El informe sobre el espionaje del que fueron víctimas varios derechos humanos, periodistas y activistas críticos causó revuelo a nivel nacional e internacional.

Aunque no en el Gobierno mexicano que ayer dio a conocer una carta en la que apunta que no existe prueba alguna de que la actual administración haya usado el programa de vigilancia ilegal y en la que pide a los afectados denunciar. Y por la tarde de hoy, a más de un día de que se diera a conocer el hecho, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong rechazó “que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONGs”.

Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y víctima del espionaje, consideró que la “la respuesta no está a la altura de los señalamientos que se hicieron” y exigió que se inicie “una investigación profunda” y “sean transparentados los contratos” sobre el malware.

Y la investigadora del IMCO Alexandra Zapata Hojel dijo que a ella le “gustaría ver qué orden judicial existe par autorizar que yo sea espiada. Y bajo qué motivos. Porque el espionaje se justifica bajo un riesgo de seguridad nacional de la persona, y yo quisiera saber cómo el Gobierno federal justifica esto en el contexto que yo trabajo”.

Por Ivette Lira y Juan Luis García Hernández

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La respuesta del Gobierno de México sobre el espionaje perpetrado contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas “es decepcionante” e “informal”, consideraron los afectados directos y exigieron que dé a conocer el porque fueron ellos el blanco cuando el programa de vigilancia debería ser usado para personas que pongan en la seguridad nacional

Entre enero de 2015 y julio de 2016, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas fueron espiados a través del malware de nombre “Pegasus”, que sólo es vendido a gobiernos y que en teoría únicamente debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

La investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, destacó que al menos tres instancias del Gobierno federal han adquirido este programa espía: Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

En una carta de tres renglones, firmada por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales en Presidencia de la República, pidieron a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) y señalaron, sin más, que no existen pruebas de que el Gobierno mexicano haya sido el autor de la vigilancia ilegal.

“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, se lee en el texto enviado por el Gobierno mexicano.

Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien el año pasado recibió tres mensajes que permitían la toma de control de su teléfono celular, criticó que en la carta de la Presidencia no se externó un compromiso para llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de dar con los responsables e incluso solicita a los afectados interponer una denuncia cuando ya se había hecho.

“La carta que un funcionario de bajo nivel envía al New York Times está dirigida al editor de ese periódico y responde al artículo sin negar la existencia de contratos entre el Gobierno federal y NSO Group, sin negar que se trate de un posible esquema de intervención ilegal”dijo en entrevista con SinEmbargo.

Agregó que la misiva incluye un manejo “desfasado” de la información, ya que “invita a denunciar cuando la denuncia se presentó ante la PGR por la mañana [de ayer]”.

Y sentenció: “No nos parece una respuesta a la altura de los señalamientos que se hicieron. Estaríamos aún a la espera de un anuncio de una investigación profunda y mientras no sean transparentados los contratos ni se inicie una investigación exhaustiva, nosotros estimamos que la denuncia no ha sido respondida”.

Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC), acusó que desde las más altas esferas del poder en el país se protege a la corrupción, a la delincuencia y ahora a los actos ilegales que provienen del Gobierno

“Los recursos económicos que vienen del erario público se gastan en el espionaje ilegal de ciudadanos, en un país donde la corrupción dentro del Gobierno es de las más altas. Aquí [en México] hay una actuación delincuente por parte de instituciones de Gobierno”, lamentó el activista por la salud, quien en febrero pasado denunció públicamente ser objeto de intervención telefónica ilegal.

QUE LA TECNOLOGÍA SE UTILICE CON FINES ADECUADOS

Aguirre Espinosa hizo un llamado a las autoridades mexicanas a implementar la tecnología en la persecución de criminales y “no para la investigación de quienes han sido críticos del Gobierno”.

“No descartamos la relevancia que tienen las intervenciones de telecomunicaciones en investigaciones criminales complejas, incluso en casos que acompañamos, como es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han pedido que se intensifique este uso de tecnologías para la investigación de delitos. Sin embargo, consideramos que siendo medidas altamente intrusivas deben realizarse con los debidos controles”.

Entre los controles enlistó la implementación de un control judicial, una legislación que regule efectivamente su uso y cuando sea destinado con fines ilegales se realicen las investigaciones concernientes.

El integrante de la organización que ha acompañado los casos Iguala, Tlatlaya y Atenco aseguró que México vive “uno de los peores momentos” en términos de libertad de expresión, no obstante, aclaró, que no sólo es por el tema de las escuchas ilegales:

“La situación crítica de la libertad de expresión y los derechos humanos en México se refleja sobre todo en los asesinatos impunes de periodistas y de defensores de derechos humanos. […]. Es importante señalar que en ambos casos [homicidios y espionaje] los fenómenos están vinculados por la impunidad, por la ausencia de una investigación efectiva y sobretodo porque la hostilidad viene de actores estatales”.

