La relación de López Obrador con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente en Iguala en la noche del 26-27 de septiembre de 2014, fue deteriorándose por la actuación y las palabras del Presidente y la cerrazón de la casta militar. En las últimas semanas hubo momentos muy tristes y polémicos que quienes nos sentimos comprometidos y comprometidas con los derechos humanos y con la necesidad de transformación social, económica, cultural, estructural y radical del país no hubiéramos querido vivir. Particularmente con un Gobierno de izquierda. 

• Acusaciones infundadas desde la “mañanera” en contra de las organizaciones acompañantes de las víctimas, como el Centro Pro DH y Tlachinollan. 

• Intentos de dinamitar el diálogo y de división de la unidad del movimiento mediante la convocación de una reunión, el 11 de enero, con la presencia, no pactada previamente con todos y todas, de algunas familias que habían sido alejadas del grupo mayoritario de los papás por apoyar la excarcelación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa. 

• La “invitación”, sin consulta o acuerdo previo, a que los padres y madres ingresen directamente a los cuarteles y a los archivos para buscar los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que faltan y que el Ejército no ha entregado, negando que existan o que los tengan. Sin embargo, su existencia y la instrucción presidencial de presentarlos fue reconocida por Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, antes de renunciar a su cargo en octubre pasado. Él mismo mostró 18 de aquellos folios que había obtenido.
  Es positivo que se abran los archivos, aunque sólo por tres meses, pero las condiciones para el ingreso, uso y registro de éstos deben compatibilizarse con las exigencias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, sin ningún impedimento interno o externo. Esto por el momento no está garantizado, deben construirse las condiciones, o bien, responder directamente a la petición de los papás que era mucho más simple: qué se cumpla la instrucción presidencial al Ejército de entregar todos los folios. Cabe recordar que la negación de la información sobre una desaparición es parte del mismo delito de desaparición forzada, justo como es definido en la legislación nacional e internacional.

• Las descalificaciones y “falta de confianza” al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes), por haber sido instalado desde la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA (Organización de los Estados Americanos), y especialmente en contra de Ángela Buitrago, por la opinión que ésta emitió en el verano de 2022, durante una reunión con el Presidente, sobre la oportunidad de esperar un poco más y contar con mejores elementos probatorios, antes de detener al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, lo que finalmente sucedió en agosto de 2022. Esto fue cuando el Fiscal Especializado, Omar Gómez Trejo, estaba en el exterior y fue prácticamente expropiado del caso. Su equipo de trabajo fue expulsado paulatinamente de la Fiscalía en los meses siguientes. El rol del Fiscal en el asunto resulta bastante inquietante a todas luces.
  Paréntesis sobre el tema internacional. Desde luego, la OEA ha tenido desde su creación en 1948 un rol ambiguo, en muchas ocasiones criticable y desdeñable, en los asuntos latinoamericanos, fungiendo como brazo operativo del lawfare y de los intereses estadounidenses, así que pareciera tener razón AMLO cuando la ataca. Por ejemplo, la OEA abusó de sus facultades al facilitar el golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019, abonó a la desestabilización en Venezuela, apoyando las sanciones contra el régimen y reconociendo al farsante Juan Guaidó como “Presidente encargado” de aquel país. Sin embargo, por otro lado, tuvo un rol positivo en la defensa del progresista Bernardo Arévalo como Presidente legítimo en Guatemala en este 2024. Sólo son ejemplos recientes que menciono para dar cuenta de las áreas grises y las ambigüedades de este tipo de instituciones internacionales en las cuales México, de todos modos, participa plenamente.
  Dentro del sistema interamericano, la Corte y la Comisión interamericana probablemente sean las instancias más autónomas, pues de hecho Estados Unidos no reconoce su competencia, y afirmativas en cuanto a la defensa de derechos y de cambios estructurales en los Estados que sí aceptan su jurisdicción. Finalmente, el GIEI fue un mecanismo extraordinario, coadyuvante experto de la Procuraduría y de la Fiscalía, que ha trabajado desde la perspectiva de las familias y con respeto de la soberanía nacional, siendo su vínculo con “el sistema interamericano” relativamente blando, mientras que sus integrantes, vituperados y calumniados durante años por los grandes medios corporativos, han reafirmado su compromiso y seriedad para con el caso Ayotzinapa, en pro de las víctimas y del país.   

