Amnistía Internacional consideró que si bien las nuevas leyes tienen avances para la protección de los derechos humanos, cuentan también con una serie de retos y de graves errores que podrían provocar más abusos.
México, 22 de mayo (EFE).- El Congreso de México se apresta a aprobar leyes en materia de seguridad pública con normas contrarias al derecho internacional que pondrían en riesgo los derechos humanos y socavarían la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno, señaló este miércoles Amnistía Internacional (AI).
El Senado mexicano aprobó este 21 de mayo cuatro leyes como parte de un acuerdo legislativo para implementar la nueva Guardia Nacional con el que el Gobierno federal se propone hacer frente a la crisis de inseguridad en el país, y las envió a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
“Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad, sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si considera que las manifestaciones públicas no son legítimas”, señaló Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.
Amnistía consideró que si bien las nuevas leyes tienen avances para la protección de los derechos humanos, cuentan también con una serie de retos y de graves errores que podrían provocar más abusos en un país asolado por más de una década de crisis de seguridad y de violaciones a los derechos humanos.
“Miembros del Senado señalaron públicamente que las recomendaciones de Amnistía Internacional estaban retomadas en los borradores, hasta entonces secretos, que estaban discutiendo. Sin embargo, las leyes tienen deficiencias que la organización pudo haber señalado si el Senado hubiese permitido la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil”, dijo Reneaum.
Lamentó asimismo “la prisa y la opacidad con que el Senado aprobó estas leyes sin hacer públicos sus borradores, lo que impidió que recibiera contribuciones puntuales de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales de derechos humanos y de otras personas expertas”.
“Este es un error que la Cámara de Diputados tiene posibilidad de enmendar para asegurar la mayor protección a los derechos humanos y, para tal fin, la organización está dispuesta a contribuir con insumos técnicos para el proceso legislativo”, acotó.
