La PGR explicó que la medida se tomó con el objetivo de “limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos”, para “Evadir la justicia”, por parte del Gobernador con licencia y de sus presuntos cómplices, que incluyen amigos, familiares y ex funcionarios del estado de Veracruz.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) congeló 112 cuentas bancarias, ligadas al Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
A través de un comunicado, la dependencia informó que también se logró el aseguramiento de cinco empresas, dedicadas a diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias, y cuatro propiedades. Esto cómo parte de las investigaciones que realizan en contra del mandatario.
Explicó que la medida se tomó con el objetivo de “limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos”, para “Evadir la justicia”, por parte del Gobernador con licencia y de sus presuntos cómplices, que incluyen amigos, familiares y ex funcionarios del estado de Veracruz.
Además manifestó que se buscará que dichos recursos y bienes, “presumiblemente obtenidos de manera ilícita”, sean destinados a la reparación el daño patrimonial que la administración de Duarte causó a las familias veracruzanas.
Detalló que, hasta el momento, se encuentran abiertas dos Carpetas de Investigación en contra del mandatario, a las cuales se sumaron otras dos que con anterioridad inició la Fiscalía General del estado, “por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal”.
El pasado 11 de noviembre la PGR lanzó el ofrecimiento de una recompensa por 15 millones a quién proporcioné información verídica que ayude a localizar y detener a Duarte, quien está prófugo de las justicia desde octubre pasado.
Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia destacó que el Gobernador es acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Señaló que “El ofrecimiento y entrega de recompensa … no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. La limitación será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.
