Túnez, 14 jul (EFE).- El Gobierno libio en Trípoli, considerado rebelde, protestó de forma oficial ante el Ejecutivo de Túnez por la decisión de este último de levantar una valla de aislamiento en la frontera común.
En un comunicado difundido hoy por la prensa tunecina, el Congreso Nacional General (CNG), que gobierna en el 80 por ciento del país pero no cuenta con el reconocimiento internacional, lamentó que Túnez haya tomado la decisión de forma unilateral y reclamó “diálogo y cooperación”.
Toda medida de seguridad en la frontera común debe ser el resultado de una concertación y coordinación entre los gobiernos de Trípoli y Túnez, subrayó la nota, firmada por el ministro de Interior rebelde, Mohamed Chaiter.
Las medidas unilaterales “no producirán la estabilidad y la seguridad buscada… Es ilógico que ciertos responsables tunecinos reprochen a Libia ser el origen del terrorismo”, agregó el documento, que también advirtió de que Trípoli está dispuesto a “hacer valer sus derechos”.
“Apelamos a la creación de una comisión mixta para investigar ciertos incidentes y prevenir repercusiones por acusaciones sin fundamento contra el pueblo libio”, concluyó.
El primer ministro tunecino, Habib Essid, confirmó días atrás que unidades del Ejército construyen una valla de 160 kilómetros que unirá los dos pasos fronterizos que le separan de Libia, los de Ras Jedir, en la costa, y Dehiba, en el desierto.
El objetivo es frenar el tráfico ilegal de personas, responsable según Túnez de los dos últimos atentados yihadistas sufridos por el país, en los que perdieron la vida 60 turistas extranjeros, declaró entonces.
Según el ministerio de Interior, tanto el cometido el 18 de marzo en el museo El Bardo, de la capital, como el del pasado 26 de junio en la playa de un hotel de la ciudad costera de Susa, fueron obra de yihadistas locales que recibieron entrenamiento en campos militares de Libia.
Los trabajos están en manos de nueve empresas, concluirán antes de fin de año e incluirán instrumentos de vigilancia electrónica que serán instaladas “con la asistencia material de países amigos”, concluyó.
Túnez es, junto a Francia, el país que más voluntarios aporta a la organización yihadista Estado Islámica (EI), con cerca de tres mil combatientes según cálculos oficiales y más de cinco mil según diversos expertos en islam radical afincados en el país.
De ellos, se cree que cerca de un millar han regresado ya y han buscado refugio tanto en Libia, donde está cobijado el ilegalizado grupo tunecino Ansar al Sharia, como en la región de Kassserine, en la frontera con Argelia.
Libia es un estado fallido, víctima de la guerra civil y el caos, desde que en 2011 la comunidad internacional contribuyera militarmente a derrocar el régimen dictatorial de Muamar el Gadafi.
Desde las últimas elecciones, el poder está dividido entre dos gobiernos, uno considerado rebelde en Trípoli y otro reconocido internacionalmente en Tobruk, a quienes apoyan distintos grupos islamistas, señores de la guerra, líderes tribales y contrabandistas de petróleo, armas, personas y drogas.
De la división se benefician grupos yihadistas afines a la organización radical Estado Islámico y a la organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que en los últimos meses han ampliado su poder en influencia en el país, donde no cesan los combates.
