Analistas y expertos en seguridad opinaron que el alza de la violencia en el país se debe, además del reacomodo de cárteles, a factores como el arrastre de una fallida estrategia en seguridad, la carencia de un plan focalizado por región, la insuficiencia del Estado mexicano para investigar y combatir los delitos desde lo local, así como la incapacidad para desmantelar las redes macrocriminales.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- La violencia en México anotó otro récord en el primer trimestre de 2019 y se ubicó como el más letal desde que se tiene registro. Además, el crecimiento de asesinatos se presentó en el 56.25 por ciento del territorio nacional. Analistas y expertos en seguridad consultados por SinEmbargo opinaron que el alza de violencia se debe, además del reacomodo de cárteles, a múltiples factores, entre ellos, el arrastre de una fallida estrategia en seguridad.

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, la espiral de violencia no sólo se presenta en la cantidad de delitos, también en la calidad de los mismos.

La masacre en Minatitlán puso de nuevo la lupa mediática en el recrudecimiento de la violencia que no ha cesado desde el 2015. La noche de pasado 19 de abril, un Viernes Santo, un grupo de hombres armados irrumpió en una fiesta celebrada en la colonia Obrera, de Minatitlán, y asesinó a al menos 13 personas, entre ellas un bebé de un año edad.

El Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, ha dicho que la línea de investigación del homicidio múltiple es por una presunta una venganza entre dos cárteles de la zona.

LOS FACTORES DE LA VIOLENCIA

Lilian Chapa Koloffon, Investigadora en World Justice Project México, y Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicaron que los repuntes de violencia no se pueden abordar con una causa general para todo el país porque se presentan por varios factores y los patrones son distintos según la región.

“Es difícil hablar de una sola realidad de México […] los parámetros siempre son regionales, la violencia tiene sus propias causas, su propia lógica […] tiene lógicas locales, lógicas regionales […] cada una de las regiones va a tener necesidades muy específicas”, aclaró Vázquez.

Pero en términos generales, para el investigador de la UNAM, la violencia es un problema estructural y son al menos tres factores que la generan: la económica (desigualdad económica, pobreza), la ausencia del estado de derecho (impunidad) y la existencia redes de macro criminalidad.

Las redes de macrocriminalidad, detalló, tienen tres estructuras: la financiera, la criminal y la política.

Lilian Chapa de igual manera manifestó que cada entidad federativa tiene una dinámica y una fuente de delito diferente: “Las fuentes de los homicidios son varias y es ahí donde radica el trabajo que tiene que hacer el Estado para identificar cuáles son las fuentes de la violencia”.

Las víctimas de homicidio doloso subieron 9.7 por ciento en los primeros tres meses del presente año con respecto al mismo trimestre de 2018. A nivel de estatal, el número de personas asesinadas creció en 18 estados del país, más de la mitad del territorio, y bajó en 14 entidades.

En Minatitlán 13 personas fueron atacadas. Foto: Cuartoscuro.

Los cinco estados donde más creció la violencia de enero a marzo son: Nuevo León, 104 por ciento; Ciudad de México, 48 por ciento; Tabasco, 47 por ciento; Quintana Roo, 46 por ciento y Jalisco, 38 por ciento.

Sin embargo, en Veracruz, donde ocurrió la masacre de Minatitlán, es uno de cinco estados que – aunque son de los considerados de los más violentos- los homicidios dolosos disminuyeron. En la costa veracruzana el asesinato de personas cayó 12.86 por ciento durante el primer trimestre del año; en Guerrero descendió 33 por ciento; Tamaulipas, 16.27 por ciento; Sinaloa, 19.91 por ciento, Baja California, 5.54 por ciento y Nayarit, que estaba repuntando a violencia, el número de muertes por asesinato descendió un 71 por ciento.

La tendencia de los asesinatos y los homicidios perpetrados con armas de fuego tuvo un comportamiento casi a la par: en las entidades donde subió el número de asesinatos, también se engrosó el porcentaje de los homicidios con arma de fuego, a excepción de Tlaxcala, donde el número de víctimas de homicidios dolosos –41 en el primer trimestre 2018–, bajó a 38 víctimas de enero a marzo de 2019, pero los homicidios con arma de fuego subieron de 20 a 25 casos.

