Ficrea, Alta Servicios Financieros y seis Sociedades Financieras Populares (Sofipos) más, fueron extinguidas en los últimos 10 años por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por recurrentes irregularidades, e inclusive por la comisión de fraudes financieros.

Durante el primer trimestre de 2019, el Gobierno federal sancionó a una de cada tres Sofipos. Una de ellas es “Caja Libertad”, que podría ser cesada este año.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la disolución y liquidación de ocho Sociedades Financieras Populares (Sofipos) –como Ficrea y Alta Servicios Financieros– entre 2009 y 2018, por la comisión de irregularidades que van desde omisiones documentales y requerimientos de Ley, hasta fraudes y riesgos de lavado de dinero.

Entre las Sofipos revocadas, además de Ficrea y Alta Servicios Financieros, estuvieron Batoamigo, Caja Invercrece, Devida Hipotecaria, La Perseverancia del Valle de Tehuacán, Proyecto Coincidir y Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional.

Las cifras oficiales indican que cinco de cada ocho revocaciones estuvieron ligadas al “incumplimiento en los requerimientos de capitalización”. También señalan que tres de cada ocho casos implicaron “operaciones indebidas” o fuera de las funciones autorizadas y que, asimismo, cuatro de cada ocho revocaciones se debieron a la presentación de información documental, fiscal y/o contable “inadecuada”, “manipulada” o “equívoca”.

En promedio, dos años antes de ser revocadas, estas ocho instituciones financieras fueron amonestadas (sin multa) en 17 ocasiones y sancionadas 71 veces (con cerca de 12 millones de pesos en conjunto) por la CNBV.

Entre las infracciones e irregularidades cometidas destacaron “errores” en la integración de la información contable, financiera y relevante; “operaciones en contravención a la normatividad aplicable”; existencia de niveles de liquidez inferiores al 10 por ciento establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; “prevención de lavado de dinero”; y “deficiencias” de control interno, así como en la identificación de “propietarios reales” y de clientes de las Sofipos.

Sólo entre enero y marzo de 2019, el sector financiero de las Sofipos fue objeto de 3 mil 524 reclamos que generaron 54 sanciones por un monto de casi 5.5 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Buró de Entidades Financieras.

Estos focos rojos tienen especial relevancia ya que, además de ser constantes en casos probados de fraude (Ficrea) y de incumplimiento de Ley (Alta Servicios Financieros), también son factores que podrían servir para prevenir tramas de corrupción, e inclusive, fortalecer la integración de investigaciones en curso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero (como en el caso de Libertad Servicios Financieros).

LA PRESENCIA DE LAS SOFIPOS

Hasta 2017, las Sociedades Financieras Populares tuvieron presencia en 1 mil 629 municipios, o bien, en el 66.3 por ciento del territorio nacional, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

Las Sofipos son “entidades del sector microfinanzas […] que ofrecen servicios de ahorro, crédito e inversión popular en zonas geográficas rurales y periferias urbanas”, con el propósito de “fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento a personas, negocios o al segmento de bajos recursos y que normalmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional”, refiere la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Hoy en día existen 39 Sofipos “autorizadas en operación”, además de dos “autorizadas sin operar”. Las Sofipos en operación, además de representar al 1.3 por ciento de las 2 mil 998 instituciones del sistema financiero mexicano, tienen activos totales equiparables al 0.2 por ciento de los activos totales del sistema, o al 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según cifras del Banco de México, Condusef y el Buró de Entidades Financieras.

Entre 2009 y 2018, derivado de irregularidades e incumplimientos de Ley, la CNBV revocó la autorización para operar a ocho Sofipos, entre las que destacan Ficrea y Alta Servicios Financieros.

En 2014, Ficrea desapareció por incurrir en “operaciones fraudulentas” que incluyeron el desvío aproximado de 2 mil 700 millones de pesos de su principal accionista, Rafael Olvera Amezcua. Y en 2016, Alta Servicios Financieros fue disuelta y liquidada por “incumplimiento en los requerimientos de capitalización”, con un déficit 4.8 veces mayor a los requisitos mínimos de ley. Ambas Sofipos afectaron a cerca de 9 mil clientes e implicaron un riesgo para la recuperación de activos y pagos de deuda, por un monto conjunto de 7.2 mil millones de pesos.

