Fue a finales de 2008, el 23 de diciembre, cuando ocho militares entraron en su domicilio y la golpearon. Le vendaron los ojos, le amarraron las manos y la subieron a una camioneta del Ejército. Ella fue trasladada, junto con tres televisores que los soldados le robaron, a un cuarto de artillería de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua. Ahí la tiraron al piso y comenzaron a patearla. Pasó la noche de Navidad en ese lugar, encerrada en una jaula.

La mañana del 25 de diciembre nuevamente fue golpeada por soldados, mientras uno de ellos le decía que le pusiera a alguien que vendiera droga o armas. Ella cayó desmayada. Dos días después fue obligada a bañarse para que pudiera limpiarse las manchas de sangre provocadas por las constantes agresiones. Mientras lo hacía, un militar cubierto con una capucha entró y logró penetrarla violentamente por el ano. Ella trató de defenderse. El soldado la golpeó dos veces en el estómago y le dijo: “Espérate, espérate, ya mero acabo” (hechos documentados en la recomendación número 88/2011 de la CNDH, fechada el 16 de diciembre de 2011).

Teniendo como su actividad más notoria la lucha contra el narcotráfico y siendo la violación de derechos humanos por parte de sus miembros la principal crítica que afronta, el Ejército celebró ayer su día, como lo hace desde 1951.

Los logros por el Plan DN-III-E, que tiene como objetivo auxiliar a la población en casos de desastre y que se aplica desde 1966, ahora se difunden junto con resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico.

Desde que Felipe Calderón asumió la presidencia y hasta el 31 de diciembre de 2011, el Ejército ha apoyado a la población debido a la presencia de 14 huracanes. Evacuó a 186 mil 422 personas y distribuyó tres millones 264 mil dos raciones alimenticias. En ese mismo periodo, informa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), personal militar ha detenido a 41 mil 222 personas, además de decomisado 106 mil 70 armas, 40 mil 480 vehículos, 34 mil 621 kilos de cocaína y nueve millones 287 mil 185 kilos de mariguana.

El aumento en las tareas en materia de lucha contra el narcotráfico ha venido acompañado de un crecimiento en las acusaciones en contra de militares por violaciones a derechos humanos.

En 2006 la Sedena ocupaba el lugar número nueve entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos en los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Comisión Federal de Electricidad encabezaba la lista con mil 187 expedientes, la Sedena era acusada en 182.

En el informe presentado por la CNDH en enero pasado, correspondiente a 2011, la Sedena aparece como la autoridad más veces señalada en los registros de quejas, al alcanzar las mil 695 menciones.

De diciembre de 2006 a enero de 2012 la CNDH le ha dirigido a la Sedena 98 recomendaciones, de las cuales han sido concluidas 24 y se encuentran en trámite 74.

También ha aumentado la cantidad de informaciones publicadas que vinculan a militares con delincuentes.

De acuerdo con la Sedena, entre el 2000 y el 2011 han desertado 211 mil 355 militares. En el año 2000 se encuentra la cifra más alta, con 30 mil 542. Desde que Calderón asume la presidencia, la tendencia ha ido a la baja: en 2007 ocurrieron 17 mil 159 deserciones, 11 mil 152 en 2008, 10 mil 158 en 2009, 3 mil 673 en 2010 y mil 8 en 2011.

“Del 1o. de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, se presentaron dos mil 939 casos de deserción en las filas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Con lo anterior, del 1o. de enero de 2007 al 31 de junio de 2011, el número de desertores asciende a 40 mil179 elementos, cifra que representa una disminución del 49.8% en comparación con los 80 mil 109 casos que se presentaron de enero de 2001 a junio de 2005”, se lee en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Calderón.

En el periodo que va del 2000 al 16 de febrero de 2011 han desertado mil 680 elementos de las Unidades de Fuerzas Especiales. De acuerdo con la PGR, por lo menos 40 de sus ex integrantes son quienes formaron el grupo de Los Zetas.

 

PUNTO DÉBIL

Raúl Benítez Manaut y Javier Oliva Posada, expertos en seguridad nacional, creen que deben valorarse mejor las acciones que en materia de lucha contra el crimen organizado, y en particular contra el narcotráfico, desarrollan las Fuerzas Armadas, aunque admiten que las violaciones a derechos humanos no han sido encaradas de manera adecuada.

