Ha sido decepcionante. ¿Para que engañarse? ¿Para qué buscar adjetivos más tímidos? El matiz no es posible ni deseable: la política del presidente López Obrador en torno a las drogas y su regulación ha sido decepcionante.

Los hechos: El sexenio está por terminar y poco o nada avanzamos en la posibilidad de crear una política de drogas distinta. En este tema no hubo transformación. Fue lo mismo de siempre. Y quizás peor. Seis años perdidos.

La decepción es hija de la expectativa. Tiene fundamento en las promesas de campaña del presidente, no en el capricho de quien escribe. El Plan de Desarrollo 2019-2024 —un documento de Gobierno— tiene frases y conceptos que hoy sonrojarían a sus redactores. Habla del fin de la “guerra contra las drogas”, de la “insostenibilidad” de la “estrategia prohibicionista” y de la necesidad de “renunciar a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias”. El texto podría ser más amplio, pero no más directo.

Hay poco espacio para la interpretación. Juzgue usted:

“La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación”.

Parecen palabras de otro Gobierno, de otro Presidente. Y, a juzgar por lo visto los últimos días, parecen de otro país. Veamos, por ejemplo, la campaña federal contra las drogas tituladas “En el mundo de las drogas no hay final feliz” o “Si te drogas, te dañas”, estrategias publicitarias del Gobierno federal que bien podrían haber sido diseñadas por la Unión Nacional de Padres de Familia. La campaña no distingue entre sustancias, no problematiza la cuestión de la peligrosidad, ni diferencia el consumo problemático del recreativo. Estigmatiza, criminaliza y es, no sobra decirlo, ineficiente.

¿Otra muestra? La nueva sección semanal de la “mañanera” que conduce Hugo López-Gatell dedicada a “evitar que se extienda el problema de la drogadicción”. La emisión sobre la “cocaína” de la semana pasada no fue sino una letanía de prejuicios, datos inexactos y relaciones espurias. Ni una sola evidencia empírica, ni una referencia a toda la investigación publicada en los últimos veinte años. Por supuesto, ni una mención al Plan de Desarrollo preparado en 2019. Nixon sonríe desde el infierno.

¿Está realmente el Gobierno federal preocupado por el consumo de sustancias ilegales? Bien, de acuerdo. La solución es sencilla: que comience por generar información sobre el consumo de drogas en el país. Esto permitirá medir la escala del problema y ejecutar políticas públicas al respecto.

Ni eso se ha hecho. La última “fotografía” que tenemos sobre consumo de sustancias, proviene de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENDOCAT) de 2017 y está basada en datos levantados en 2014. Desde entonces no tenemos información sobre las tendencias de consumo de estupefacientes en México. La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) argumenta que no hay presupuesto. En un contexto de expansión de consumo de fentanilo y otros opiáceos sintéticos no tener información como la que proporciona ENDOCAT es actuar con negligencia. Damos palos en la oscuridad. Normal que nos peguemos entre nosotros. No sorprende, entonces, que la política de comunicación de gobierno esté basada en prejuicios.

El Gobierno federal ha quedo a deber. El debate sobre legalización del cannabis se detuvo en el tiempo y las propuestas de implementar políticas de reducción de daños son papel mojado. No hubo políticas de sustitución de cultivos ni apoyo a cultivadores de amapola y marihuana. Todo lo contrario. Hubo bala y más bala. Lo de siempre.

Hay que ser ciegos o muy obtusos para no reconocer los avances sociales conseguidos en esta administración. En muchas áreas, el Gobierno del Presidente López Obrador entregará buenas cuentas. No será así en el tema de la regulación de drogas. No solo se incumplió una promesa de campaña y un programa de Gobierno; también se perdió la oportunidad para avanzar hacia una política de drogas que, por un lado, reconozca el problema de salud que generan algunos estupefacientes y, al mismo tiempo, disminuya la violencia generada por la persecución policial de estos mercados. A pocos meses de acabar el sexenio estamos muy lejos de ese óptimo. Y el responsable está en Palacio Nacional.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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