En 2019, cuando recién se estrenaba como Secretario de Medio Ambiente federal, Víctor Manuel Toledo, escribió que en las tres décadas bajo el neoliberalismo, el contubernio entre el Estado y el capital habían creado “territorios donde la vida de la gente transita en entornos infrahumanos”, a los que llamó “infiernos ambientales”. Y añadió: “En estos infiernos los ciudadanos no sólo soportan salarios de miseria y limitadas condiciones laborales; su supervivencia se encuentra permanentemente amenazada por un entorno hostil. El resultado: seres enfrentando aires tóxicos, aguas contaminadas y productos insanos del suelo”.

Víctor M. Toledo identificó cinco territorios devastados ambientalmente por la explotación económica y el industrialismo capitalista, aunque sin duda se quedó corto: “De los innumerables infiernos ambientales que el país padece destacan cinco: el corredor urbano industrial de Minatitlán y Coatzacoalcos, afectados por la extracción de petróleo y gas; la porción norte de Guanajuato, donde la sobrexplotación de los acuíferos para una agricultura de exportación basada en agroquímicos y en la explotación de los jornaleros agrícolas ha dejado a decenas de comunidades bebiendo y usando un agua contaminada; el cinturón del río Lerma, convertido en una cloaca por centenas de industrias desde su nacimiento hasta su fin en el Lago de Chapala; la franja del río Atoyac en su porción de Puebla y Tlaxcala, y, finalmente, la región de Tula en Hidalgo”.

Una franja del “infierno ambiental” de la cuenca del Lerma, toca a la zona metropolitana de Guadalajara a través de la grave contaminación del río Santiago, nombre que toma el río Lerma en el occidente del país. Hace 16 años ocurrió una tragedia que obligó a millones de tapatíos y mexicanos a mirar y hacer conciencia sobre la devastación ambiental que habían provocado 50 años de industrialismo capitalista.

El 25 de enero de 2008 Miguel Ángel López Rocha, un niño de ocho años, en compañía de cuatro amigos, jugaban en el margen del canal del Ahogado y del río Santiago a la altura del fraccionamiento la Azucena en El Salto, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Y jugando a la orilla del dique, Miguel Ángel cayó accidentalmente en un charco de agua de la corriente del río. Ya por la tarde llegó a su casa y su madre se dio cuenta de que no estaba bien por el mal olor que despedían los lodos y el agua que mojaba su ropa.

Ya por la noche la mamá escuchó ruidos provenientes del baño y al entrar a al sanitario encontró al menor Miguel Ángel tirado en el suelo, con golpes en la cabeza y rodeado de vómito y diarrea. Ya convulsionando lo llevaron al Centro Médico de El Salto pero por la gravedad del cuadro, lo trasladaron al Hospital General de occidente de Zoquipan, en Guadalajara, para que fuera atendido. Ya en la madrugada, cayó en coma y no despertó nunca más, hasta que el 13 de febrero falleció por la tarde, víctima de envenenamiento por arsénico, pues tenía en su cuerpo más de diez veces el promedio de ese metal que puede soportar un ser humano.

El relato lo recordó Raúl Muñoz Delgadillo del Comité de Defensa Ambiental de El Salto a Radio Universidad de Guadalajara al cumplirse 16 años de la trágica muerte del niño Miguel Ángel sin que a la fecha se haya hecho justicia para el menor fallecido y su familia. Y sin que a la fecha cesen las enfermedades y muertes que producen la contaminación del río Santiago entre los habitantes de El Salto, Juanacatlán y otras poblaciones de la zona metropolitana de Guadalajara.

A pesar de que la muerte por envenenamiento por arsénico quedó asentado en el parte médico, miserablemente las autoridades estatales de entonces, encabezadas por el Gobernador panista Emilio González Márquez, pretendieron lavarse las manos sugiriendo que en realidad la muerte del menor se debía a posible violencia doméstica. Todo esto para evitar responsabilizarse por la contaminación del río Santiago y la falta de acciones para impedir que el cuerpo de agua se siguiera contaminando.

Desgraciadamente, 16 años después del trágico fallecimiento del menor Miguel Ángel, las cosas no han cambiado sustancialmente para quienes conviven con los malos olores y con el río Santiago envenenado por más de mil metales pesados que descargan impunemente las industrias asentadas en los márgenes del río y por las descargas de aguas residuales que llegan al río sin ser tratadas.

Desde 2008 que falleció Miguel Ángel a la fecha, el Comité de Defensa Ambiental de El Salto ha hecho una dedicada tarea de registrar los casos de personas que han enfermado o fallecido por enfermedades atribuidas a la contaminación del río Santiago. Del 13 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 2023, cuatro mil 231 personas han enfermado y dos mil 674 han muerto de enfermedades como cáncer, leucemia o enfermedades renales crónicas que tienen una alta incidencia en las poblaciones que conviven con el río Santiago contaminado.

Han transcurrido tres administraciones estatales y federales desde el fallecimiento de Miguel Ángel y el deterioro y devastación ambiental siguen imperando en el corredor industrial de El Salto.

Este “infierno ambiental”, como los definió Víctor M. Toledo o “zonas de sacrificio” como los nombran los pobladores de El Salto, son producto de la ideología capitalista que promete llevar el progreso y el desarrollo sin reparar en las externalidades y la devastación ambiental que dejan a su paso distintas dinámicas de acumulación de capital que no respetan ni a la población ni a los bienes comunes. Un año después de que el menor Miguel Ángel López Rocha falleciera a consecuencia de beber agua envenenada con arsénico en las aguas del río Santiago, el entonces titular de Medio Ambiente del Gobierno del panista de Felipe Calderón, Rafael Elvira Quezada, dijo que “el Gobierno federal no puede aprobar la declaratoria de emergencia ambiental en el río Santiago en su paso por los municipios de El Salto y Juanacatlán, porque se verían afectadas las inversiones privadas en la zona”.

Es la confesión más cínica y franca de los intereses y prioridades de que siguen imperando en los gobiernos (federal y estatal): primero el capital que la vida. Les importa más proteger y cuidar las inversiones privadas que la vida y salud de los pobladores. Por eso, lamentablemente, cada año mueren varios niños como Miguel Ángel en los “infiernos ambientales” como el que sigue consumiendo las vidas en los márgenes del río Santiago.

Cuando escribió sobre estos “infiernos ambientales”, Víctor M. Toledo sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación tenia el “deber moral de atender, solucionar y reconvertir esas zonas en estado de emergencia, cumplir la demanda constitucional que establece el derecho de todos los mexicanos a un ambiente sano, y organizar a las instituciones para participar en el rescate. Antes de que el colapso nos alcance”.

Lamentablemente el Gobierno de la 4T no ha cumplido con este deber moral y el colapso ya nos alcanzó.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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