Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia. Foto: Cuartoscuro

Por supuesto que la obesidad y el sobrepeso que aquejan en México a uno de cada tres niños y a siete de cada 10 adultos son problemas multifactoriales. Es claro que la mera reducción en el consumo de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas no va a terminar por sí misma con la incidencia creciente de diabetes, las afecciones cardiacas y otras enfermedades atribuidas a factores alimenticios. Nadie pretende presentar el ya aprobado tema del etiquetado frontal como la panacea para todas esas calamidades.

Los industriales del ramo, sin embargo, lo han manejado así para argumentar lo que quieren vender como una falacia de quienes han promovido la reforma a la Ley General de Salud aprobada por el congreso en octubre pasado, que obligará a los fabricantes de esos productos a incluir avisos claros y simples de advertencia en la parte más visible de sus envolturas y que prohíbe usar personajes, dibujos, regalos, ofertas, juguetes o concursos en las cajas de productos no saludables, como las de cereales saturados de azúcares.

Están aterrados.

Aunque el pasado martes 10 de diciembre concluyó la consulta pública sobre el tema, los empresarios despliegan en estos días cruciales una intensa campaña en medios y a través de un cabildeo de alto nivel para presionar al gobierno mexicano a atenuar las nuevas disposiciones en la redacción de la Norma Oficial Mexicana número 51 que deberá expedir en enero próximo para reglamentar el contenido de la reforma constitucional, que entrará en vigor un año después.
Y están en su derecho.

Lo que no se vale es tergiversar la información para justificar su oposición a las nuevas medidas. Ni emplear argucias subrepticias y evidente tráfico de influencias a niveles tan decisorios como el círculo más cercano al Presidente de la República, que ha hecho de la honestidad la divisa de su gobierno.

Uno de los argumentos centrales de la agroindustria, integrada básicamente por grupos como FEMSA, Nestlé, Bimbo, Gruma y PepsiCo, nada menos, es que el consumo de alimentos ultra procesados y refrescos no es la causa única del sobrepeso y la obesidad, lo que nadie sostiene. Otro es que la reducción de salarios y prestaciones laborales que significaría su implementación, y que la pérdida de empleos al reducirse drásticamente las ventas del sector, lo que carece de sustento.
Lo evidente es que están sumamente preocupados y recurren a todos los medios a su alcance para detener una norma que efectivamente reducirá los exorbitantes márgenes de utilidad que actualmente obtienen, a costa de la salud de niños y adultos en un país donde hay 13 millones de diabéticos.

Y, como lo documentó el semanario Proceso hace dos semanas, tienen en el jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, a un aliado obviamente poderoso, cuya actuación resulta clave en estos momentos. Aunque al incorporarse al gobierno federal él renunció formalmente a sus cargos en las direcciones de sus empresas, la verdad es que mantiene estrecha relación con ellas a través de sus socios.

Según Proceso, más allá de su relación directa con el clan Garza Lagüera –su familia política, dueña de FEMSA– o de su amistad con algunos empresarios de la agroindustria, Romo Garza tuvo vínculos comerciales precisamente con ese sector empresarial. En septiembre de 2011, por ejemplo, selló una alianza por 15 millones de dólares con Grupo Nestlé y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, mediante la cual su empresa de biotecnología Agromod se comprometió a proveer 30 millones de semillas a 20 mil caficultores durante 10 años; Nestlé, por su parte, compraría el café de sus cosechas.

En junio pasado Romo Garza contrató a Rodrigo Alanís Urdiain –representante legal de Agromod desde agosto de 2018– como asesor jurídico de la jefatura de la Oficina de la Presidencia. El semanario precisa que en noviembre de 2017 Romo, a través de su empresa EnerAll, concretó un negocio multimillonario con Cargill, otro gigante trasnacional de la agroindustria que se dedica a proveer con materias primas a las empresas procesadoras de alimentos y bebidas y del sector farmacéutico. No es casual.

Contrario a los argumentos a menudo falaces de los industriales, estudios realizados conjuntamente por centros de investigación de Chile, Estados Unidos y México, han demostrado beneficios tangibles del etiquetado frontal implementado desde 2016 en Chile, experiencia que ha servido de base para el modelo promovido en México por la reforma constitucional.

La doctora Arantxa Colchero Aragonés, investigadora en Economía de la Salud del INSP y especialista en el tema, resumió hace un par de días en conferencia de prensa los resultados de dos estudios acerca de la experiencia chilena. Uno de ellos, elaborado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, la Universidad de Carolina del Norte en Chapell Hill y el Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) demostró una “reducción grande” de bebidas con etiquetado y un moderado aumento en compras de bebidas sin etiquetado.

El otro estudio, elaborado por la Universidad de Carolina del Norte y el INSP de México con la escuela de negocios de la Universidad “Adolfo Ibañez” de Chile y referido al impacto de la medida en la regulación de empleo y salarios, concluyó que no se encontró ninguna reducción en empleo o niveles salariales reales en la industria de bebidas y alimentos, ni se alteraron las tendencias de empleo y salarios de estas empresas.

En suma, explicó la doctora Colchero Aragonés, si bien los resultados son los esperados, dado que las empresas pudieron haber reformulado los contenidos de sus productos, el consumo de bebidas con etiquetado frontal se redujo y en cambio aumentó el de bebidas sin etiquetado.

Dicha reducción en el consumo es precisamente lo que la reforma a la Ley General de Salud busca obtener en México, a través de un esquema sumamente simple de advertencia. Se trata de alertar al consumidor común, a la madre, al padre de familia, que determinado producto es alto en azúcares, alto en calorías, alto en grasas saturadas o alto en sodio, para que decida adquirirlo o no. Así de sencillo. De acuerdo con una encuesta nacional realizada por el colectivo El Poder del Consumidor, un 94 por ciento de las personas está de acuerdo con el etiquetado aprobado.

No obstante, la apuesta de los empresarios se enfoca ahora al apoyo que su posición pueda recibir de su colega Romo Garza y a las presiones que evidentemente ejercen en estos días sobre diversos funcionarios públicos y medios de comunicación, toda vez que varios de ellos son los más grandes anunciantes de este país. Es de esperarse que pese a ese poderío puesto en acción prevalezca la necesidad de proteger la salud de los mexicanos. Válgame.

@fopinchetti