Este 17 de septiembre entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Este 17 de septiembre entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, que en el ámbito del periodismo y los medios de comunicación tiene aportes sustanciales e inéditos en el país.

Además de reconocer en su artículo 7 los derechos de libertad de expresión y al secreto profesional de los periodistas, ya garantizados en la Constitución y a nivel local, la Constitución de nuestra capital establece que “en el desempeño” de las “personas profesionales de la información… se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia”. Estupendo.

Como refirió el siempre recordado académico Omar Raúl Martínez, la cláusula de conciencia “es la facultad del periodista para rescindir su contrato laboral de forma unilateral, quien recibirá una indemnización de la empresa informativa cual si fuese despido improcedente,  siempre y cuando ésta haya cambiado notoriamente de orientación ideológica o línea editorial, por lo cual el periodista se sienta agraviado en su reputación o afectado en su dignidad profesional” (Revista Mexicana de Comunicación, agosto 2009).

La manera en cómo se garantizará plenamente este derecho de los periodistas, es uno de los pendientes en la agenda de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Por fortuna no partirá de cero. En países como España, Portugal, Holanda, Dinamarca y Bélgica ya existe regulación. Asimismo, en el Senado como en la Cámara de Diputados se han presentado diversas iniciativas al respecto, aunque no encontraron eco en las legisladoras y los legisladores porque se ha topado con la resistencia de empresas de medios de comunicación y un enorme desconocimiento sobre sus beneficios en la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la Ciudad de México no hay retorno. Los nuevos legisladores tendrán que legislar sobre la cláusula de conciencia y esperamos lo hagan pronto ante el impacto en los medios de comunicación y en específico en los derechos de periodistas que ha traído el radical cambio político, luego de las elecciones pasadas. Como se ha documentado en diversos espacios, decenas de reporteros, columnistas, articulistas, fotógrafos y redactores han sido despedidos. En algunos casos es probable que estos despidos hayan sido causados por un cambio notorio en la orientación ideológica o línea editorial del medio.

Hace dos años, la entonces senadora del PAN, Luisa María Calderón, presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo con el fin de garantizar a los comunicadores un empleo digno, el respeto a sus derechos laborales y a una “cláusula de conciencia”. En materia de seguridad laboral -dijo- “los comunicadores se han visto desprotegidos y sumidos en la incertidumbre durante décadas”.

En dicha iniciativa se justificó que una vía menos drástica en la consecuencia para invocar la “cláusula de conciencia” consiste “en la negativa del comunicador” a trabajar o seguir una orden en tres sentidos: “no realizar una orden de trabajo, si ésta implica que se infrinjan las normas legales o deontológicas del propio medio; retirar su firma de algún material hecho por él, si éste ha sido modificado por sus superiores, y desarrollar quehaceres o firmar contenidos periodísticos que vayan en sentido contrario a su conciencia o que vulneren su dignidad profesional”.

Otra iniciativa útil es la que presentó, en junio de 2015, la entonces senadora del PRD Dolores Padierna. A raíz del conflicto entre la periodista Carmen Aristegui y MVS Radio, propuso la modificación a la Ley Federal del Trabajo para que los contratos entre los periodistas y los medios de comunicación contengan explícitamente los alcances de la cláusula de conciencia periodística.

Explicó que “la cláusula podrá ser invocada en el momento que se pretenda imponer una línea editorial o lineamientos editoriales que atenten contra los principios deontológicos o de ética periodística”. Asimismo, “se podrá invocar en los casos en que se pretenda forzar a emitir alguna información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema particular que no asuma como propio.” Sobre esta iniciativa escribimos en Sin Embargo (21 de julio de 2015).

Con la mayoría de Morena y partidos aliados, el derecho de cláusula de conciencia podría tener un futuro promisorio, no sólo en la Ciudad de México, sino a nivel federal. Del archivo también puede retomarse la iniciativa que sobre el mismo tema presentó en noviembre de 2017 otra senadora, en este caso del grupo parlamentario Morena-PT, Luz María Beristain Navarrete.

Al dar a conocer su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la exsenadora Beristain dijo que México tiene la oportunidad de modernizarse en la protección laboral de los periodistas, al permitirles negarse “a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación impreso, radioeléctrico, digital o imagen, cuando a su juicio, cualquiera de esas actividades sea contraria a la ética periodística o a los preceptos establecidos en el Código de Ética del medio en el que trabaje”.

Es decir, hay tela de donde cortar para, por fin, hacer realidad un anhelado derecho en el gremio periodístico.

SISTEMA DE RADIO Y TV

Paralelamente, con la entrada en vigor de la Constitución, se deberá crear un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México “que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y participación social”.

La obligación de crear este Sistema, que abarca a la radio y a la televisión, se encuentra en el artículo 16, específicamente en el capítulo sobre infraestructura física y tecnológica de la ciudad.

Dos aspectos destacan de lo que será su configuración, muy cercana al modelo de algunos medios públicos europeos, como el alemán. El primero es que el Sistema será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado, y ya no más por el gobierno central, como ocurre actualmente con Capital 21.

El segundo ingrediente novedoso es que contará con dos Consejos: uno de administración, integrado por siete personas con mayoría ciudadana como órgano de gobierno, y el otro Consultivo Ciudadano de Programación, que tendrá a once integrantes y “una persona titular de la Dirección General, designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México”. Quienes formen parte de ambos Consejos “deberán tener plena independencia de los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de radiodifusión de carácter privado”.

La elección de las y los consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General, se hará mediante una convocatoria pública que deberá lanzar el Congreso para que organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia presenten sus propuestas. Las diputadas y los diputados serán los responsables de elegir a quienes formarán parte de la estructura del futuro Sistema.

¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos, pero al igual que en la cláusula de conciencia, tendrá que hacerse realidad, es una obligación constitucional, y será un buen modelo que debería seguirse en las entidades del país, donde los autonombrados “medios públicos” son en realidad “medios del gobierno” o del gobernador en turno.

@telecomymedios