Los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, deben ser un parteaguas en nuestra exigencia de un alto a la impunidad con la que actúa la delincuencia organizada y por la restauración plena del Estado de Derecho en México.
La protesta de estudiantes que tomaron autobuses; el operativo policial que causó la muerte de algunos jóvenes; la suerte de 43 normalistas que llevan tres semanas desaparecidos tras ser detenidos por policías municipales en Iguala, y la denuncia de presuntos nexos del gobierno municipal de esa localidad con el crimen organizado, son inaceptables. Como sociedad, no podemos permitir que estos hechos queden impunes. Hacerlo, sería perder la esperanza en nuestro futuro como Nación.
Desde la sociedad civil, los empresarios de la COPARMEX exigimos que sean encontrados los desaparecidos, que se castigue a los culpables, pero sobre todo, que se encuentre la verdad de los hechos; con independencia de compromisos e influencias políticas.
Sin embargo, la indignación no debe hacernos perder de vista que es sólo a través de la legalidad, las instituciones y el Estado de Derecho que encontraremos la paz. No se puede combatir la violencia con más violencia, ni dañando las instituciones que nos dan el marco para la vida en común: nadie puede estar por encima de la ley. Por ello condenamos también las protestas y manifestaciones que dañan a terceros y afectan aún más la convivencia entre los ciudadanos, y el desarrollo del Estado.
Desde la sociedad, los empresarios llamamos a comprometernos todos, a asumir cada quién su tarea para reforzar nuestras instituciones, a emprender una Cruzada por la plena vigencia del Estado de Derecho.
En ese marco, y por nuestra parte, los empresarios de COPARMEX refrendamos nuestro compromiso en lo que nos corresponde: redoblando esfuerzos para generar más oportunidades de empleo y desarrollo para más mexicanos, que generen un ambiente de mayor prosperidad para todos.
A la vez, demandamos la labor coordinada de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Guerrero y en todas las regiones en donde hay denuncias ciudadanas contra la violencia de la delincuencia organizada.
Exigimos un compromiso real de los gobiernos estatales y municipales para la puesta en operación de un Mando Único Policial, y de las Policías Únicas por Estado, para que puedan someter de manera más efectiva a la delincuencia organizada sin ser contaminadas. Se necesita una estricta vigilancia en el uso de los recursos públicos asignados a la seguridad en todos los órdenes de gobierno.
Debemos poner énfasis en la formación y capacitación de los policías, desarrollar planes de estudio profesionales que sean impartidos en Universidades e instituciones de educación superior, y que refuercen las competencias cívico-éticas y el compromiso con la Patria de nuestros policías.
Las Procuradurías estatales tienen que realizar investigaciones exhaustivas de cualquier denuncia ciudadana, con independencia y transparencia, integrando correctamente las averiguaciones previas, para que efectivamente se castigue a los culpables.
El Poder Judicial tiene que hacer su parte también, persiguiendo eficazmente a los delincuentes y sancionando de manera ejemplar los actos violentos y las prácticas corruptas, ya que para vigorizar el tejido social se requiere reducir los altos niveles de impunidad.
Porque es la desconfianza en las instituciones uno de los mayores obstáculos para la denuncia y la participación activa de la sociedad. La más reciente encuesta de INEGI, publicada hace apenas unos días, nos indica que la cifra de delitos no denunciados – cifra negra- es de más del 90%. Esto se explica mayormente por la desconfianza de los ciudadanos: un 65% de las víctimas evita denunciar el delito por considerarlo una pérdida de tiempo o por no confiar en las autoridades. [1]
Por ello, toda estrategia de seguridad, además de ser eficaz, debe estar basada en la legalidad, la transparencia y la eficacia en la impartición de justicia. Sólo así podremos reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones, condición fundamental para el progreso de nuestra Nación.
Trabajemos todos, cada cual en el lugar que le corresponde, para que Iguala sea un punto de quiebre: que jamás se repita en ninguna otra parte del país, y que los culpables sean hallados y castigados. No permitamos que haya impunidad. Hacerlo, sería tanto como traicionar la Nación en paz, con justicia y democracia por la que tanto hemos trabajado los mexicanos.
Juan Pablo Castañón.
Presidente Nacional de COPARMEX.
@jpcastanon
[1] Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, INEGI. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2014/septiembre/comunica11.pdf
