Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- En México, 8.1 millones de mujeres indígenas viven en condiciones de violencia intrafamiliar, abusos, agresiones físicas y morales, además de no tener acceso a los servicios de salud y educación, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, la secretaría de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, Dora María Guadalupe Talamante, expresó que esos datos correspondientes a 2013, revelan la compleja situación en que se encuentra ese sector de la población.
Indicó que “las mujeres indígenas desempeñan un papel esencial en la recomposición del país, por lo que es necesario que las grandes distancias entre marginalidad y justicia social se reduzcan, dando lugar a nuevos modelos de desarrollo de acuerdo con sus expectativas culturales, sociales, políticas, económicas y de justicia”.
La legisladora del Partido Nueva Alianza, impulsa una iniciativa para adicionar la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas.
Detalló que con dicha iniciativa, se pretende que la CDI desarrolle, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, programas de capacitación permanente, que fomenten el conocimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas y prevengan la violencia en su contra.
Subrayó que la idea es contribuir a la generación de políticas públicas orientadas a fortalecer la igualdad de condiciones, el acceso de la población femenina a sus derechos y la garantía de vivir libres de violencia.
Comentó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que en 2012, del total de la población indígena en México, 3.3 millones no satisfacían sus necesidades alimenticias básicas.
La legisladora, agregó que el nivel de escolaridad está relacionado con la alta mortalidad materna, ya que el 36.5 por ciento de las mujeres fallecidas en los municipios con más de 70 por ciento de población indígena carecía de instrucción y 24.7 por ciento tenía la primaria incompleta.
ABUSOS DE AUTORIDAD, NEGLIGENCIAS MÉDICAS Y AGRESIONES
Estos datos se dan luego de que ayer la misma CNDH iniciara, cuatro meses después del hecho, una investigación de abuso de autoridad por parte de la Policía de Acapulco, Guerrero, contra una mujer indígena que supuestamente robó una botella de agua en un Soriana, el organismo determinó que el trato y la detención se dieron de “manera arbitraria, con uso excesivo de la fuerza pública” lo cual violó “sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a un trato digno y a la integridad, y seguridad personal”.
Por ello, la Comisión solicitó al Ayuntamiento de Acapulco la reparación del daño ocasionado a la víctima, incluida una disculpa pública en lengua náhuatl. Asimismo pidió que se capacite en materia de derechos humanos al personal de Seguridad Pública y de Protección Civil del municipio.
El pasado 19 de febrero la mujer acudió al centro comercial y cuando salía del lugar, fue interceptada por personal de seguridad del establecimiento quienes la pusieron a disposición de elementos de la Policía Preventiva Turística de Acapulco. A pesar de que la víctima preguntó –en su lengua náhuatl– el motivo de su detención, no recibió respuesta.
“La esposaron y metieron a empujones a una patrulla para trasladarla con el Juez Calificador Municipal, quien determinó su libertad al no existir denuncia en su contra por parte del centro comercial”, explicó la Comisión en un comunicado.
En entrevista con la CNDH, la mujer refirió que le quitaron el ticket, los productos que adquirió y enfatizó “en los forcejeos y jalones de caballo de que fue víctima”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI) exigieron el día de ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) cumplir con las sentencias que le ordenan ofrecer una disculpa pública e indemnizar por daño material y moral a las otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.
El 20 de noviembre del 2013 y el 28 de mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) pidió a la PGR, presidida por Jesús Murillo Karam, indemnizar a las mujeres por daño material relacionado al tiempo que dejaron de trabajar y moral, por haberlas exhibido por un delito que no cometieron.
“Los esfuerzos de la PGR para evadir responsabilidad y de indemnizar a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, no solo retrasan la justicia, sino también parecen tener el fin de evitar que la PGR esté obligado a cumplir cabalmente con la protección de los derechos humanos y la justicia en otros casos”, denunciaron las organizaciones.
Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas en Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 3 de agosto de 2006 y sentenciadas a 21 años de prisión por secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Tres años después fueron puestas en libertad.
El 16 de septiembre de 2009, Jacinta Francisco fue liberada debido a que la PGR no pudo sostener las pruebas que dijo poseer en su contra además de las irregularidades en su proceso derivadas de su condición indígena como el no contar con un traductor cuando fue aprehendida.
Jacinta esperó tres años en prisión a que los agentes, que supuestamente secuestró, se presentaran a ratificar su denuncia. Nunca lo hicieron. Con los años se supo que uno de los agentes fue asesinado en Oaxaca en un enfrentamiento de la Policía Federal, mientras que de los otros cinco ya no se supo nada.
Un caso similar se dio en noviembre del año pasado cuando Aurora Elsa Cruz Gutiérrez, mujer indígena menor de edad, fue encarcelada en el municipio de Tepuxtepec, Mixe en el estado de Oaxaca por estudiar el bachillerato y por ello desatender el cuidado de su hija.
En una acta expedida por el Ayuntamiento de Santo Domingo Tepuxtepec difundida en Twitter, se leían las razones por las que la joven fue apresada, “…la señora actualmente se encuentra estudiando en el BIC No. 16, motivo por el cual se ha visto en acto de irresponsabilidades con su hija”, dice.
La menor, de nombre Aurora Elsa Cruz Gutiérrez se comprometió a abandonar sus estudios “para velar el cuidado para el desarrollo y crecimiento de su hija”, tras reconocer que por ello “no le ha puesto la atención necesaria”, según dicta el documento.
Además de apresarla, el gobierno municipal no dio a la menor ninguna opción que no fuera permanecer al cuidado de su hija, por lo que según el diario El Imparcial, de Oaxaca, se violó el derecho a la educación que constitucionalmente tiene la joven.
Asimismo, también a finales del 2013, personal de la cafetería y pastelería francesa “Ok la la”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, le impidió el paso a la maestra guatemalteca, Ali Roxx, al ser confundida con una vendedora ambulante porque portaba el vestido típico de su etnia.
La joven de la etnia k’iche es una estudiante de doctorado en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unich) y aunque no ha hecho pública la denuncia, su amiga Monstserrat Balcorta Sobrino o difundió los hechos a través de redes sociales.
No se trata de incidentes aislados, en ese año, en distintos estados del país se han hecho públicos casos de discriminación en contra de mujeres indígenas embarazadas en instituciones del sector salud.
El que desató mayor indignación fue el de una mujer de origen mazateco, identificada como Irma, quien a inicios de octubre dio a luz en una jardinera del Centro de Salud Jalapa de Díaz, por la presunta negativa de los empleados de este nosocomio para atenderla. Además denunció que ha recibido amenazas por parte del personal médico de la clínica y de funcionarios del gobierno oaxaqueño, quienes le dijeron que “por hacer chismes” sus expedientes del Programa Oportunidades han sido quemados.
-Con información de Notimex