“El Ejército tiene un problema: no sabe tratar el tema de los derechos humanos con mucha precisión, y la Armada tampoco; es una cosa pendiente que la tienen que asumir”, afirma Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

“Hay un problema de entrenamiento, es un problema táctico, de entrenamiento táctico. Todavía no se encuentra la fórmula de combatir eficientemente al narcotráfico sin violar derechos humanos o de combatir sin provocar muertos. Ésa es una parte del problema”, expone.

El único desgaste que el especialista observa en el Ejército es político y guarda relación con el asunto de los derechos humanos.

En el cumplimiento de actividades contra el narcotráfico el Ejército no está desgastado, “al revés, lo veo con más capacidades para hacer el trabajo. El Ejército en la guerra contra el narcotráfico tiene muy pocas bajas. Realmente han muerto muy pocos militares en la guerra contra el narcotráfico”, apunta.

Según datos de la Sedena, de enero de 2000 a noviembre de 2011 han muerto 419 militares debido a la lucha contra el crimen organizado. El 65 por ciento falleció durante el gobierno de Calderón. El 2010 fue el año con más decesos: 89.

“Es un desgaste político, no militar, que quede muy claro. El desgaste es el cuestionamiento de la población al Ejército porque hay cada vez más información sobre violaciones a los derechos humanos”, advierte Benítez Manaut.

Para Oliva Posada, coordinador del diplomado Defensa y Seguridad Nacionales de la UNAM, “el tema de los derechos humanos ha sido tan mal abordado que incluso el presidente ha solicitado que decline la competencia de la autoridad militar para que sea la autoridad civil el que lo juzgue”, cuestiona.

“Yo pienso: un teniente, acusado de violar derechos humanos, recluido en alguna penitenciaría federal: ¿cómo lo van a tratar los presos adentro, cuando sabemos quién los controla?, ¿alguien garantiza su vida?

“Como crítica en los periódicos suena muy elegante, políticamente correcto. Si la justicia civil fuera transparente, ajena a casos de corrupción… pero si no tenemos esas características de la justicia, pues difícilmente podemos suponer que la justicia civil será mejor en términos de calidad que la justicia militar”, explica.

Si bien fue desde 1991 cuando el asunto de los derechos humanos fue incluido en la estructura militar al crearse una sección en la Procuraduría General de Justicia Militar, ha sido durante el actual gobierno que el Ejército ha tenido que atender más ampliamente ese tema.

A tres meses de haber asumido Calderón la presidencia se creó la Subdirección de Derechos Humanos como parte de la Dirección General de Justicia Militar. Menos de un año después, el primero de enero del 2008, se constituyó la Dirección General de Derechos Humanos.

El 22 de junio de 2010 la Sedena creó la Unidad de Vinculación Ciudadana, que tiene como objetivo solucionar conflictos derivados de la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas para combatir el crimen organizado.

El 12 de mayo del año pasado la Sedena y la CNDH firmaron un convenio de colaboración para capacitar a los militares en materia de derechos humanos. Durante el evento, Rafael Cázarez Ayala, director general de Derechos Humanos de la Sedena, reconoció: “estamos propensos a fallas y errores, pero la educación, el adiestramiento y la concientización de cada uno de nosotros habrá de disminuir esas fisuras involuntarias”.

Cázarez Ayala ha declarado (Milenio Diario, 25/01/2012) que las violaciones a derechos humanos han sido investigadas, lo que, dice, se demuestra con 29 sentencias condenatorias y 237 militares indiciados o sujetos a proceso.

Hace un par de semanas la Sedena informó que 174 militares, entre ellos un general, han sido procesados y destituidos por asuntos relacionados con el tráfico de drogas en lo que va de esta administración.

 

¿DESGASTE?

Oliva Posada argumenta que existe desconocimiento sobre el Ejército por parte del Ejecutivo federal y el Poder Legislativo. “Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, una representación del Estado, y no una oficina de gobierno. Ahí viene esta confusión en el entorno del presidente de la República respecto de cómo abordar y tratar el tema de las Fuerzas Armadas”, enfatiza.

Critica que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hable de “modernizar” el fuero militar en un momento en que la seguridad interior se encuentra bajo riesgo, como afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el pasado 9 de febrero durante su discurso con motivo del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

Destaca que en ese mismo discurso el general Galván, por cuarta ocasión, hizo un “respetuoso” llamado al Congreso para legislar en materia de seguridad.

“En la historia de América Latina el caso mexicano es excepcional, porque los militares piden leyes para actuar, cuando a lo largo de la historia ha sido al revés, los militares en América Latina hacen a un lado las leyes”, señala.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sostiene que la lealtad “es una carretera de ida y vuelta; si es sólo en un sentido, no comunica. La lealtad al poder civil por parte de las Fuerzas Armadas en México está fuera de toda discusión, pero requiere correspondencia”.

