Ciudad de México, 24 de ene (SinEmbargo).– El periodista mexicano que fue despedido por Televisa a causa del montaje que permitió la liberación de Florence Cassez –realizado Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino–, dijo esta mañana en un amplio texto que el gobierno está obligado ahora a “garantizarnos justicia e igualdad, asegurarnos que ningún funcionario, ninguna institución pública o privada, esta por encima de la ley”.
Pablo Reinah, actualmente periodista en UNO TV, fue el reportero que narró para la televisora, el 9 de diciembre de 2005, la transmisión sobre el arresto fingido de Cassez y los integrantes de la banda de Los Zodiaco. Televisa lo despidió. Reinah alegó siempre que no estuvo enterado de que se trataba de un montaje, hasta que las autoridades federales debieron reconocérselo. Pero lo dejaron sin trabajo.
El montaje, de acuerdo con la ministra Olga Sánchez Cordero, fue la razón por la que se tuvo que liberar a Florence Cassez, independientemente de que fuera culpable de secuestro o no.
HABLA LA MAGISTRADA SOBRE EL MONTAJE: La magistrada del Supremo mexicano Olga Sánchez Cordero defendió hoy su actuación salvaguardando los derechos de la francesa Florence Cassez en el fallo que este miércoles la liberó, y dijo que lo que más pesó para anular el juicio fue el “montaje” televisivo orquestado por la policía mexicana. “Ellos (las autoridades mexicanas) lo llamaban recreación, pero sí, fue un montaje” y fue el elemento que tuvo “el mayor peso”, reconoció Sánchez Cordero en entrevista con la emisora MVS. Cassez fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 en la carretera México-Cuernavaca y un día más tarde la policía mexicana simuló su captura en vivo. IR A LA NOTA
“Más allá de si es culpable o inocente, el tema en juego es la impartición de justicia en México, la discrecionalidad con que se maneja, la corrupción que permea a nuestro sistema de justicia, la división entre presuntos culpables de primera y segunda categoría, la regla de ser culpable hasta que se demuestre lo contrario”, dice Reinah en un texto publicado en su blog.
“Está en juego la credibilidad de un sistema de justicia, de instituciones y autoridades que durante años han evadido el tema, quizá porque los verdaderos culpables de este caso en particular eran funcionarios en servicio”, agrega.
Los responsables del operativo, “Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta hace semanas, así como Luis Cárdenas Palomino, encargado de la División de Seguridad Regional de la misma dependencia no fueron llamados a cuentas formalmente como requería un escándalo de esta magnitud. Por el contrario, recibieron el respaldo del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, quien, sin lógica alguna y sin escuchar razones prefirió incumplir tratados internacionales y enemistarse con un país amigo como Francia”, señala.
“Paradójicamente –dice–, estos funcionarios fueron condecorados en distintas ocasiones: Genaro García Luna, con tres premios INNOVA por parte del gobierno mexicano en reconocimiento a las prácticas exitosas de innovación en la Administración Pública Federal, mientras que Cárdenas Palomino fue reconocido como el ‘Mejor Policía de México’ en 2010”.
“Durante los 6 años que estuvo al frente de la Secretaria de Seguridad Pública, nadie lo cuestionó ó entrevisto a fondo y con rigor, como la situación lo ameritaba”, señala.
TEXTO ÍNTEGRO
Florence Cassez… siete años después
Por: Pablo Reinah.
@PabloReinahNingún caso ha llamado la atención de la opinión pública por más de siete años como el de Florence Cassez.
Su origen extranjero, la férrea defensa del ex presidente Nicolás Sarkozy para lograr su extradición y el constante reflector de los medios que desde un principio ha tenido son algunos de los ingredientes que la hicieron notable.
Es ya de todos sabido que la autoridad a cargo del operativo creó un montaje alrededor de su detención, engañando a reporteros, medios y a la opinión pública; hecho descubierto a raíz de la denuncia de la misma Florence Cassez ante las autoridades de su país.