Y agregó que el país ha colocado hacia afuera la narrativa de que las principales amenazas para la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos provienen de la violencia que desatan actores no estatales, por ejemplo, aquellos vinculados con la delincuencia organizada, sin embargo,”se omite aceptar que también desde el Estado proviene el clima de hostilidad”.

INDIFERENCIA DEL GOBIERNO

Las víctimas del espionaje apuntaron que el Gobierno federal debió haber actuado de oficio desde que se realizaron las primeras denuncias sobre posible espionaje. El 11 de febrero el mismo New York Times sacó la primera publicación en la que se alertó del hackeo sufrido por organizaciones civiles promotoras de la salud.

En entrevista con este diario digital, Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de la Coalición ContraPeso, reiteró su deseo porque el Gobierno resuelva las dudas que han quedado sobre el uso del malware “Pegasus” del que también fue blanco.

Ya pasaron cuatro meses desde el primer reportaje en el que el mismo rotativo estadounidense dio a conocer la vigilancia ilegal y las autoridades no ha actuado.

Un día y medio después de que se publicara el informe que causó revuelo en la prensa a nivel nacional e internacional, ningún funcionarios de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se ha comunicado con las víctimas consultadas por SinEmbargo.

Otra de las afectadas, la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alexandra Zapata, sostuvo que hasta la única investigación que se iniciará será la que pudiera derivar de la denuncia presentada por las organizaciones civiles ayer.

“El hecho de que contesten las autoridades que no fueron ellos y que quién sabe qué pasó muestra dónde está el interés sobre las víctimas, el interés para que no pase en México”, dijo Zapata.

Desde mayo del 2013 la organización canadiense Citizen Lab colocó a México dentro de los 36 países que espían a sus ciudadanos. Esta misma organización determinó que al menos cuatro mensajes recibidos por el IMCO correspondían a “Pegasus”.

“A mí me gustaría ver qué orden judicial existe par autorizar que yo sea espiada. Y bajo qué motivos. Porque el espionaje se justifica bajo un riesgo de seguridad nacional de la persona, y yo quisiera saber cómo el Gobierno federal justifica esto en el contexto que yo trabajo”, dijo Zapata.

Zapata relató que los mensajes escalaron en tono y personalización. Uno de ellos lo recibió en mayo del 2016, cuando el Imco se encontraba en medio de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto por un una serie de leyes que buscaban transparenta el patrimonio de los funcionarios públicos, así como sancionar actos de corrupción.

“Uno de los mensajes fue en una semana en la que fui muy crítica sobre las declaraciones patrimoniales, que decían ser abiertas pero que al mismo tiempo reservaban muchos de datos”, recordó.

Esta circunstancia parece haberse repetido en el marco de los mensajes en agosto que llegaron a Luis Manuel Encarnación, quien aseguró que llegaron cuando propuso un aumento al doble del impuesto sobre los refrescos recién aprobado en México, y que persigue, además de limitar el consumo de gaseosas, recaudar fondos para programas de salud. Una medida fiscal de beneficio sanitario común en otros países en productos como los cigarros.

PIDEN COMPARECENCIA DE CHONG, Y ÉL DESCARTA ESPIONAJE

Legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron hoy que solicitarán la comparecencia de Osorio Chong, del titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, y del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que “informen y disipen dudas” sobre el espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas.

“El punto de acuerdo tiene como propósito citar al secretario de Gobernación, al director del CISEN, al Procurador General de la República y para que se forme, darnos otra vez la oportunidad de actuar con dignidad y nivel las Cámaras del Congreso de la Unión, como ocurre en cualquier país del mundo, donde sus Congresos tienen aparte de labores legislativas, desempeñan labores de investigación y de control”, dijo el Senador Miguel Barbosa Huerta.

Por su parte, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes destacó que estos señalamientos de espionaje son un riesgo muy importante para la estabilidad el país, y lamentablemente no son acciones aisladas.

Acciones como la del espionaje o como el desvío de recursos públicos constituyen, dijo, “la mayor involución en la cultura democrática en México en los últimos 30 años, esto significa la pérdida de todo decoro”.

 “No puede ser que a quienes han entregado su trabajo a hacer leyes contra la corrupción sean tratados como delincuentes, eso es una atrocidad de este gobierno, no podemos tratar a los activistas como si fueran delincuentes, no lo podemos permitir, es un riesgo para las instituciones”, agregó.

En tanto, Osorio Chong rechazó esta tarde que el Gobierno federal haya utilizado algún instrumento para espiar a periodistas, activistas o defensores derechos humanos.

Durante una conferencia en Sinaloa, el Secretario de Gobernación dijo que el programa sí ha sido utilizado, pero sólo para la captura de narcotraficantes y demás criminales, mas no para periodistas y activistas como se estableció.

“Nosotros rechazamos que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONG. Lo que se tiene de investigaciones del Estado mexicano es para dar con los criminales como lo han demostrado este Gobierno”.