Foto: Cuartoscuro

La concesiones mineras en Puebla y Colima son señaladas por la población minera como un despojo y una afectación a sus derechos a la tierra y al agua. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Comunidades indígenas de Puebla y Colima interpusieron demandas de amparo contra las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal que contemplan sus tierras, debido a que éstas afectan sus derechos al territorio, al agua y a la consulta previa. Se trata de tres demandas de amparo presentadas por las comunidades de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, también en Puebla.

Las tres demandas, presentadas entre el 17 de marzo y el 7 de abril pasados, reclaman al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Economía (SE) por haber expedido diversos artículos de la Ley Minera y haber otorgado concesiones mineras que abarcan a esas comunidades y que contravienen derechos humanos reconocidos constitucionalmente y por preceptos internacionales.

Las tres demandas de amparo ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación, que ordenó la suspensión de las respectivas concesiones.

Dichas suspensiones están en proceso, detallaron los abogados que acompañaron a los representantes de las comunidades en una conferencia de prensa, pero son de suma relevancia, pues significa que mientras duren los juicios de amparo las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades de explotación.

Las comunidades afectadas reclaman la violación a los derechos de tierra y territorio, al agua y a la consulta, expuso la abogada Itzel Silva, integrante de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acompaña legalmente los casos.

Silva hizo énfasis en que hubo un incumplimiento del Estado mexicano a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para la implementación de los proyectos mineros, pues en ningún caso se llevó a cabo una consulta a las comunidades ni éstas dieron su permiso para el otorgamiento de las concesiones.

LOS CASOS

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre los temas que los afectan. Dicha consulta debe ser previa, libre e informada.

Pero en ninguno de los casos en cuestión ocurrió así, de acuerdo con los representantes de las comunidades. Nicéforo Lobato, de Tecoltémic, Ixtacamaxtitlán, refirió a SinEmbargo que desde hace nueve años comenzaron a llegar personas a explorar la zona; en ocasiones, contó, pedían permiso a los pobladores para entrar a sus tierras presentándose como empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero incluso sin autorización igualmente entraban a explorar.

Después se enteraron que esos territorios formaban parte de concesiones mineras.

Algo similar ocurrió en las comunidades del pueblo macehual, donde sus habitantes supieron que sus territorios estaban dentro de concesiones mineras cuando empezaron a notar la llegada de camiones todoterreno y de personas extrañas, narró Nazario Diego Téllez.

El gobierno estatal, dijo, aparentó la entrega de las tierras y sus recursos con un supuesto proyecto turístico en la zona de reserva que tiene el pueblo macehual.

La abogada Silva criticó que pese a los instrumentos internacionales que existen para la protección de las comunidades indígenas, el Estado mexicano “hace entrega del territorio a terceros, empresas, con fines meramente lucrativos y en los que no existe ningún tipo de utilidad pública”, a través de las concesiones mineras.

Leonardo Durán, del Consejo Tiyat Tlali y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, destacó que los amparos de estas comunidades son estratégicos “porque pone en evidencia un patrón sistemático de violación de los derechos humanos a partir de toda la actividad minera, la legislación minera y la política pública en materia minera”.

Subrayó además que la industria minera históricamente es la que más ha afectado los derechos humanos de las comunidades indígenas y más les ha despojado de sus territorios.

El pueblo macehual interpuso su amparo el 17 de marzo pasado y fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla. El pueblo nahua de la comunidad de Zacualpan ingresó su demanda el 24 de marzo y fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima. La comunidad campesina de Tecoltémic presentó su demanda el 7 de abril y fue admitido por  el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Puebla.

EL PANORAMA

Información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina destaca que más de 70 por ciento de proyectos mineros en México pertenece a firmas canadienses, que ampliaron su presencia en el país luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores. Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE)”, detalla el Observatorio.

La mayoría de los proyectos se concentran en Sonora, con 163, Chihuahua con 10, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12.

También se localizan en Chiapas, con nueve, Coahuila con ocho, Estado de México con siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, en cada caso; Baja California Sur y Colima, con siete, respectivamente, e Hidalgo con tres. Finalmente aparecen dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.