Este es el cuarto mes de Gobierno de Alejandro Ismael Murat Hinojosa y la “transformación de la realidad” en Oaxaca, que prometió desde su campaña, parece no haber iniciado. El panorama de las protestas magisteriales, estudiantiles, de transportistas y campesinos no es distinto al que se vivió durante la administración de Gabino Cué Monteagudo: las manifestaciones se tornan violentas y los inconformes acusan al mandatario estatal de represor. Además, los índices de pobreza no han reducido y tampoco se ha informado sobre la estrategia para el rescate financiero del estado.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Alejandro Murat Hinojosa ganó las elecciones del pasado 5 de junio en Oaxaca como abanderado de la coalición “Juntos hacemos más”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). El hijo del ex Gobernador de ese estado, Nelson José Murat Casab (1998-2004), causó polémica desde su postulación a la candidatura por su estrecha relación con el Presidente Enrique Peña Nieto y por ser oriundo del Estado de México.

“Es oaxaqueño de pleno derecho”, defendió entonces el PRI a pesar de que Murat Hinojosa no cumplía con los cinco años de residencia que demanda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los escándalos en sus puestos anteriores tampoco beneficiaban al candidato: durante su gestión como director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)–2012 a 2015– se registraron pérdidas de al menos mil 886 millones 215 pesos de los ahorros de los trabajadores, de acuerdo con un reporte de auditoría realizado por Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

El mexiquense también carga con la responsabilidad de sancionar a su antecesor, el ex priista Gabino Cué, por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sin embargo, el Gobernador sólo repite una y otra vez que heredó un Oaxaca colapsado social y económicamente, sin que hasta el momento haya interpuesto una denuncia o iniciado una investigación.

Tanto la ratificación de Murat Hinojosa como Gobernador electo, como su toma de protesta se hicieron “en lo obscurito”. En una noche, el Tribunal  Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) desechó las acciones de insconstitucionalidad contra el priista dándole la constancia de mayoría a quien, durante la madrugada, en medio de protestas y en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, asumió la gubernatura el pasado 1 de diciembre.

“SACAR ADELANTE A OAXACA”

Murat Hinojosa lleva casi cuatro meses prometiendo “sacar adelante a Oaxaca”; sin embargo, entre los compromisos cumplidos que recién presumió no está ni el rescate financiero del estado, que tiene una deuda de hasta 16 millones de pesos a pagarse en 20 años, ni reducir los índices de pobreza ni resolver los conflictos magisteriales, de estudiantes y transportistas que aquejan al estado desde hace años.

El pasado 13 de marzo, el mandatario estatal presentó un informe de los primeros 100 días de su gobierno. En un video de siete minutos de duración, Alejandro Murat presumió haber cumplido más de 2 mil 600 acciones y 42 compromisos, beneficiando a miles de oaxaqueños con inversiones de hasta 3 mil millones de pesos.

Entre sus logros se enlistó la reconstrucción de carreteras y de sedes gubernamentales, la implementación de unidades móviles para servicio médico gratuito, equipamiento a los sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), capacitación a policías, créditos de vivienda, la compra de medicamentos al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)– que supuestamente garantiza un ahorro de 400 millones de pesos–, la inauguración de la primera etapa de la Biorefinería Higuerilla, la futura rehabilitación de escuelas, la presentación de su “3de3” y haber recorrido todo el estado para conocer las necesidades de los pobladores, entre otras.

De las acciones cumplidas en los primeros meses de su gobierno ninguna se dirige a reducir los índices de pobreza pese a que Oaxaca es hoy la segunda entidad con más pobres a nivel nacional: 66.8 por ciento de su población (2.66 millones) se encuentra en esa situación, es decir, dos de cada tres oaxaqueños son pobres, de acuerdo con las últimas estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La deuda de 16 millones de pesos que dejó Gabieno Cué también pone en aprietos al priista. En los primeros cinco días de su Gobierno, Alejandro Murat anunció un plan de tres ejes para reactivar la economía del estado, afectada, dijo, por las protestas magisteriales y desfalcos financieros cometidos por la administración pasada. Se comprometió a pagar este mismo año los pasivos a proveedores locales, incentivar la inversión y elaborar mesas de trabajo con el sector empresarial.

“En Oaxaca no hay dinero, está en quiebra y en Buró de Crédito”, expuso el mandatario estatal en enero pasado, cuando el Banco Mundial negó un préstamo. Desde esas declaraciones, Alejandro Murat no ha informado de otras alternativas de financiamiento ni de la atención a los proveedores y mucho menos del proceso legal en contra de la administración de Cué.

De acuerdo con su declaración fiscal, patrimonial y de intereses presentada en abril de 2016 ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Murat Hinojosa y su esposa poseen una fortuna total de 32 millones de pesos: ambos tienen 11 propiedades  en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Yucatán, así como acciones en 12 empresas, entre ellas “Autobuses México Toluca Zinacantepec y Ramales”. El diario The New York Times reveló en 2015 que José Murat y su familia poseían propiedades en Estados Unidos, pero en su “3de3”, el actual Gobernador de Oaxaca, quien declaró una percepción anual de 8 millones 480 mil 891 pesos, no hizo esta mención.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

Si algo caracterizó al Gobierno de Gabino Cué fue la represión contra manifestantes. El caso Nochixtlán evidenció el uso de la fuerza, y armas, por parte de elementos de seguridad para desalojar de las carreteras a pobladores y docentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de le Educación (CNTE), dejando como saldo ocho civiles muertos, un centenar de heridos y al menos 21 detenidos. A casi un año, estos hechos no han sido esclarecidos, la indagatoria fue turnada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el actual mandatario estatal tuvo su primera y última  reunión con los familiares de las víctimas en enero pasado.

“Este es un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente para transformar la realidad de Oaxaca”, aseguró Murat Hinojosa el pasado martes durante su primera Audiencia Pública en el Palacio de Gobierno. En tanto, afuera se daba un violento enfrentamiento entre normalistas e integrantes de la CNTE contra policías antimontines, en el cual fueron detenidos dos estudiantes.

Por este hecho, entre otras manifestaciones en las que se ha aplicado el uso de la fuerza, ciudadanos han acusado al Gobernador de 41 años de edad de represor, como en su momento también lo fue su padre, señalado como uno de los mandatarios más autoritarios del PRI y de su tiempo.

Los índices de inseguridad también aumentaron en los primeros 100 días del Gobierno de Murat Hinojosa con 225 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A la estadística se suman los 26 feminicidios (dos mujeres asesinadas cada semana), 17 crímenes políticos, sociales o agrarios y cinco secuestros. Tan sólo en febrero, dos líderes magisteriales, un elemento de la Policía Auxiliar, un agente estatal de investigación y un líder local del PRI fueron ejecutados.

El 10 de enero, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una medida cautelar al Gobierno de Alejandro Murat para que garantice un trato digno y humanitario a unos mil indígenas mixes que se encuentran desplazados por un conflicto interno y agrario que dejó un muerto, ocho heridos, 10 retenidos y viviendas incendiadas. La actual administración tampoco ha frenado los mega proyectos que atentan contra los pueblos indígenas y el medio ambiente.