En julio un juez federal resolvió a favor de la tribu yaqui, en Sonora, para que la empresa Aguaprieta, filial de IEnova, parara las obras de construcción de un gasoducto de Estados Unidos a Sinaloa que proveerá a la Comisión Federal de Electricidad.

La compañía, dirigida por el ex titular de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, siguió operando por lo que la comunidad arrancó cables y perforó tuberías provocando una fuga de gas. Ante ello, ambas empresas los acusaron de “grupo criminal” y “vandalismo” y advirtieron que los precios energéticos se encarecerían por el daño.

Sin embargo, al violar el amparo concedido y no haber implementado una consulta previa, los delincuentes son ellos, acusaron los yaquis de Loma de Bácum.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La tribu yaqui continuará defendiendo su territorio en Sonora luego de que la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la señaló de “grupo criminal” por oponerse a la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro mediante actos de “vandalismo” que provocaron una fuga de gas natural a la altura de Loma de Bácum.

El Alcalde priista de Cajeme, Faustino Félix Chávez, pidió en agosto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interviniera, pero no procedió. Hasta el momento sólo fuerzas estatales y federales los han resguardado.

Martín Valencia, miembro de la Guardia Nacional de Lóma de Bácum, dijo a SinEmbargo –vía telefónica– que “los únicos delincuentes es la empresa, quien está invadiendo un terreno indígena abusando de su poder económico, legal y jurídico. No les importó el amparo que nos otorgó un juez federal. Ellos tienen que respetar la Ley, que no pongan en riesgo la vida de la tribu yaqui; que se vayan por otro rumbo”.

Hace tres años la firma Gasoducto Aguaprieta –filial de IEnova dirigida por el ex titular de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán– llegó al pueblo yaqui Loma de Bácum para construir un gasoducto de Estados Unidos a Sinaloa para proveer de energía a la CFE. Sin embargo, acusaron sus habitantes, ha instalado la obra sin una consulta libre, previa e informada acorde con el derecho indígena.

Los de Bácum interpusieron un amparo que prohibe a la empresa realizar cualquier actividad dentro de su territorio. Aunque en julio un juez federal falló a su favor, la obra continuaba.

Desde agosto de este año los mismos yaquis han arrancado los cables eléctricos y perforado la tubería hasta causar una fuga de gas natural. Incluso retuvieron en la Guardia Tradicional a cuatro empleados de la subsidiaria de Ienova que laboraban, pero posteriormente los trasladaron al ministerio público.

Y lo advirtieron por escrito. Emitieron un documento en el juzgado séptimo de Ciudad Obregón, a media hora de Bácum, argumentando que, basados en sus usos y costumbres, confiscarían a la empresa vehículos o aparatos que introdujeran a la obra sin su consentimiento.

La gente de la comunidad yaqui, “harta de tanta corrupción se impuso y no los dejó continuar”, porque la empresa siguió entrando a su territorio a pesar de que un juez federal resolvió a su favor, expuso Valencia.

Agregó que los mismos empleados de la compañía “estaban haciendo excavaciones en la tubería y ellos mismos la rompieron. Los evidenciamos con video haciendo daños a su propia obra para inculparnos”

En un comunicado de agosto, la CFE los culpó de haber cometido “actos de sabotaje y vandalismo que provocaron daños en el ducto que requiere su reparación inmediata para normalizar su operación”.

Luego, el director de CFEnergía, Guillermo Turrent, advirtió en rueda de prensa que los precios de los energéticos se encarecerían y el suministro de gas se reduciría en caso de que no se permita la reparación del gasoducto por “las afectaciones de sabotaje del grupo”, ya que la CFE “se verá forzada a comenzar a utilizar combustibles sustitutos al gas natural como combustóleo para la generación de energía eléctrica”.

Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, aseguró que la CFE tiene un doble discurso.

“Ante los medios, muestra [la CFE] a la tribu yaqui como perversa, cuando el crimen lo cometen otros; dice que no ha cometido delito alguno, pero omite informar que hay una sentencia de un tribunal colegiado de justicia”.

Por su parte, la empresa Ienova reprobó los actos de “sabotaje” así como “los ataques” a su personal que acudió a intentar reparar la fuga. “Este tipo de actividades delictivas ponen en riesgo la correcta operación y la seguridad de las personas”, expuso en un comunicado.

Martín Valencia, de la Guardia Tradicional yaqui, expuso que “no se puede dar el consentimiento de algo (reparar la fuga) que ni siquiera debería de existir. Si esta empresa respetara la Ley, esa obra no estuviera ahí”.

El 21 de octubre del año pasado marcó un antes y un después en Bácum: al mediodía, unos 600 “cholos enviados del Gobierno” arribaron al poblado y atacaron a 40 habitantes con palos, piedras y balazos. Hubo un muerto, heridos y al menos 12 autos incendiados. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

TRES AÑOS DE CONFLICTO

Higinio Ochoa, miembro de la Guardia Tradicional, aseguró que hace tres años la empresa y el gobierno estatal les prometió desarrollo y empleos, pero nunca advirtieron  las desventajas y riesgos que traería la obra, entre ellos, una explosión por el gas metano que afectaría a unos 15 mil sonorenses.

“El territorio que nos dejaron nuestros antepasados se tiene que defender aún a costa del derramamiento de nuestra propia sangre. Aquí nacimos, aquí vamos a morir””, dijo.

Casilda Flores, habitante de Loma de Bácum, contó que fueron unos autodenominados líderes yaquis quienes negociaron el contrato, pero ellos no conocieron el trasfondo del proyecto sobre los beneficios y afectaciones.

“Nosotros no vemos nada de desarrollo, todo lo contrario. Es un despoje el que estamos viendo”, expuso. “Estamos viviendo en una zozobra total no solo en Bacum sino en todo el territorio yaqui por los intereses de extranjeros y trasnacionales de imponer un proyecto que no es de la tribu y no nos beneficia”.

Además del despojo, han enfrentado violencia. Al mediodía del 21 de octubre del año pasado, mientras los niños salían de la escuela, alrededor de 600 “cholos enviados del Gobierno” arribaron al poblado para atacar a 40 habitantes con palos, piedras e incluso balazos.

Durante el conflicto se tocaron las campanas de la Iglesia de la Virgen del Camino de una manera atípica, por lo que la gente se alarmó. Hubo un muerto –miembro de los del grupo foráneo–, heridos y al menos 12 autos incendiados.

“Ya no conocemos la paz. Cualquier cosa, si pasa una persona o auto desconocido, ahí estoy. Hay mucho temor”, dijo Francisca Vázquez, habitante.

Más de un año después siguen exigiendo la liberación de Fildencio Aldama, un detenido durante la trifulca acusado del asesinato registrado ese día. En noviembre, habitantes de Loma de Bácum y Guamúchil, otro pueblo yaqui, se manifestaron bloqueando una caseta.

Faustina Fuentes González, vocera de las mujeres de la etnia, dijo a la prensa local que Fidencio está preso a pesar de ser inocente y exigió que se respeten sus usos y costumbres. Jesús Moroyoqui Ramírez, otro integrante de la etnia, agregó que las autoridades no han podido comprobar su culpabilidad, por lo que es un preso político.