Durante el “2° Foro de Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera”, Jaime Valls Esponda, titular de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), subrayó que está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que los funcionarios deben aclarar los señalamientos.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Jaime Valls Esponda, titular de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), pidió sancionar a funcionarios implicados en irregularidades en el manejo de recursos de instituciones de nivel superior, pero sin afectar el prestigio de las universidades.

“Que se sancione a las personas que se tenga que sancionar, pero no a las instituciones. Son instituciones de prestigio, instituciones que han trabajado a lo largo de muchos años y que prestan servicios. Si algunos de estos son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley”, dijo el director.

Durante el “2° Foro de Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera”, Esponda subrayó que la ANUIES está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que los funcionarios son los que deben aclarar los señalamientos.

Detalló que entre las funciones permitidas a las universidades están las de gestionar recursos adicionales a través de la prestación de servicios, siempre y cuando cumplan con lo que la ley señala, y cuando detectan temas fuera de la ley, “se hacen las observaciones pertinentes y las investigaciones”.

“Es importante señalar que las universidades han actuado, las que han firmado convenios, dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite, y una de las funciones importantes de las universidades es la de gestionar recursos adicionales”, explicó.

Diversas universidades, algunas autónomas y otras que no, fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de una triangulación de recursos públicos denunciada en el reportaje “La Estafa Maestra”.

La participación de las universidades en la triangulación de recursos se basaba en que la Ley de Adquisiciones especifica que se puede evitar la licitación de bienes y servicios cuando éstos se contratan a través de entidades públicas.

De esta forma, algunas secretarías utilizaban a las instituciones de educación superior para que éstas subcontrataran el ciento por ciento de los servicios a otras empresas.

Esponda, señaló que las universidades autónomas y no autónomas que han sido vinculadas a esta investigación, por la que se le dio prisión preventiva a Rosario Robles, extitular de la SEDATU y SEDESOL, han tenido la posibilidad de solventar las observaciones que ha realizado la Auditoria Superior de la Federación (ASF).