La carta firmada por algunos de los más destacados académicos y organizaciones del mundo especializadas en nutrición y salud pública pidieron al Presidente Peña “defender los valores de la libertad de expresión, los derechos humanos y la salud pública, al investigar de fondo esta situación y llevar a los actores responsables ante la justicia”.

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– Más de cien académicos y organizaciones de México y el extranjero solicitaron al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto que lleve ante la justicia a los responsables del espionaje a los activistas y expertos que promueven los impuestos a las bebidas de alto contenido calórico.

En una carta pública, recordaron que el mes pasado el diario The New York Times y The Citizen Lab dieron a conocer el espionaje del que fueron víctimas Simón Barquera, director del área de investigación en políticas y programas de nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, ex director de Fundación Mídete; y Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.

“En un país con unas de las tasas más altas de sobrepeso, obesidad y diabetes, se debería elogiar a estos hombres por sus esfuerzos en defensa de la salud pública, en lugar de vigilar o amenazarlos”, recalcaron en la misiva.

“La comunidad internacional de la salud pública” exigió directamente al Presidente Enrique Peña Nieto “defender los valores de la libertad de expresión, los derechos humanos y la salud pública, al investigar de fondo esta situación y llevar a los actores responsables ante la justicia”.

En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Calvillo denunció que hasta el momento ninguna autoridad mexicana se ha hecho responsable del caso y adelantó que en los próximos días solicitará una reunión con Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario para Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de entregarle el reporte donde se expone el espionaje del que él y dos personas más fueron objeto.

No obstante, señaló que el tipo de tecnología que se utilizó para espiar es vendida únicamente a los Gobiernos, por lo que consideró que incluso autoridades mexicanas podrían estar involucradas en el caso.

“Se debe investigar de oficio porque hay un reporte de una institución muy importante, que es Citizen Lab, reconocida por su gran prestigio al hacer este tipo de investigaciones”, exigió.

Además, señaló que en su momento pidieron a la Segob que tomara el caso, sin embargo, lamentó, hasta el momento ningún funcionario se ha pronunciado al respecto. En contraste, informó, se presentaron dos puntos de acuerdo, uno por la Senadora independiente Martha Tagle Martínez y otro por la Diputada Araceli Damián, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Pedimos que cesen este tipo de actos de vigilancia a personas que trabajamos por los derechos humanos, en nuestro caso, por el derecho a la salud”, urgió.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a que investiguen a profundidad el caso y lleven a los responsables ante la justicia para evitar que continúe sucediendo, de lo contrario, remarcó, se expondría de forma “muy grave” al Gobierno de Enrique Peña Nieto ante la comunidad internacional.