Advierte sobre la necesidad de empezar a discutir una política de defensa nacional de la cual se derive una política militar.

Para Benítez Manaut la corrupción es un tema del que hasta el momento no se ha hecho cargo adecuadamente el gobierno de Calderón. “Sin guerra contra la corrupción es muy difícil combatir al narcotráfico con eficacia, porque el narcotráfico no es una lucha militar solamente, es una lucha en donde tiene que haber mucha inteligencia, mucha información, un sistema judicial mucho mejor, tiene que haber policías profesionales”.

Considera que la principal debilidad de la estrategia presidencial es que no hay seriedad en la lucha contra la corrupción. Añade que de ser necesario se debe “meter a la cárcel a jueces, meter a la cárcel a gobernadores, pero meterlos, no andar acusándolos en la prensa a lo idiota ni revelando documentos tontos”.

Para Oliva Posada “el problema no es el Ejército, sino la no estrategia. ¿Cuál estrategia? No tiene ni nombre, yo le puse ‘la estrategia de la confrontación’. Como confrontación ha sido muy exitosa, ahora, como estrategia integral, es un gran fracaso”.

Tanto Oliva Posada como Benítez Manaut destacan que, pese a todo, la confianza de la población en las Fuerzas Armadas sigue siendo muy alta.

“En lo que se refiere a la percepción ciudadana, todos los sondeos de opinión, sin excepción, marcan una notable aceptación”, señala Oliva Posada.

Benítez Manaut asegura que “una de las razones que explica por qué los candidatos no han aceptado tocar al Ejército es que, en términos de popularidad, tiene un muy elevado respaldo en encuestas de opinión pública”.

De acuerdo con la Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), que preside Benítez Manaut, a nivel nacional 77 por ciento de los ciudadanos le tiene algo o mucha confianza al Ejército. En Nuevo León el porcentaje de mucha confianza alcanza el 75 por ciento.

La encuesta, que presenta datos de siete mil 416 entrevistas, muestra que en el país 49 por ciento de la población le tiene mucha o algo de confianza a los policías federales. En Nuevo León el porcentaje de mucha confianza apenas alcanza el 17 por ciento.

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Oliva Posada asegura que sería “deplorable” que el Ejército se convirtiera en las próximas semanas en tema electoral, debido al desconocimiento que los tres principales candidatos presidenciales han enseñado sobre la institución.

“Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen un enfoque totalmente equivocado: ‘Voy a sacar al Ejército en 100 días, en 6 meses, en 200 días’, como si el problema fueran las Fuerzas Armadas. Porque no dicen mejor: ‘para poder retirar el Ejército lo primero que voy a hacer es reformar el sistema penitenciario, crear un sistema de justicia penal eficiente, tener un Ministerio Público adecuado’.

“Es decir, están tratando de corregir la evidencia y no la causa. Entonces están muy equivocados en su enfoque, tienen un error profundo, estructural, en la apreciación del tema”, critica.

Benítez Manaut, por su parte, anticipa que el Ejército no será un tema al que se le dedique especial atención en las próximas campañas electorales, sino que se incorporará en los debates de la lucha contra el narcotráfico.

Argumenta que hasta el momento realmente ningún actor político ha planteado sacar al Ejército de la lucha contra el narcotráfico.

“Todos los que critican al presidente dicen lo mismo: ‘lo voy a sacar cuando las policías puedan con el narcotráfico’. El problema no es ése, el problema es cuándo van a poder las policías con el narcotráfico.

“¿De dónde van a sacar los policías, 60 mil hombres más bien entrenados para sustituir al Ejército? Eso no lo veo viable por ningún lado”.

Afirma categórico: “En otras palabras, nadie va a poder cubrir el problema en el próximo sexenio. El Ejército va a estar, la Marina va a estar”.

Hace notar que ni los perredistas, que “teóricamente lo podrían criticar más”, han declarado en contra de los militares: “fue a los únicos que no metió AMLO en sus famosos catálogos de la mafia en el poder; está desesperado por caerles bien a los militares”.

“El PRI menos, el PRI es hijo del Ejército, el PRI es el que tiene mejores relaciones con el Ejército”, sostiene.

“Nadie los va a tocar, habrá cambios, se tienen que afinar muchas cosas de corrupción, de derechos humanos y de táctica, pero en esencia la institución no va a ser tocada”, asevera.