Como respuesta, Cassez logró el reclamo diplomático del gobierno de Francia a México, por lo que a las autoridades mexicanos no les quedó más remedio que aceptar la farsa pero argumentando otra mentira: que habían sido los medios de comunicación quienes solicitaron la recreación de los hechos.
En lo personal, esta declaración del entonces director de la AFI, me costó una larga y difícil batalla por limpiar mi nombre de una calumnia como quedó comprobado año y medio después cuando, tras una queja interpuesta por mí ante el Programa de Agravio al Periodista de la CNDH, la Procuraduría General de la República emitió una carta dirigida a este reportero en la que reconoce que “en la información sobre el operativo desarrollado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, no se precisó que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada y por lo tanto no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz”.
Siete años después el caso sigue vivo, este miércoles la Primera Sala de la SCJN analizará públicamente el proyecto del amparo en revisión que interpuso la ciudadana de origen francés, bajo la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero.
Más allá de si es culpable o inocente, el tema en juego es la impartición de justicia en México, la discrecionalidad con que se maneja, la corrupción que permea a nuestro sistema de justicia, la división entre presuntos culpables de primera y segunda categoría, la regla de ser culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Está en juego la credibilidad de un sistema de justicia, de instituciones y autoridades que durante años han evadido el tema, quizá porque los verdaderos culpables de este caso en particular eran funcionarios en servicio.
Los responsables del operativo, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta hace semanas, así como Luis Cárdenas Palomino, encargado de la División de Seguridad Regional de la misma dependencia no fueron llamados a cuentas formalmente como requería un escándalo de esta magnitud. Por el contrario, recibieron el respaldo del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, quien, sin lógica alguna y sin escuchar razones prefirió incumplir tratados internacionales y enemistarse con un país amigo como Francia.
Paradójicamente, estos funcionarios fueron condecorados en distintas ocasiones: Genaro García Luna, con tres premios INNOVA por parte del gobierno mexicano en reconocimiento a las prácticas exitosas de innovación en la Administración Pública Federal, mientras que Cárdenas Palomino fue reconocido como el “Mejor Policía de México” en 2010.
Esto a pesar del caso Cassez y de muchos otros operativos en los que han sido señalados por sus obsesivos manejos mediáticos como la liberación del técnico de futbol argentino Rubén Omar Romano, la detención de José Mar Flores Pereira, quien intentó secuestrar un avión armado sólo con dos latas de jugo; la fortuita detención de “La Barbie” y recientemente, por la manipulación de la información de los hechos ocurridos en el atentado a una camioneta en la que viajaban un oficial de la Armada de México y dos diplomáticos de Estados Unidos, conocido como el caso “Tres Marías”.
En el operativo donde se detuvo a Florence Cassez estuvimos presentes decenas de reporteros representando a decenas de medios de comunicación. En ese entonces ninguno, ni uno sólo, advirtió, sospechó o denunció que se tratara de un montaje.
A pesar de que fuimos los medios de comunicación, también afectados al ser señalados por García Luna como los responsables de haber solicitado el montaje, (el ex secretario nunca dio un sólo nombre en sus declaraciones, solo sostuvo que “fue a petición de los medios que se realizó el montaje”). Durante los 6 años que estuvo al frente de la Secretaria de Seguridad Pública, nadie lo cuestionó ó entrevisto a fondo y con rigor, como la situación lo ameritaba.
El gobierno mexicano, los pasados, presentes y futuros, están en deuda con los ciudadanos. Tienen hoy la obligación de terminar con estas historias, con todos los presuntos culpables, mexicanos o no, encarcelados, señalados y sentenciados injustamente. Deben garantizarnos justicia e igualdad, asegurarnos que ningún funcionario, ninguna institución pública o privada, esta por encima de la ley.
Yo, como uno de los reporteros que cubrió aquel operativo y como mexicano, espero que el caso Cassez sirva, no sólo para evidenciar las fallas de nuestro sistema de justicia, los favores políticos y las mezquindades de quienes se vieron involucrados; espero y deseo que sea una experiencia de la que hayamos aprendido lo que no queremos ser ni debemos permitir.