En México al menos el 75 por ciento de la población del país (93 millones de mexicanos) vive en condiciones de violencia, de acuerdo al informe del Índice de Paz México (IPM) 2019. El 2018 fue el tercer año consecutivo en decaer el nivel de paz nacional: 4.9 por ciento. La violencia costó 5.16 billones de pesos el año anterior, es decir, el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

ESTRATEGIA FALLIDA

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), expresó que la violencia no es nueva ni atribuible a una autoridad en particular, sino a un conjunto de acciones que el Estado mexicano no ha podido hacer, “es decir, a combatir la violencia y delincuencia desde lo local, en estados y municipios.

Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos, coincidió en que no es reciente “es una tendencia que ya estamos viendo exponencial, que ya estábamos viendo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”.

La analista de seguridad destacó que los niveles violentos son “resultado de años de una estrategia de seguridad no convencional y el involucramiento de las fuerzas armadas en la lucha antinarcóticos. Ese plan iniciado por el Presidente Felipe Calderón con apoyo de Estados Unidos – llamado mediáticamente Guerra contra el crimen organizado- intentó descabezar a los cárteles”, explicó Correa, pero no se generó una policía para desarticular a las células criminales que surgirían por la fragmentación de grupos tras el descabezamiento de los cárteles. “La fragmentación se previó, pero no surgió la policía”, dijo.

La experta detalló que estas células son sistemas complejos adaptativos que además tienen muchos componentes militares.

“Es muy difícil tener una estrategia porque ya tenemos células que no se dedican al narcotráfico, que se dedican a la extorsión, que tienen una lógica misma, que viven de la extracción de renta”, dijo y ejemplificó: “Si cerraron los ductos de gasolina, pero tienen acceso a las armas y van a extorsionar, o a secuestrar o dedicarse a la piratería, pueden hacer esto, entonces eso provoca violencia por si misma, es un sistema. No es una cuestión que López Obrador esté apoyando grupos para que se maten o los esté desestabilizando, es una lógica normal de los errores que empezaron por una estrategia para ir contra las organizaciones criminales, de lo que se llama la estrategia de descabezamiento”, expuso.

Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, señaló que se debe a la inacción del Gobierno: “son varios factores, pero aquí lo principal es que el Gobierno dejó de atender, con riesgo calculado, la situación crítica que recibió el país en términos de violencia e inseguridad”.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, concordó que la estrategia del Gobierno federal, anterior y nuevo, no han sido adecuadas.

Ortega Sánchez opinó que, independientemente que haya cambios en los movimientos de los cárteles del narcotráfico, el Gobierno no ataca las estructuras que sostienen estos grupos delincuenciales: “No los están atacando, están dejando que los cárteles sigan haciendo lo que quieren con los de enfrente, con el país, peleando y disputándose las plazas y llenando de sangre al país”.

A nivel nacional los feminicidios pasaron de 197 durante los primeros meses de 2018 a 227 en el mismo periodo de 2019. Además, delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, que incluyen violaciones, abuso y hostigamiento de tipo sexual, pasaron de 8 mil 866 a 11 mil 782 carpetas de investigación iniciadas en el primer trimestre de 2018 y 2019, respectivamente.

REACOMODO DE CÁRTELES

Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, la violencia está ligada al combate de grupos antagónicos del crimen organizado por territorio para la venta de drogas.

El observador sostuvo que 80 por ciento de los homicidios dolosos son “ejecuciones” del crimen organizado y, reiteró, que la solución es la regulación de drogas, el combate a la corrupción y de la impunidad

“Los muertos son del mercado de drogas, mientras tengamos este mercado negro de drogas vamos a tener muertos, que son herencia desde hace años, pero ahora son más […] Cuando bajan los muertos en los estados es cuando las mafias se ponen de acuerdo o un grupo ya dominó a otros”, añadió el analista en una rueda de prensa ofrecida el martes.

