El territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. Ese permiso de explotación fue cedido por la Secretaría de Economía en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Armando de la Cruz Cortés es originario del poblado San Miguel Chongos, que pertenece al Municipio de San Carlos Yuatepec en el estado de Oaxaca. Es indígena chontal y abogado, con una Maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental. Actualmente forma parte de la organización Tequio Jurídico, que se dedicada a brindar apoyo a otros defensores del territorio que luchan por la preservación de la organización comunal.

Desde muy joven, gracias al fuerte vínculo que sentía con su comunidad, empezó a vincularse con las asambleas comunitarias a las que se acercaba como oyente. Los tequios colectivos y las fiestas tradicionales terminaron de completar la base de lo que él mismo llama sus “pilares comunales”.

Cuando estudiaba la preparatoria, rememora De la Cruz Cortés, fue maestro rural de niños de primaria en otras regiones indígenas de Oaxaca. En sus estudios de licenciatura comenzó a involucrarse con los derechos humanos lo que posteriormente lo llevarían a reconocer las necesidades del Derecho Agrario. Fue en esta etapa cuando comenzó a consolidarse la organización en la que hoy participa que  en un primer momento, decidió concentrar su actividad en las comunidades chontales de donde provenían una buena parte de los colaboradores.

Como defensor se ha concentrado en promover la organización colectiva de la tenencia de la tierra, lo que lo ha llevado a realizar acciones preventivas para proteger el territorio oaxaqueño de las empresas de la industria minera.

De acuerdo con el también Coordinador de Veredas de la organización Tequio Jurídico, el territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. El permiso de explotación fue otorgado por la Secretaría de Economía (SE) en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc.

Minaurum Gold explora y desarrolla proyectos de oro y plata en México. Su principal accionista es la empresa de inversiones inglesa Sector Investments Managers Ltd. Con sede en Vancouver, posee y explora los proyectos de plata Alamos y Adelita, en el estado de Sonora; los proyectos de oro Aurena y de oro-cobre Santa Marta en Oaxaca, y los proyectos de oro Vuelcos del Destino y Biricú en Guerrero.

Las concesiones otorgadas para un periodo de 50 años –de 2011 a 2061– están conectadas por los territorios de varias comunidades chontales de la zona alta, desconociéndose para qué servirá la conexión. Los permisos fueron otorgados sin informar y sin consultar a las comunidades que tuvieron conocimiento del proyecto hasta 2014, afirma De la Cruz.

DEFENDER LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO

Desde sus inicios como defensor, Armando de la Cruz se ha preocupado por la protección de las tierras comunales de la región, entradas en conflicto desde la creación del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agraríos (RRAJA-FANAR), con el que se busca regular y darle título a todas las tierras comunales. Un acuerdo supuestamente voluntario que la organización campesina denuncia como un acto de privatización que los vuelve vulnerables frente al despojo.

Junto a su organización ha dado acompañamiento a las comunidades que padecen la falta de transparencia de los recursos municipales. Y desde 2014 defiende el territorio de los proyectos mineros que buscan aprovechar la tierra para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.

Al enterarse de las concesiones, la organización inició un proceso informativo con las comunidades explicando qué era una concesión y también cuáles eran los perjuicios de la extracción de metales. Dichas sesiones, desarrolladas en asambleas regionales, constituirían la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, constituida por 16 comunidades agrarias que buscaban formalizar su derecho a la protesta.

A la par de esta organización, Tequió Jurídico ha promovido actas de asamblea de tipo agrario para declarar territorios prohibidos para la minería, logrando que cinco actas de asamblea jurídicamente redactadas hayan sido inventariadas en el Registro Agrario Nacional, cumpliendo con el requisito gubernamental de informar sobre las decisiones comunitarias .

De manera insólita todas las acciones se desarrollan de manera preventiva. La minera canadiense aún no logrado entrar a los territorios del sur del país, sin embargo ya comienza a insistir con el inicio de la fase de exploración.

