Algunas organizaciones suponen que de diciembre de 2006 a la fecha habrá unos 10 mil desaparecidos en México a causa de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón; otros dicen que el número puede llegar a los 30 mil. El único dato fiable es que no existen los datos fiables –y mucho menos oficiales– que permitan calcular de qué tamaño es el drama.
En un intento por responder a las demandas de las familias, el gobierno de Durango dijo a finales de mayo de 2011 que intensificaría la búsqueda de las llamadas narcofosas, cementerios clandestinos en los que el crimen organizado ha confinado los cadáveres de sus víctimas. “No queremos que busquen narcofosas. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Queremos que encuentren a nuestros desaparecidos y los traigan con vida”, respondió una afligida madre en uno de los mítines de la Caravana del Consuelo que encabezó Javier Sicilia. El poeta insiste en que una de las muchas respuestas que tiene pendientes el gobierno federal con la sociedad, es cómo va a responder a los miles y miles de mexicanos angustiados que quieren saber en dónde están sus familiares.
Por los cementerios clandestinos encontrados hasta hoy se puede suponer que los miles de desaparecidos provienen básicamente de tres grupos: los civiles que fueron secuestrados, “levantados” o enrolados a la fuerza por alguno de los bandos del crimen organizado; los migrantes que salieron de sus comunidades en México o en otros países y que fueron extorsionados, muchas veces obligados al trabajo forzado y luego fusilados; los sicarios o miembros de los cárteles que son capturados, torturados y luego ejecutados y enterrados en predios de las ciudades o en el campo.
Algunas organizaciones civiles, principalmente las de derechos humanos nacionales e internacionales, suman un grupo más. Sostienen que no hay que descartar la posibilidad de que entre esos desaparecidos estén los capturados por alguna fuerza federal o local. Esta acusación es muy seria, porque hablaría de ejecuciones sistemáticas que vinculan, tal cual, a la Policía Federal, al Ejército, a la Marina y/o a policías municipales y estatales.
Otros dicen que entre los desaparecidos hay una larga lista de elementos de las policías locales, e incluso tropa del Ejército mexicano. De los primeros se habla de muertos o prófugos; de los segundos, de deserciones.
En la primera semana de junio pasado, durante la XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el tema brincó a la mesa de los procuradores estatales. En el evento estuvieron el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la procuradora general de la República Marisela Morales. Allí se encargó al contralmirante Horacio Fourzán Esperón, titular del Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia Organizada de la PGR; a Jorge Lara Rivera, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, y a Jesús Montejano Ramírez, procurador general de Justicia de Michoacán, crear protocolos que permitan la generación de una base de datos nacional y confiable sobre los desaparecidos en México.
A más de 4.5 años del inicio de la administración del presidente Calderón, pareciera que el gobierno no tiene interés en responder a las familias mexicanas que sufren. Los desaparecidos no están en el lenguaje de Genaro García Luna, de las fuerzas armadas o del propio mandatario.
La omisión o la negación a armar esta base de datos que nos diga cuántos mexicanos está desaparecidos sólo se explica en el contexto político: para el gobierno federal implicaría oficializar una cifra que sólo suponemos. Significaría, también, reconocer que nunca en la historia de este país hubo tantos desaparecidos. Pero eso no le va bien a los que calculan votos, a los que piensan en su imagen antes que en aquello que exigen los mexicanos.
El manejo político de los desaparecidos confirma que todo en este sexenio se ha movido en función de los votos y la imagen pública. Igual que el inicio mismo de la guerra: Calderón confirma a diario que se fue a las calles con el Ejército y la Policía Federal para congraciarse políticamente con los que lo rechazaban después de la elección de 2006. Y ahora esconde los muertos o desaparecidos para no tener que dar la cara, aunque le cueste a su partido, el PAN. Eso creo.
También creo que si el gobierno de Calderón se obstina en no reconocer a los desaparecidos, se confirmará que estamos frente a una administración federal que sobrepone su interés político al dolor de las víctimas de esta guerra idiota, lanzada de manera idiota, sostenida con obstinación con una estrategia idiota y por un orgullo idiota que desangra a los mexicanos.
Lo que Felipe Calderón no ha calculado políticamente es que las familias de los desaparecidos no se irán a su casa, como se va después de un funeral. Al igual que las madres de la Plaza Mayo en Argentina, darán vueltas y vueltas y vueltas en busca de una respuesta satisfactoria y no sólo en este sexenio, sino durante muchos sexenios más. Incluso cuando Calderón esté lejos, muy lejos ya de Los Pinos, disfrutando –como cualquier otro ex presidente mexicano– los beneficios de haber alcanzado, haiga sido como haiga sido, la cresta del poder.
