fue intervenido con Pegasus, según consignó el New York Times.

Apenas en agosto, el Mecanismo emitió un “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN” y, posteriormente, dos ampliaciones más sobre irregularidades encontradas en este acervo documental. En resumen, no se ha realizado la transferencia ordenada desde 2019 y no hay acceso a los archivos de las extintas (o reconvertidas) policías políticas. Lo único que han podido consultar es un informe sobre el caso del periodista Manuel Buendía, asesinado en 1984.

Por ese motivo, en septiembre, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19, promovió un juicio de amparo con el objetivo de que se localicen y transfieran archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación. Los tribunales que conocieron del juicio otorgaron una suspensión para que -mientras se tramita el proceso- no se destruyan ni manipulen tales archivos. Recordemos que Alicia busca a su madre, desaparecida por razones políticas, desde hace 45 años. Lo hace como lo hacen cientos de personas más, cuyos familiares fueron víctimas de la estrategia criminal del Estado mexicano para acallar todas las formas de disidencia.

Pero la nueva nota de preocupación es el segundo informe del Mecanismo. Este miércoles, las personas comisionadas denunciaron que durante un año han “enfrentado diversos hechos de negación y obstaculización de revisión de documentos” por parte del Ejército. Incluso acusan el ocultamiento de información “por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”. Tal señalamiento, se sustenta en evidencia que recoge el informe “Las formas del silencio”.

Estos hechos no resultan extraños en el actual co-gobierno de AMLO con el Ejército. Pero mientras la evidencia de obstaculización, manipulación y negación se acumula en casos como la “Guerra Sucia” o Ayotzinapa, el discurso oficial sigue apuntando a la desinformación- con afirmaciones como “sí hay colaboración” o “se ha entregado todo-  acompañado del ataque contra medios, personas periodistas, expertas, defensoras de derechos humanos… y hasta  las propias víctimas. Este gobierno, al igual que  los anteriores, al optar por ponerse del lado de los perpetradores de la violencia y no de las víctimas, ha roto un importante componente ético de legitimidad democrática.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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