En contraste, la experta en seguridad ciudadana, Lilian Chapa, dijo que aunque una parte de los homicidios sí se deba al reacomodo de cárteles, limitar o establecer que toda la violencia homicida es producto del crimen organizado es insuficiente.

“Me parece muy reduccionista querer reducir el problema del homicidio a una cuestión de cárteles y eso lo hemos vivido ya. Este sería el tercer sexenio que cometemos ese error. Ya es demasiado tiempo poniendo el narcotráfico y el robo de combustible como única explicación de los homicidios, eso favorece la irresponsabilidad de autoridades estatales y municipales”, señaló Chapa.

Los homicidios subieron casi el 10 por ciento durante el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Foto: Cuartoscuro.

Francisco Rivas también dijo la violencia no tiene que ver solo con el reacomodo de cárteles “sino con la insuficiencia del Estado para combatir los delitos”.

“Si sabemos que se están reacomodando los cárteles, sabemos cuáles son, y dónde están ¿por qué no los estamos atacando? Parte de los resultados [de la violencia] es porque no estamos atacando de fondo, […] No nos enfocarnos a los graves problemas que tiene el país, como lo es la incapacidad de investigar los delitos, la incapacidad de sancionar y a incapacidad de reinsertar en la sociedad a los delincuentes”, dijo.

Otros delitos que aumentaron durante el primer trimestre de 2019, fueron los secuestros y las extorsiones. La extorsión subió 47 por ciento, el secuestro registró un alza de 45 por ciento y narcomenudeo se incrementó 14 por ciento.

En el 2018, a la par que la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada aumentó en 11.6 por ciento en 2018, la tasa de homicidios repuntó en 14 por ciento (34 mil vidas más perdidas) y la mayoría (69.4 por ciento) fue cometida con arma de fuego, de acuerdo al Índice de Paz.

LA GUARDIA NACIONAL

Algunos de los especialistas entrevistados enfatizaron que la Guardia Nacional no será suficiente ni la adecuada para contender la violencia, sin embargo, para Guadalupe Correa Cabrera, esta nueva institución de policía militar “es un mal necesario”.

Francisco Rivas, Erubiel Tirado y Lilian Chapa comentaron en que en los estados y la federación hay fuerzas policiales que se deberían aprovechar y fortalecer.

“AMLO quiere hacer todo con la federación y con el Ejército y eso no es posible. Hay un estado de fuerza a nivel federal –policía federal- que vale la pena aprovecharla y eso no lo hace, lo único que hace es despreciar lo bueno que puede hacerse”, dijo Erubiel Tirado.

“El tema sería utilizar a la policía federal: la policía federal se está desmantelando y eso va a acarrear graves consecuencias en términos de administración y capacidad de pacificar el territorio. Para mí es un grave error apostar al Guardia, no va a estar lista en el tiempo. No hay un proyecto de Guardia Nacional y estamos invirtiendo un dinero que no tenemos, en una institución que no necesitamos, entonces lo que sí deberíamos hacer es invertir de nuevo en la policía federal y en las policías y procuradurías locales”, expresó Rivas.

Chapa Koloffon expuso que responder al problema con la Guardia Nacional como única estrategia, es asumir que la única o principal fuente de violencia homicida son delitos ligados con el crimen organizado “y no es así”. Además, explicó, provoca que “las autoridades locales –estatales y municipales– tiendan a desentenderse del problema […] y con eso se quitan mucha presión política y mediática de atender esa proporción no menor de muertes que tienen que ver con delitos del fuero común”.

Guadalupe Correa señaló que es muy desafortunado que se tenga que recurrir a la militarización, sin embargo, dijo que es “un mal necesario, pero tiene que operar bien.

Explicó que la Guardia Nacional, la militarización de la policía, es importante porque las células están altamente armadas y operan de manera militar. Recordó que partir de la creación de Los Zetas y la exportación de este modelo a otras partes del país, hizo que se militarizara la delincuencia organizada, que se utilicen técnicas militares y además usen armas de alto calibre.

