Al cumplirse tres meses de que activistas contra la salud fueron espiados y sus teléfonos intervenidos para robar información, las autoridades de justicia del Gobierno federal guardan silencio y no ha movido un dedo contra los atacantes, denunciaron los propios integrantes de organizaciones civiles y el Diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Partido de la Revolución Democrática, quien exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto a reconocer, defender y garantizar los derechos de estos defensores.
“Si no hay un pronunciamiento, es que posiblemente es algo que tiene implicaciones sobre altas autoridades de seguridad nacional de México […] Esto [el malware] tuvo un costo altísimo, de varios miles de dólares pagados con recursos públicos. La Procuraduría General de la República tendría que hacer la investigación de oficio, nosotros hicimos denuncias públicas, se hicieron peticiones a través del Poder Legislativo y hemos estado esperando a que haya una reacción”, dijo por su parte Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poderl del Consumidor.
ADEMÁS
Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– A tres meses de que se destapara el espionaje del que fueron objeto los activistas por la salud Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC) y Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de Contrapeso, así como el médico y académico Simón Barquera Cervera, el Diputado Rafael Hernández Soriano suscribió un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión en el que se exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto –a través del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas– a reconocer, defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, privacidad y seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores del derecho a la salud en el país.
Desde febrero pasado, cuando el diario The New York Times dio a conocer la situación que aquejaba a quienes han trabajado para aumentar el impuesto al refresco –mismo que ha demostrado su eficacia para bajar los niveles del consumo de las bebidas que han contribuido a desencadenar la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que vive el país–, las autoridades han guardado silencio.
Entre el 13 de julio y el 17 de agosto de 2016, los defensores de la salud recibieron mensajes que los redireccionaban a alguna página web, con lo que al ingresar –sin saberlo– permitían el acceso a la información de su dispositivo móvil, a la cámara, localización por GPS, entre otros, tal como demostró el peritaje elaborado por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Las infecciones asociadas con el malware utilizado de nombre Pegasus están asociadas con los servidores de la empresa israelí NSO Group que tiene como política, por mandato de varios países en el mundo, vender solamente a gobiernos, como explicaron en su momento especialistas en materia.
En entrevista para SinEmbargo, Calvillo Unna denunció: “Hay evidencia de que el Gobierno mexicano es cliente asiduo de NSO Group, entonces aquí la mayor preocupación es que todo lleva a una presunción de que el Gobierno mexicano nos implantó este sistema de espionaje y el único interesado no sería el Gobierno, sino las industrias refresquera y de alimentos. Todo hace suponer que hay funcionarios aliados a los intereses de las corporaciones”.
“Si no hay un pronunciamiento, es que posiblemente es algo que tiene implicaciones sobre altas autoridades de seguridad nacional de México […] Esto [el malware] tuvo un costo altísimo, de varios miles de dólares pagados con recursos públicos. La Procuraduría General de la República (PGR) tendría que hacer la investigación de oficio, nosotros hicimos denuncias públicas, se hicieron peticiones a través del Poder Legislativo y hemos estado esperando a que haya una reacción”, agregó.
Por si fuera poco, el activista tildó de “inadmisible” que a tres meses de que se hiciera pública la información sobre el espionaje no se tenga ninguna respuesta por parte de las autoridades a las solicitudes de investigación, “existe un silencio absoluto por parte de las instituciones encargadas de investigar el tema”, denunció.
Asimismo, subrayó que el trabajo realizado por investigadores y activistas para la protección de la salud pública debe ser reconocido y apoyado por el Gobierno y no espiado para servir al interés de las grandes corporaciones.
“Las consecuencias del contubernio de ciertas autoridades con las grandes corporaciones de bebidas no sólo han causado el secuestro de la política contra la obesidad y la diabetes volviéndola totalmente inocua, ha significado que lleguemos al caso extremo de que las instituciones de seguridad del Estado realicen servicios de espionaje para estas empresas, como todo indica que ha ocurrido en este caso”, criticó.
Al punto de acuerdo del perredista Hernández Soriano, se suma al presentado el pasado 14 de febrero por la Senadora Martha Tagle Martínez en el que fueron condenados los actos de espionaje y en el que se demandó una “investigación exhaustiva” por parte de la PGR y una respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la utilización de malware gubernamental contra activistas de la salud pública.
Asimismo, dos semanas después, la Diputada Araceli Damián presentó otro punto de acuerdo en el que reprobó los actos de espionaje y exhortó a Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría, a que investigue y procese judicialmente a los responsables.
Ayer, durante su exposición, Hernández Soriano hizo un llamado a que las fuerzas de seguridad del Estado se conduzcan con ética, transparencia y, sobre todo, que logren un equilibrio entre coerción y el respeto de los valores éticos tutelados por el derecho. Además, exigió que se investigue y sancione uno de los ejemplos más evidentes de intimidación y vulneración de derechos en los que el Estado mexicano ha tenido parte, informó EPC a través de un comunicado.
Cabe mencionar que en marzo, la comunidad internacional de salud pública también se sumó a la demanda del cese de la intimidación y el espionaje a través de una carta publicada en medios de comunicación en donde exhortaron a Peña Nieto a defender los valores de la libertad de expresión, los derechos humanos y la salud pública, a investigar de fondo esta situación y llevar a los actores responsables ante la justicia.
Ante este panorama, EPC reiteró el llamado al Gobierno de México a cesar la vigilancia ilegal en el país y a que realice “de manera urgente” la investigación correspondiente a fin de sancionar a los responsables del espionaje perpetrado contra investigadores y activistas de la salud pública.