A estas ocho Sofipos revocadas podría unirse la sociedad Libertad Servicios Financieros, que actualmente se encuentra bajo investigación por presuntas actividades ilícitas. La llamada “Caja Libertad”, que fuera presidida por Juan Ramón Collado Mocelo, hoy detenido en el Reclusorio Norte capitalino por supuestos delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, habría sido usada para realizar operaciones fraudulentas y lavado de dinero.

CAJA LIBERTAD

Entre enero y marzo de 2019, Libertad Servicios Financieros fue objeto de 316 reclamaciones y ocho sanciones por 775 mil 581 pesos, de acuerdo con el Buró de Entidades Financieras. Foto: Moisés Pablo, Agencia Cuartoscuro.

Las cifras del Buró de Entidades Financieras indican que, durante el primer trimestre de este año, las Sofipos fueron la quinta institución financiera (de ocho con registros) con mayor índice de reclamación (nueve quejas) por cada 10 mil clientes, contratos o socios. En cambio, las instituciones con mayores índices de reclamos fueron las afianzadoras (910), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple o Sofomes (96), los bancos (54) y las aseguradoras (49).

Entre enero y marzo de 2019, las Sofipos también fueron el quinto sector financiero (de 15 registrados) con mayor número de sanciones (54 en tres meses), sólo superado por el sector de las Sofomes (738), de los bancos (512), las aseguradoras (165) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo u Socaps (103).

Pese al grado de quejas y sanciones de las Sofipos, estas sociedades son la segunda institución financiera (de 12 con registros) con el mayor índice de desempeño o de atención a usuarios en el sector financiero, con una calificación de 8.5 en una escala de cero (peor desempeño) a 10 (mejor desempeño). Los bancos, en cambio, tuvieron la mejor calificación (8.8 puntos) durante los primeros tres meses de 2019.

De 33 Sofipos con información disponible al primer trimestre de este año, las cinco con más reclamos por cada 10 mil clientes fueron la Financiera Monte de Piedad (385), Financiera Planfia (351), Akala (15), Capital Activo (14) y Fincomún Servicios Financieros Comunitarios (13). Y de las 39 Sofipos existentes, las más sancionadas entre enero y marzo fueron Solución Asea (12), Consejo de Asistencia al Microemprendedor y Libertad Servicios Financieros (ocho cada una), además de Financiera Súmate (cinco) y Administradora de Caja Bienestar (cuatro).

En cambio, de 22 Sofipos con información disponible, las que tuvieron mejor atención a sus clientes fueron Administradora de Caja Bienestar, Multiplica México, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural y Crediclub (con 9.9 puntos de 10). En contraste, Operadora de Recursos Reforma y Financiera Sustentable de México (4.8 puntos cada una), así como UNAGRA y Financiera Monte de Piedad (cinco cada una), además de Libertad Servicios Financieros (6.7 puntos) fueron las peor evaluadas.

En cuanto al índice de cumplimiento ante la Condusef se refiere, sólo la Financiera Monte de Piedad (8.3 puntos de 10) tuvo una calificación inferior a la del resto (10 de 10 puntos).

 EL ARTE DEL ENGAÑO

El fraude de Rafael Olvera Amezcua en Ficrea y el probable desvío de recursos de Juan Ramón Collado Mocelo en la llamada “Caja Libertad” comparten una característica: En ambos casos hubo mano negra del “accionista mayoritario” de la institución financiera.

En la actualidad, Libertad Servicios Financieros (o “Caja Libertad”) es parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de fraudes –como el de la venta de un terreno por 24 millones de pesos que involucra a Banorte y BBVA– y lavado de dinero ligado, entre otros casos, al desfalco de Oceanografía contra Banamex en 2014, por 5 mil millones de pesos.

