Arnulfo Cerón, defensor de personas indígenas, fue reportado como desaparecido hace 41 días. Hoy, el Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel, confirmó el hallazgo de su cuerpo en una fosa clandestina al sur oriente del municipio Tlapa de Comonfort.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– El asesinato de Arnulfo Cerón Soriano es muestra del contexto de violencia e impunidad en el que ejercen su trabajo las y los defensores de derechos humanos en México y refuerza la exigencia de acelerar las búsquedas de personas desaparecidas, aseguró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“[El homicidio] es una tristeza y da un mal mensaje a la sociedad, de que se sigue atentado contra la vida de personas que se entregan a defender los derechos de la gente más desprotegida. Es un momento difícil, de mucha indignación, de mucha impotencia, de mucho dolor porque las autoridades no actúan lo más pronto posible para dar con las personas desaparecidas y encontrarlas con vida”, denunció Abel Barrera en entrevista con SinEmbargo.

Arnulfo Cerón, defensor de personas indígenas, fue reportado como desaparecido hace 41 días. Hoy, el Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel, confirmó el hallazgo de su cuerpo en una fosa clandestina al sur oriente del municipio Tlapa de Comonfort.

Barrera precisó que la familia del activista de 47 años de edad aún está a la espera de los resultados de ADN que se le hicieron al cuerpo localizado, pero los rasgos y la ropa permiten creer que se trata de Arnulfo.

“El caso de Arnulfo sienta precedente de que se tiene que exigir a las autoridades que se aboquen a las búsquedas y que esto no vuelva a repetirse”, dijo Abel Barrera.

Y es que en el caso de la activista, la búsqueda la emprendieron familiares y organizaciones civiles, pues la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas inició sus trabajos hasta que se cumplieron 12 días de la desaparición. Ante la omisión de autoridades se solicitó ayuda a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero, por la cargas laborales, se involucró hasta que pasaron 25 días.

La localización de Arnulfo, aseguró el activista, también fue muestra de la crisis de desaparecidos que enfrenta la entidad, pues en Barranca Honda, en el municipio de Copanatoyac, uno de los puntos en los que se le buscó, fueron hallados otros restos humanos.

“Nos habla de que hay casos de personas desaparecidas que no se han investigado como debe ser, no se han hecho las búsquedas como deben ser”.

Arnulfo fue encontrado en la zona conocida como El Ahuaje, donde recientemente se hicieron cortes para fraccionar terrenos. El hombre de 47 años fue enterrado a una profundidad aproximada de tres metros, en el trazo de una calle. Para hallarlo, explicó Abel, fue necesario excavar con maquinaria, pues los binomios y las búsquedas con drones no fueron suficientes.

Para el Centro Tlachinollan, organización donde Arnulfo Cerón inició su carrera como activista cuando era estudiante, el crimen se da en un contexto de inseguridad que prevalece en Tlapa.

“La colusión de las autoridades municipales y otras instituciones con el crimen organizado, así como la falta de garantías para que los defensores de derechos humanos y activistas sociales en particular Arnulfo Cerón realicen su trabajo, propiciaron la desaparición y el cobarde asesinato del luchador social”, condenaron en un comunicado.

LA CRIMINALIZACIÓN Y LAS EXIGENCIAS

El Centro Tlachinollan también destacó que las descalificaciones de las que fue víctima el activista previo a su muerte por parte de autoridades municipales “fueron generando un marco permisible para su posterior agresión”. Por ello, exigen esclarecer el crimen e investigar como causa principal su trabajo como activista.

Abel Barrera recordó que previo a la desaparición, la situación entre las autoridades municipales y el Frente Popular de la Montaña, organización de la que Arnulfo era dirigente, “era muy tensa” porque los activistas les exigieron transparentar los recursos locales y concretar obras que la administración pasada prometió.

“En una reunión este año, el Presidente municipal de Tlapa, [el morenista Dionicio Merced Pichardo García], exhibió a Arnulfo asegurando que él estaba en la nómina del Gobierno anterior y que su protesta era porque quería seguir cobrando. Desde entonces inició una campaña de desprestigio contra él y el Frente, de no querer creer en su lucha, se les denostó”, recordó Barrera.

Y recordó que cuando una campaña de desprestigio contra un defensor viene desde la autoridad se pone en peligro a los defensores, pues éstos son vistos como adversarios.

Por ello, el Centro Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña llamaron a las autoridades estatales y municipales a esclarecer y sancionar los hechos e implementar medidas que garanticen a las y los defensores de derechos humanos de la montaña de Guerrero, realizar su labor en condiciones de libertad y seguridad.