El Ombudsman Luis Raúl González Pérez consideró que “la autoridad que dolosamente pretende justificar el que no se garantice la seguridad e integridad de las personas, aduciendo que no lo hace porque los derechos humanos no se lo permiten, además de confundir a la opinión pública, reconoce expresamente su omisión o incapacidad para cumplir con las obligaciones que la Ley le impone”, ya que “la defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la Ley o que la misma sea objeto de negociación. Por el contrario, sólo en el marco de la Ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes”.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró esta mañana que ya se está haciendo una revisión del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, el cual desató una ola de violencia. Más tarde, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió emprender una investigación objetiva e imparcial del caso.

“Sí se está haciendo una revisión. El Secretario de la Defensa [Luis Cresencio Sandoval González] hace una evaluación. Ellos reconocieron que no actuaron con precaución, entonces se está haciendo una revisión de este tema. Lo importante es que al cometerse este error en el operativo, se tomó la decisión de detenerlo porque en tiempos, en otros tiempos, pues era aunque hubiesen daños colaterales”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, donde también mostró su disposición a comparecer con las autoridades competentes por el caso.

El Presidente ofrece su tradicional encuentro matutino con la prensa desde Palacio Nacional. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Ovidio Guzmán López es hijo de la segunda esposa de “El Chapo”, Griselda López. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que juega un rol importante en el Cártel de Sinaloa. En febrero, fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para distribuir drogas junto con su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años.

Ante dicha situación, González Pérez insistió en que “se requeriría una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada. En este caso es importante conocer qué pasó y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan”.

“En Culiacán, más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objeto de evitar una pérdida mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la población civil, así como los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiese arrojado un resultado distinto”, destacó durante la inauguración del Foro Nacional “Sumemos causas por la seguridad: ciudadanos + policías”.

Desde el evento organizado por la organización “Causa en Común”, el encargado de la CNDH recordó que se ha anunciado el inicio de investigaciones sobre el desempeño de diversos servidores públicos, respecto de las cuales ya se ha anticipado que parten de la premisa de que ningún mando superior o miembro del Gabinete de Seguridad fue advertido de estos hechos, “situación que no abona en nada a hacer efectivo el derecho a la verdad que asiste a las víctimas, ni contribuye a que la sociedad conozca la realidad de lo sucedido en Culiacán”.

“La autoridad que dolosamente pretende justificar el que no se garantice la seguridad e integridad de las personas, aduciendo que no lo hace porque los derechos humanos no se lo permiten, además de confundir a la opinión pública, reconoce expresamente su omisión o incapacidad para cumplir con las obligaciones que la Ley le impone. La defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la Ley o que la misma sea objeto de negociación. Por el contrario, sólo en el marco de la Ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes”, sentenció.

Asimismo, recordó que los derechos humanos no son un obstáculo para la aplicación de la Ley, ni son antagónicos con aquellos servidores públicos que tienen a su cargo la alta responsabilidad de procurar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia en nuestro país y que arriesgan día con día su integridad física y su vida en beneficio de las y los mexicanos.

“Nuestro empeño es porque la Ley se aplique y se cumpla con respeto a la dignidad de las personas, porque el servidor público que ejerza debidamente sus funciones sea reconocido, pero quien se aleje del debido cumplimiento de su deber, incurriendo en un abuso de poder responda de sus actos conforme a derecho y se prevengan abusos posteriores. En la medida en que las autoridades ejerzan sus obligaciones conforme lo mandatan las normas y sean respetuosas de la dignidad de las personas, su conducta no podrá ser cuestionada por resultar violatoria de los derechos humanos”, apuntó Luis Raúl González Pérez.

Por otra parte, aseveró que México enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de inseguridad y violencia, ya que pese a las intenciones expresadas y a los replanteamientos que se han intentado hacer en este ámbito, el alza en índices delictivos, el número de homicidios registrados durante el año, así como lo ocurrido en Michoacán, Guerrero o Sinaloa en días recientes, “han evidenciado la gravedad de la problemática que el país enfrenta, la condición de nuestras instituciones, su real alcance y sus limitaciones, además de la crónica debilidad de nuestro Estado de derecho”.

“El Estado no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la Ley y hacerla cumplir. La Ley no puede ser objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar. El que las autoridades claudiquen en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de las acciones de particulares, representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia”, agregó.

A su vez, sostuvo que respetar y hacer que la Ley no puede confundirse con represión. “El uso legítimo, debido y conforme estándares internacionales de la fuerza es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan. No viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza haciendo un uso adecuado de la misma, por el contrario, los violenta, quien aduciendo un mal entendido respeto de los derechos fundamentales renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene como autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos en contra de las personas a quienes debería proteger y procurar”, indicó.