El Congreso de Baja California Sur se convirtió hoy en el estado número 17 en aprobar el proyecto de Reforma Educativa luego de que el pasado 9 de mayo el pleno del Senado aprobó en lo general y particular el dictamen impulsado  por el Gobierno de López Obrador.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Los congresos de 17 entidades aprobaron las reformas constitucionales en materia educativa impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la nueva Reforma Educativa ya puede ser promulgada y entrar en vigor.

El Congreso de Baja California Sur se convirtió hoy en el número 17 en aprobar el proyecto de reforma, lo mismo ocurrió este martes en los congresos de Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Campeche, donde dieron luz verde al proyecto.

Previamente, lo hicieron los congresos de Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colima, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

El pasado 9 de mayo el pleno del Senado aprobó en lo general y particular la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno de López Obrador.

Con 97 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención se aprobaron las reservas del dictamen de reformas constitucionales en materia educativa, esto luego de que senadores del Partido Acción Nacional (PAN) impulsaron la discusión de diversos artículos, por lo que pasó a los congresos locales para ser votada.

El dictamen  reforma diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 en materia educativa de la Constitución.

LEGISLADORES RECHAZAN MEMORANDUM 

Legisladores se han pronunciado en contra de las medidas propuestas por el Presidente en materia educativa. Tan solo hoy medios nacionales informaron que el Juzgado Octavo de Distrito de Ciudad de México concedió al Partido Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados una suspensión provisional contra el memorándum que López Obrador expidió el pasado 16 de abril para dejar sin efecto la Reforma Educativa de 2013.

De acuerdo con medios nacionales, el juzgado argumentó que dentro de las facultades del Presidente no existe posibilidad constitucional ni legal para dejar sin efecto, abrogar o derogar las disposiciones de la Carta Magna, por medio de “un documento unilateral y subjetivo”.

La autoridad judicial determinó que el memorándum es “un documento infra legal, que no está expedido por el Constituyente Permanente”, y que por tanto, su contenido “podría violar los derechos fundamentales a la educación, la legalidad jurídica y la supremacía constitucional”.