Asumamos —sólo con el fin de presentar el argumento— que sí, en efecto, los continuos problemas del Metro se deben a actos de sabotaje. ¿De la oposición? ¿Del sindicato del Metro? ¿De los enemigos de Claudia Sheinbaum? No importa. Supongamos que hay sabotaje.

La teoría es verosímil. La Jefa de Gobierno y su eventual candidatura presidencial tienen enemigos con la peor de las reputaciones; basta mirar el historial de varios de ellos para concluir que provocar “accidentes” en el Metro no sería la más graves de sus acciones. Han hecho cosas peores: que nadie se sorprenda. La lucha política es encarnecida. Punto y aparte.

Ahora bien: ¿van a solucionar los mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el Metro los supuestos casos de sabotaje? No, claramente no. Lo intentaré explicar a continuación.

Si hay un lugar en el país que no necesita vigilancia adicional —y esto es decir mucho— es la Ciudad de México. La capital del país tiene la fuerza civil de seguridad más importante de América Latina: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Su estructura cuenta con más de noventa mil policías, muchos de ellos especializados en el cuidado de instalaciones del sistema de transporte colectivo. Es una fuerza que cuenta con cuerpos especializados y capacidad de inteligencia y despliegue extraordinarios. Insisto: no hay en México una corporación que se le compare. Y por mucho.

Cuando escribo estas líneas, la Policía Auxiliar y la Policía Bancaría e Industrial de la SSC tienen unas seis mil personas asignadas al cuidado del Metro.

Todas han recibido capacitación en técnicas y maniobras que la red de transporte requiere y son los primeros respondientes ante situaciones de emergencia. Su experiencia les ha hecho conocer las instalaciones, el flujo de usuarios, el ritmo de los vagones y el marco jurídico aplicable dentro del Metro. Es decir: conocen el ecosistema; saben distinguir lo normal de lo extraño, lo sospechoso de lo común. A eso se dedican.

Los seis mil guardias nacionales que se integraron la semana pasada a las labores de cuidado del Metro difícilmente aportarán algo nuevo a lo que ya existe; acaso podrán funcionar como un placebo que, sí, podrá ofrecer mayor percepción de seguridad entre los usuarios, pero no efectividad. Es muy sencillo: ¿cómo podrán un montón de guardas nacionales sin apenas experiencia lograr que la caja negra de cada tren esté en su lugar? ¿Va un guardia nacional a asegurar que la zapata de freno no falle? ¿Podrán sus fusiles evitar que la rueda de un tren sea picada tras bambalinas o que el cilindro de sujeción de enganche de un vagón tenga siempre el cintillo de seguridad?

No. Para ello se necesitan investigadores, expertos, profesionales. La policía de la Ciudad de México los tiene. Los Guardias Nacionales desplegados en el Metro podrán hacer recorridos en los andenes, evitar algún acto vandálico, despejar tumultos, cuidar torniquetes, pero no generar la inteligencia necesaria para prevenir un potencial sabotaje que, de ocurrir, sucede en las zonas oscuras y cerradas del Metro.

Si esto es así, ¿por qué la decisión de desplegar a la Guardia Nacional en el Metro? A mi entender se trata de una decisión política, no operativa. En mi lectura, el objetivo es el de impulsar una narrativa que diluya la posible responsabilidad de la administración capitalina en las fallas del Metro en favor de otra que favorezca la teoría del sabotaje. En una frase: al hacer énfasis en el despliegue de la Guardia Nacional se subraya —sin pruebas contundentes— que el problema es de seguridad, y no de administración y mantenimiento. Es una forma de disolver responsabilidades puntuales.

Es obvio, pero hace falta subrayarlo: no es buena estrategia utilizar a la Guardia Nacional como herramienta para apuntalar una narrativa y no como política pública para hacer frente a un problema. Puede ser, incluso, contraproducente: expone a la Guardia Nacional —un cuerpo todavía popular entre la mayor parte de la población— a un desgaste innecesario frente a la opinión pública. Además, se le deja de utilizar ahí en donde sí es necesaria; en Sinaloa o Michoacán, por poner un ejemplo, hay alrededor de cuatro mil guardias nacionales desplegados, dos terceras partes del equivalente a la fuerza que cuidará las instalaciones del Metro. En un escenario de recursos limitados, la desproporción parece ridícula.

Esperemos que la Fiscalía de la Ciudad concluya su investigación sobre lo sucedido el sábado 7 de enero, así como sobre los eventos “anómalos” acontecidos en los últimos días. Con base en esa evidencia deberán generarse políticas públicas adecuadas al tamaño y especificidad del problema. Ni más ni menos. La seguridad pública y la vida de los usuarios es demasiado importante como para dejársela a la política —ojalá así lo entendieran guindas y azules.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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