Benítez Manaut recuerda que Calderón no es el primer presidente que pide al Ejército luchar contra el narcotráfico.

“Esto tiene más de 50 o 60 años. Lo que pasa es que desempeña labores diferentes de las que hacía antes. En el pasado el Ejército se desempeñaba básicamente en destrucción de plantíos”, señala.

El especialista explica que el tráfico de mariguana y heroína fue sustituido por el de cocaína. “Esto modifica toda la acción de las Fuerzas Armadas, porque lo vuelve un fenómeno transnacional, y capturar la cocaína de Colombia necesita mucha colaboración internacional y mucha tecnología. Entonces, para esto las policías mexicanas ni siquiera se pensó que pudieran estar capacitadas”, considera.

Calcula que mientras que hace 20 años el Ejército destinaba entre 20 mil y 30 mil hombres a la lucha contra el narcotráfico, actualmente son alrededor de 50 mil.

“La Armada sí es una fuerza nueva contra el narcotráfico, y se calcula que son entre 6 mil y 8 mil hombres los que están trabajando en la guerra contra el narcotráfico”, agrega.

Piensa que a los militares no les preocupa el cambio de gobierno, sino la falta de decisión de los políticos, sobre todo en el ámbito local, en donde las autoridades han tolerado más el narcotráfico.

No descarta que los militares pudieran estar agradecidos con el PAN por el aumento que han tenido en sus sueldos, aunque advierte que no hay novedad en los incrementos y que más bien se trata de un discurso electoral:

“Los militares siempre han tenido sueldos muy altos. En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari los aumentos de sueldo fueron muy superiores a los que Calderón hizo en proporción, en porcentajes. Los militares han sido muy beneficiados por algunos presidentes, entonces eso es costumbre”.

Pese a los beneficios, prevé que en general los militares se mantengan “apolíticos”, “aunque los jefes siempre buscan contactos para quedar mejor cuando hay cambio de gobierno, máximos jefes, en pocas palabras, los que son generales de división”.

De acuerdo con información de la Sedena hecha pública en febrero del año pasado, un soldado percibe en total ocho mil 780 pesos, un cabo nueve mil 309, un general de brigada 154 mil 72 y un general de división 174 mil 263 pesos.

“En este Gobierno, como en ningún otro, se han mejorado las condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus familias”, se asegura en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Calderón.

En el documento se asienta: “En 2011, por quinto año consecutivo el personal de tropa, clases y marinería del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México recibieron un apoyo adicional como compensación técnica al servicio, lo que significó un incremento del 11.4% para el personal de la SEDENA y de 28.6 por ciento para el de SEMAR, con relación al otorgado en 2010. Con este aumento entre diciembre de 2006 y junio de 2011, el personal de menores ingresos de los Institutos armados de México ha incrementado sus percepciones en promedio 124.1 por ciento respecto de lo que recibía al inicio de esta administración”.

En el mismo tono se expresaba Salinas de Gortari ante el Congreso de la Unión el primero de noviembre de 1993 con motivo de su Quinto Informe de Gobierno:

“Es preocupación del Gobierno asegurar el constante mejoramiento de la infraestructura que apoya las labores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, así como asegurar el bienestar de quienes orgullosamente integran nuestro Instituto Armado y de sus familias”.

Respecto a la posibilidad de que una mujer se convierta en presidenta de la República y con ello esté al mando del Ejército como general de cinco estrellas, como podría ser el caso de la panista Vázquez Mota, Benítez Manaut estima que el hecho tendría sus implicaciones.

Asegura que hay una tendencia a incorporar a la mujer en mandos militares, aunque actualmente sólo realizan básicamente labores de servicio, trabajan en áreas médicas y administrativas principalmente.

“Ya está autorizado que la mujer se incorpore y pueda ser hasta general, hay una mujer general, pero es dentista, pero que pueda ser general de armas, de infantería, de caballería, de artillería, de la fuerza aérea, etcétera eso no se ha dado”, indica.

En julio de 2011 la Sedena dio a conocer que el número de efectivos militares asciende a 206 mil 13, de los cuales 195 mil 712 son hombres y 10 mil 301, mujeres.

“En el Ejército saben que si llega una presidenta tendrán que acelerar todos estos cambios de igualdad de género, eso es obvio”, dice Benítez Manaut.

“Al mando de una mujer en las Fuerzas Armadas los militares le tienen más miedo, porque las mujeres son más firmes, por ejemplo, en torno a la lucha contra la corrupción; le van a tener más miedo a eso”, añade.