Aún es pronto para conocer los detalles acerca del modus operandi de esta posible red de corrupción, aunque las indagaciones de la CNBV en el caso Ficrea elucidan parte de la trama de una estafa que puede ser, hasta cierto punto, semejante a la de Collado.

Entre junio y agosto de 2014, a unos meses de la disolución y liquidación de Ficrea por delitos de “capitalización engañosa”, “manipulación de las cuentas del estado de resultado” y “operaciones indebidas con empresas relacionadas” por más de 2.7 mil millones de pesos, la CNBV detectó cinco irregularidades en torno al fraude: Existencia de clientes de alto riesgo; falta de clasificación por falta de riesgo; fallas en el perfil transacciones; falta de detección de operaciones; y fallas en la identificación del origen de los recursos y propietarios reales de las cuentas.

FICREA

En enero de 2015, decenas de ahorradores de Ficrea exigieron al Gobierno de Enrique Peña Nieto la captura de Rafael Olvera Amezcua y la recuperación íntegra de su patrimonio. Foto: Diego Simón Sánchez.

Las irregularidades encontradas –en un primer momento– en el caso Ficrea son similares a las irregularidades detectadas por la CNBV entre 2014 y 2019, en la llamada Caja Libertad.

En ese periodo, la Comisión amonestó (sin multa) en cuatro ocasiones a la Sofipo Libertad Servicios Financieros, además de sancionarla en 32 ocasiones por fallas en sus registros contables y en sus estados financieros, así como por errores en la integración de la información relevante y financiera.

Entre las irregularidades de Caja Libertad destacan también las “deficiencias” en “el procedimiento para identificar a los propietarios reales” y a sus clientes, “deficiencias en control interno”, “errores” de documentación y políticas internas, entrega de reportes de “operaciones inusuales” mal integrados, “información errónea” o “incompleta” y “registros contables incorrectos”, además de la existencia de riesgos ligados a la “prevención de lavado de dinero”.

De acuerdo con la CNBV, el esquema del fraude de Ficrea consistió en cuatro pasos básicos.

Primero generaron una base de crédito simple, o bien, consiguieron dinero lícito de inversionistas públicos y/o privados. Para lograr el timo, Ficrea hizo que sus clientes firmaran un doble adeudo, pero con un sólo monto suscrito. Es decir, engañaban al cliente diciéndole que el duplicado se trataba de un trámite administrativo, mientras que la institución registraba una base de créditos inflada que, aunque estaba respaldada de manera contable, no tenía sustento monetario u económico.

Con el dinero en mano y con la presunta autorización del cliente, Ficrea entonces enviaba los recursos a empresas relacionadas con ella, pero que no estaban siendo supervisadas por las autoridades financieras (como Baus, Jackman, Leadman Trade y la compañía fantasma Monka). A partir de este punto, las empresas –algunas propiedad de Rafael Olvera Amezcua– usaban una parte del dinero para crear expedientes de arrendamiento, y otra parte para realizar transferencias al extranjero y comprar bienes muebles e inmuebles “de uso no relacionado con las actividades de la Sofipo”, de acuerdo con la CNBV.

En consecuencia, la empresa no generaba rendimientos y en cambio, acumulaba pasivos (o pérdidas) que iban parchando con la llegada de nuevos inversionistas. Por ende, la Comisión determinó que desde un principio “el esquema iba a dejar de ser viable ya que dependía de la captación de recursos y no del margen financiero, como operan los intermediarios financieros”.

Este modus operandi también podría emerger en el caso de Caja Libertad, de acuerdo con la información pública sobre la demanda del empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, que llevó a Juan Ramón Collado Mocelo a la cárcel.

La versión de Bustamante indica que los principales directivos de Libertad Servicios Financieros operaron junto con el ex director general de Oceanografía, Amado Omar Yáñez Osuna, para la compra venta –con dinero ilícito– del equipo de fútbol de los Gallos Blancos de Querétaro en 2013, por la cantidad de ocho millones de dólares. Asimismo, Bustamante refirió que la institución financiera sirvió para lavarle dinero en 2014 a Martín Díaz Álvarez, entonces director general de la empresa inmobiliaria Dixie, quien también estaba ligado a Oceanografía.