“Todos lo actos hasta el momento son preventivos, porque justamente toda la experiencia que nos han dejado los otros procesos –como el de San José del Progreso y Tlacotalpan de Mendez– es evitar que las mineras se instalen, porque después es ya muy difícil combatirlo. Es muy difícil porque ya han invertido gran cantidad de dinero y también se abre un abanico de protección de la Ley General de inversiones. Ya no sólo se combate al proyecto minero, también se combate al Estado mexicano por la obligación que tiene de garantizar la inversión de las empresas”, explica Armado de la Cruz.

En la lucha ninguna acción ha sido escatimada: se ha promovido la declaración legal de las áreas comunales o de importancia espiritual; asimismo, la Asamblea del Pueblo Chontal ha creado la Escuela Agraria en Defensa del Territorio que, entre otras cosas, busca reconocer la relevancia del papel de la mujer en la protección de la tierra, como un agente principal que a la fecha continua en desventaja legal.

Ser defensor de la tierra es un peligro en sí mismo y en los últimos años la labor se ha complicado, dice el abogado. Amenazas e intimidaciones desarticulan a los defensores, aunque no para Armando quien insiste en que su labor es una “una tarea que se tiene que cumplir”.

“El solo hecho de ser defensor de derechos humanos, defensor del territorio, ya implica riesgos en un país como el nuestro en donde no hay garantías para los hombres y las mujeres que hacen defensa de los derechos de los pueblos originarios. En los últimos años se han incrementado mucho los asesinatos, la persecución, la criminalización en contra de defensores y defensoras del territorio (…) La vida es corta y se viene a cumplir una misión, y la defensa de la tierra es una tarea que se tiene que cumplir. A mí me motiva la defensa del territorio y de los derechos humanos”, destaca.

EL SEXENIO DE LAS MINERAS

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto que está por concluir, la Secretaría de Economía cedió 3 mil 190 concesiones mineras. En Oaxaca, hasta 2012, la Dirección General de Regulación Minera había otorgado 389 concesiones en una superficie de 800 mil 447 hectáreas; la relación describe a 44 como canceladas.

Desde 2013 –a partir de la firma de un convenio entre la Dirección de Industria y Minería de la Secretaria de Economía, la de Desarrollo Turístico del Estado de Oaxaca y el Servicio Geológico Mexicano, ha aumentado la exploración del terreno para la elaboración de cartas geográficas mineras.

Las concesiones otorgadas durante el sexenio alertaron a diferentes comunidades indígenas alrededor de todo el país, entre ellas las de los chontales oaxaqueños a los que representa Armando, quien reconoce que la administración de Enrique Peña Nieto fue una de las más duras para la defensa del territorio.

“Se volvió aún más delicado”, resume Armando sobre el sexenio que derivó en violencia a partir de la implementación de las denominadas reformas estructurales, entre ellas la Reforma Energética, un marco normativo que agudizó la tendencia de los últimos 26 años.

“Se volvió aún más delicado la defensa del territorio derivado de toda la reforma estructural, sobre todo en materia energética: esas más de 21 leyes –entre que se crearon y se modificaron– se relacionan con el despojo del territorio. Claro que esto no es nuevo, antes de 1992 la tendencia en contra de los territorios ya había comenzado. Desde las reformas del 92 se ha intentando convertir en pequeña propiedad la propiedad colectiva de las comunidades indígenas para proyectar e instalar proyectos extractivistas. Este marco abrió aún más espacio a otros proyectos de tipo extractivista”, comenta Armando.

El defensor llama la atención sobre la falta de consulta en todos los procesos relacionados con la industria minera; por una parte, la Ley ampara los intereses mineros y, por la otra, no existe una legislación que garantice el derecho a la consulta, reduciéndose a herramientas que operan como protocolos para la construcción.

Armando afirma que las consultas no son implementadas de manera efectiva, lo que es una muestra de la falta de disposición política para realizarlas. En su opinión lo que debe de importarle más al Gobierno federal, y también a los locales, es el reconocimiento de la autonomía sobre el territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Sobre el Gobierno federal que está por iniciar el próximo 1 de diciembre, el activista no dice mucho; sin embargo insiste en que vale la pena “estar atentos” sobre sus nuevas formas de consulta y sobre las modificaciones que se le harán a la Ley Agraria, “que parece perseguir los mismos objetivos de privatización”.