Cuando se asesina a un Juez no hay duda de que lo que se pretende es que no ejerza la justicia que puede impartir. Imagen ilustrativa. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.

Los que preconizamos el Estado de derecho le reconocemos, sin más, un mérito histórico: abrir las vías a la subordinación del poder público a las leyes y, por ese camino, facilitar la consolidación de la democracia como el mejor sistema político. Pero no sólo es el poder de ese corte el que se somete a un resistente corsé, si no todos, y por esto entiendo a los que de facto se imponen y sobreponen al Estado y al Gobierno. En esto incluyo los altos grupos de la élite económica, los poderosos banqueros, los jerarcas de las iglesias, los jefes de la partidocracia y, en un sitio muy especial, al crimen organizado del narcotráfico y a sus muchos aparatos y ramificaciones que tienen en el lavado de dinero la colusión con el Gobierno y las finanzas, el trasiego de armas, el control territorial e infinidad de rubros que me sería imposible reseñar ahora.

No corren tiempos favorables al ideal del Estado de derecho, como suele ser denominador común a todas las expresiones del populismo instalado en los gobiernos que se observa en el planeta. Empero, cuando empiezan a matar a los jueces todo se adentra en el peor de los mundos posibles.

En todo el país cobró resonancia –no es para menos– el doble homicidio de Uriel Villegas Ortíz y su esposa, Verónicas Barajas, a las afueras de su casa en Colima y en presencia de sus hijos como mecanismo de escarmiento. Uriel Villegas fue un profesional del derecho y a la hora del crimen era titular de un juzgado de distrito en materia penal en el estado en mención; en sus manos estaban delicados expedientes que afectan o podrían afectar a los capos del cártel Jalisco Nueva Generación, según se sabe a través de los medios. Sin duda el Juez estaba en una vitrina y a la vista de todo el mundo sus inmensos riesgos, que dependían de sus resoluciones, fuere en un sentido o en otro.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que escaló al cargo por su cercanía con el Presidente de la República, ha catalogado este homicidio como “un crimen de estado”, clasificación que en el argot mexicano resulta extraña porque se le emplea cuando hay una evidencia muy clara que desde el Gobierno, por comisión o por omisión, se comete un delito de esta naturaleza. Pero, por el cargo de Zaldívar, vinculan las palabras al máximo de las obligaciones que corren para esclarecer todos los aspectos del condenable y doloroso doble homicidio, máxime que el estado de Colima ha pasado a jugar un papel muy importante por la inseguridad endémica que ahí se padece al ser una zona de influencia del cártel jalisciense y además corredor muy propicio de la mercancía negra.

Cuando se asesina a un Juez no hay duda de que lo que se pretende es que no ejerza la justicia que puede impartir. Su función pública es la que se está obstruyendo a través de la supresión misma de la persona que ocupa el cargo de impartidor de justicia. Pero no se detiene ahí esta brutal acción que a todos por parejo nos golpea: en esencia los destinatarios del mensaje son todos los jueces, magistrados y ministros a los que se amenaza para que sepan –de hecho lo saben– cuáles son los riesgos que se corren al ocupar los puestos cardinales en el Poder Judicial federal. Después de ellos está la sociedad entera, que con estos crímenes difícilmente puede creer que el Estado de derecho existe o que está a la vuelta de la esquina.

En la retórica de los abogados, ausentes como cuerpo en este tipo de problemas, siempre estarán presentes las palabras del maestro Piero Calamandrei, que además de jurista fue político, para hacer el elogio de los jueces hablando de un círculo que va de la propia abogacía a la judicatura y luego desembocar en la justicia, a nombre de la cual hay cualquier cantidad de discursos demagógicos. Pero eso no basta. En todas direcciones se impone levantar la voz y vertebrar acciones para salir de este infierno que se prefigura vía los asesinatos de jueces. Recuerdo ahora que hace unos años corrió igual suerte Vicente Bermúdez Zacarías, también Juez de distrito eliminado en el Estado de México.

A decir verdad, soy poco optimista de que los abogados asuman un rol significativo en este cambio. Lo que está en juego, y no se percatan de ello, es que el derecho ya no puede ser simplemente un instrumento para ganar dinero o para que los gobernantes, con grotescos mecanismos, se hagan de poder. El derecho, junto con la política, cuando se enaltecen todos ganamos, porque son piezas angulares de un estado para todos, en el que hay conflictos que se resuelven en favor de uno y en contra de otros, garantizando que los impartidores de justicia y los árbitros se respeten al cien por ciento, en especial su integridad física.

Desde este espacio elevo mi solidaridad con la familia del Juez victimado y su señora esposa, y lo hago con especial sentimiento porque el abuelo de Villegas, de igual nombre, fue el dueño de una imprenta en la que publicamos en Chihuahua un periódico socialista en los tiempos de feroz represión del Gobernador matón Óscar Flores Sánchez. Hay afecto y hay dolor.