La Alianza Ciudadana Frente a la Pobreza alertó que en el Estado de México la mayoría de los 232 programas sociales no atienden a la población vulnerable y el padrón de beneficiarios es opaco, lo que incentiva el uso electoral de los mismos.

“El Estado de México, donde habrá elecciones, es el claro recordatorio del uso electoral que se hace de la pobreza”, sostuvo Héctor Rubio, coordinador de la organización.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Especialistas en corrupción y pobreza enfatizaron la ausencia de reglas de operación, mecanismos de fiscalización y padrón de beneficiarios de programas sociales, lo que permite el desvío de recursos para combatir la pobreza en que viven 64 millones de mexicanos.

“En el Estado de México hay 232 programas sociales, un número impresionante, pero dos terceras partes no tienen documentación, por lo que son más susceptibles al uso electoral. No se atiende a la población vulnerable: hay fragmentación y pulverización de los recursos, no hay padrón de beneficiarios sino opacidad”, dijo Héctor Rubio, de la Alianza Ciudadana Frente a la Pobreza.

“El Estado de México, donde habrá elecciones, es el claro recordatorio del uso electoral que se hace de la pobreza”, añadió.

Hay “un vínculo muy fuerte” entre desigualdad, corrupción e institucionalidad ineficiente, coincidieron los participantes durante la conferencia “Uso electoral de programas sociales y malversación de recursos”.

Gestión Social y Cooperación (Gesoc) ha evaluado el desempeño de los programas sociales y reveló que el 75 por ciento de los programas presupuestarios son opacos o dispersos, lo que impide medir bien sus resultados.

Para hacer frente a la pobreza, se debe erradicar el pacto de impunidad y corrupción que ha “fragmentado y capturado” al Gobierno, dijo Rubio.

Aunque destacaron la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un mecanismo de coordinación entre sociedad civil, empresarios y gobierno que aún carece de Fiscal designado, reconocieron que la erradicación es a largo plazo.

“Encarcelar e inhabilitar al funcionario, cuando sucede, no es suficiente. La corrupción funciona en redes. El uso político electoral se ha complejizado; va más allá de un operador de un programa y entrega de despensa para condicionar el voto. Por ello se necesita información de calidad para que haya programas íntegros”, afirmó Bárbara del Castillo de Transparencia Mexicana.

Mariclaire Acosta, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aseguró que resolver la corrupción es un tema de generaciones al ser un hecho sistémico generado por “el abuso de poder y violación a los derechos humanos” que provoca clientelismo, el cual afecta a los pobres, la mitad de la población.

“Si no se resuelve el problema de corrupción, no se puede avanzar en derechos humanos y el gran nudo de la impunidad”, expuso Acosta.

Aunque hay leyes y reformas, acusó, “hay mucha simulación” en su aplicación, por lo que se vive al margen de la ley y sin confianza en las instituciones.

Benjamín Fuentes, Secretario Técnico de la Auditoría Superior Federación (ASF), destacó que la revisión del uso de recursos de programas sociales mediante fiscalización no es privativo a la época electoral.

Las posibles irregularidades deben documentarse y detonar en acciones, pero “el tener un padrón único de beneficiarios es complejo y lleva su tiempo, además de requerir recursos”, concluyó.