“Llegamos a este punto por el descabezamiento, por la corrupción, protección a estas células criminales que empezaron con cárteles paramilitares que adoptaron el modelo de los Zetas, que diversificaron sus actividades y al final no estamos hablando de cárteles de la droga sino criminales que se van adaptando”.

Destacó que es importante que la Guardia Nacional tenga una estructura propia sin presiones, sin corrupción, una operación con inteligencia y un mando claro.

“Realmente México no debe de luchar contra las drogas, debe luchar contra estas células y entender cómo funcionan. La guerra contra las drogas para los Estados Unidos tiene que terminar, no es una guerra de México es una guerra que se peleó para los Estados Unidos en el contexto de ellos y con sus agencias. Ahora bien, tenemos que acabar esa guerra contra las drogas desafortunadamente el ciclo de violencia nos hace necesario ocupar las fuerzas armadas porque no podemos dejar a las comunidades solas. […] No estamos yéndonos contra las drogas sino contra la violencia y las células que están extrayendo rentas de la sociedad y matando a la sociedad, la situación es muy complicada, tenemos células que operan como ejércitos pequeños”.

PLAZO DE SEIS MESES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció un plazo de medio año para ver impactos en los índices delictivos. Dijo que en ese periodo ya estarán en operación los programas y estrategias enfocadas a mejorar la seguridad:

“En seis meses ya van a estar operando todos los programas. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, la Guardia Nacional y cero corrupciones en los gobiernos”.

Los especialistas coincidieron en que el plan expuesto por el Ejecutivo no será suficiente para dar resultados en el corto plazo.

Chapa Koloffon destacó que no se puede disminuir la violencia sin ningún tipo de intervención del Estado, ya sea por operativos o intervención de policías que ataquen las causas de raíz, o una investigación criminal de mayor calidad o programas específicos de reducción de homicidio.

“Si no se implementan este tipo de acciones, no se puede esperar que la violencia se detenga simplemente como resultado de implementar programas sociales. De hecho, esperar ese resultado es problemático porque se está insinuando que quienes cometen los homicidios son personas en situación de pobreza”, explicó.

Y añadió: “No hay forma, no es lógico esperar una reducción, simplemente por desplegar elementos, de la Guardia Nacional o de los elementos que ya cuenta el Gobierno federal”.

“En seis meses ya van a estar operando todos los programas. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, la Guardia Nacional y cero corrupciones en los gobiernos”, prometió AMLO. Foto: Cuartoscuro.

Daniel Vázquez consideró que el Mandatario comete un error al considerar que la única o principal causa de la violencia es por motivo económico o las consecuencias del modelo económico [neoliberal].

“El problema es que él le está apostando solamente a uno de los problemas estructurales, que es la desigualdad económica o la pobreza, y ese sí es uno de los factores, pero no es el único. En la medida que no ataque la impunidad, no haya un desmantelamiento de redes de macrocriminalidad o no se establezcan estados de derecho que funcionen a nivel local, va a seguir habiendo impunidad y en ese sentido van a seguir matando gente”, apuntó.

Erubiel Tirado dijo que el mensaje de AMLO “no se sostiene con los antecedentes ni con el fenómeno de la violencia del país”.

Guadalupe Correa Cabrera estimó que resultados de los programas sociales que anunció AMLO van a llevar más tiempo, no meses: “Creo que no se puede cantar victoria, creo que los programas sociales son importantes, fundamentales, pero también se deben de operar bien. No se trata de darle a los ciudadanos dádivas sin un programa de desarrollo: para tener sociedades que no tengan que dedicarse a plantar droga, que se desarrollen, que tengan buenos resultados económicos se requiere tiempo. No me parece un lapso realista creo que el reto es grande y tenemos que reconocer que no se va a llevar a cabo de noche a la mañana, no se va a realizar en unos cuantos meses, esto va a llevar años”.

Para Francisco Rivas, “los errores graves son la guardia Nacional, criminalizar la pobreza, y pensar nada más que con transferencias económicas vamos a resolver el problema de fondo […] El Presidente habla constantemente de combatir la corrupción, pero no hay una sola evidencia que se está haciendo algo para combatirla”.