El pasado 21 de mayo, el Congreso de Aguascalientes aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley de educación, con lo que se faculta a los padres a decidir en qué actividades podrán participar sus hijos y en cuales no.
Ciudad de México, 16 de junio de 2020 – Las representaciones en México de la Organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresaron su preocupación por la promulgación de la llamada “pin parental” en Aguascalientes.
Mediante un comunicado, los organismos de la ONU señalaron que tanto la Ley de Educación de Aguascalientes como la permisividad del castigo corporal contra los estudiantes representa una violación a loa derechos de la infancia.
“La nueva ley estatal vulnera los derechos de la infancia a la salud, protección contra la violencia y participación”, agregó.
Entre otros aspectos, la ley pondera a los padres, madres o tutores a prohibir la participación de niñas, niños ya adolescentes en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos.
Los organismo recordaron que si bien los adultos tienen la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de las niños y niñas “esa responsabilidad no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos”.
Añadió que, con base en el artículo 29 de la Convención y el 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “os propósitos de la educación deben asegurar, proteger y dar a conocer a niñas, niños y adolescentes sus derechos y la forma de ejercerlos”.
A la par, recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a servicios, información y educación, incluso en materia de salud sexual y reproductiva, sin verse obstaculizados por el consentimiento o autorización de terceros.
Las agencias de la ONU expresaron su preocupación por la aparente permisividad y discrecionalidad que establece el ordenamiento estatal para que padres, madres y cuidadores puedan ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes como método de disciplina.
“Toda forma de violencia contra la infancia es inaceptable, por leve que sea, y tiene repercusiones físicas, psico-emocionales y relacionales a corto y largo plazo”, aseguró.
Por lo anterior, solicitaron a los poderes estatales revisar la constitucionalidad de estas reformas a la luz de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
El pasado 21 de mayo, el Congreso de Aguascalientes aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley de educación, con lo que se faculta a los padres a decidir en qué actividades podrán participar sus hijos y en cuales no.