• También el desconocimiento o desinterés, insólitos para un líder social y político como López Obrador, acerca del hecho de que, al lado de la rabia y la lucha de las mamás y papás de Ayotzinapa, siguen caminando miles y miles de personas, colectivos y organizaciones en México y en el mundo entero. La consigna “Vivos se los llevaron, Vivos los queremos” continua y continuará vigente hasta dar con su paradero y conocer la verdad. Existen narrativas y memorias colectivas, conformadas en los años por el cumulo de acciones, publicaciones, participaciones e iniciativas por Ayotzinapa, que chocan con las versiones de procuradurías y gabinetes. No son factores menores para un movimiento-Gobierno como la 4T que plantea “hacer historia” y que, aun con tropiezos y reveses, ha emprendido un camino de cambios a favor de las mayorías que se pretenden profundizar, de ganar las elecciones en junio. 

• La insistencia apriorística en la defensa de los militares que dizque ya “entregaron todos los documentos” en su poder, mismos que, más bien, ya podrían haber sido destruidos en todo este largo tiempo que ha pasado. En el discurso oficial prevalece la tendencia a la negación del papel histórico de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la violencia estatal y la cogestión del submundo criminal. La hipótesis de las “manzanas podridas” en casos como Ayotzinapa falla, en el sentido de que se trata, lamentablemente, de fenómenos arraigados, más profundos, consustanciales, institucionales y hasta geopolíticos que no pueden tratarse con perspectivas reduccionistas. A menudo, pues, las “manzanas podridas” no lo son, no son “desviaciones” de la norma. Más bien, son muchas y “normales”, y actúan dentro de un sistema, intereses y culturas construidas durante décadas.
  Circunscribir las responsabilidades tajantemente y sin investigaciones cabales impide ver redes y contextos. Seguramente no toda una institución y sus integrantes, ni todo “el Estado” como tal, están “podridos” y culpables de crímenes, sin embargo, esto no puede implicar eximirlos, garantizar impunidad y cerrar la discusión sobre sus papeles históricos e institucionales, particularmente en ciertas regiones y dentro del continuum temporal contrainsurgencia – guerra a las drogas. Los militares ya son un contrapoder que escapa a la constitucionalidad y a la supuesta jerarquía del mando presidencial.  

Pese a que en la presente administración la Fiscalía General de la República, hasta que estuvo Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial de investigación del caso, y las dependencias gubernamentales habían avanzado significativamente y, formalmente, se habían comprometido para con su esclarecimiento, estamos todavía bien lejos de la justicia. La verdad se desdibuja cada día más, y persisten la protección y la opacidad de las Fuerzas Armadas, (in)subordinadas. Las heridas de los 43 y de las más de cien mil personas desaparecidas, si bien son de larga data, quedan abiertas en este sexenio y se heredan al siguiente, independientemente de quién será la ganadora. La crisis se vuelve más grave conforme se procrastinan respuestas dignas para las víctimas.

Esto lo atestiguan los testimonios y las críticas de quienes conforman las dos comisiones que, atinadamente en su momento, fueron creadas por decreto presidencial: el 4 de diciembre de 2018, se formó la COVAJ o Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, y el 6 de octubre de 2021, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Se trata de dos experimentos que no fueron dotados de todos los instrumentos de los mecanismos extraordinarios eficaces y que, poco a poco, van perdiendo empuje, en lugar de inaugurar un verdadero proceso de justicia transicional.

Pronto se cumplirán 10 años del crimen de Estado de la “noche de Iguala”. Tres días después habrá relevo en Palacio Nacional. Todavía hay posibilidades y esperanzas, refrendadas públicamente con paciencia, tenacidad y humildad por los papás y mamás de Ayotzinapa y las organizaciones que les acompañan, de que se reanude el diálogo directo con el Presidente, de que se vuelvan a pedir los folios y respuestas claras a los militares, y que se reactiven la investigación en la Fiscalía y las búsquedas de los muchachos por parte de las autoridades. Quizás, desafiando la realidad y pecando de una sana ingenuidad, podamos imaginar que, antes de aquellas fechas de septiembre, haya espacio, aliento y voluntad para salir del túnel y caminar hacia la justicia.

Fabrizio Lorusso

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Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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