La OIM México resaltó que las detenciones de personas migrantes deberían de ser únicamente utilizadas como último recurso, pues la migración irregular es una falta administrativa, por lo que en caso de detención se deberían de tener como mínimo garantías procesales, que la aprehensión no sea arbitraria sino basada en la ley y la evaluación de cada caso individualmente.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Al menos 39 personas migrantes han fallecido y otras 29 han sido reportadas heridas en la estación provisional migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, tras un incendio en las instalaciones, una tragedia que vuelve a apuntar a las condiciones precarias en las cuales son detenidas estas personas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y que han sido denunciadas por organizaciones civiles, en una ciudad que ha tenido un crecimiento del 2000 por ciento en el flujo migratorio extranjero en los últimos seis años.
Cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) demuestran que en el 2016 se registraron 492 “eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria” –es decir, detenciones de personas migrantes– en Ciudad Juárez, pero para el 2022 el año cerró con 11 mil 868 “eventos de personas en situación migratoria irregular en México”, un incremento del 2,312 por ciento en tan sólo seis años.
“En Ciudad Juárez (…) en los últimos años, se ha convertido en una ciudad donde hay enormes necesidades de atención a la población migrante y a la población mexicana desplazada que llegan allí con la esperanza de cruzar a Estados Unidos”, expuso Alberto Cabezas, Oficial Nacional de Comunicación de la Organización Internacional de Migración (OIM) en México.
El vocero de la OIM México indicó que en el 2022 se registró una migración “sin precedentes”, con un crecimiento de alrededor del 8 por ciento cada mes, por lo que la organización del sistema de Naciones Unidas ha hecho un llamado a que las autoridades a nivel federal, local y regional atiendan las necesidades de la población migrante.
“Lo que ocurre allá es que hay muchas necesidades muy diversas: hay personas que necesitan acceso a alojamiento, a servicios básicos y hay limitadas capacidades por parte de las autoridades estatales y locales, y por parte de la sociedad civil que con más de 20 albergues apoya a las personas que están allá”, detalló.
Igualmente, Cabezas resaltó que las detenciones de personas migrantes deberían de ser únicamente utilizadas como último recurso, pues la migración irregular es una falta administrativa, por lo que en caso de detención se deberían de tener como mínimo garantías procesales, que la aprehensión no sea arbitraria sino basada en la ley y la evaluación de cada caso individualmente, y durar lo menos posible.
MIGRANTES SON DETENIDOS EN CONDICIONES PRECARIAS
A raíz de los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició las diligencias correspondientes a través de la oficina regional de Chihuahua, con agentes del Ministerio Público, policías y peritos presentes en las instalaciones. En su conferencia matutina de este 28 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el incendio habría sido provocado por una protesta de los migrantes, de quienes se reportó que durante todo el día no les habían dado agua para beber.
“Las personas migrantes no pudieron ser responsables de su muerte. Supongamos que hubo sí tal vez un incendio generado por ellos, pero ellos no son responsables de que no hayan podido salir porque estaban encerrados bajo candado [en las instalaciones] y porque las autoridades que los tenían bajo custodia no pudieron sacarlos para salvarles la vida”, acusó Marisol Méndez, Coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
“En términos de responsabilidad, los migrantes se encontraban bajo la custodia del Estado, bajo la custodia de autoridades y ellos tenían la responsabilidad de proteger su integridad personal y de garantizarla, y eso no se hizo. Se tiene que investigar la responsabilidad que haya, tanto por acción o por omisión, porque ahí sí hay una responsabilidad estatal”, expuso.
La autoridad migratoria mexicana informó que el fuego comenzó el lunes por la noche en la zona de dormitorios del centro de detención, donde estaban alojados “68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica”. Un informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el 2019 apuntaba que la estación migratoria de Ciudad Juárez sólo tenía capacidad para 60 personas.
La Dimensión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó en un comunicado de prensa tras el incendio que ya había solicitado a la CNDH medidas cautelares “con el fin de evitar actos u omisiones que resulten en daños irreparables y violaciones graves a los derechos humanos de las personas en contexto de migración en Ciudad Juárez”, pero apuntó que el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra “fue omisa” en su otorgamiento.
“Hay organizaciones aliadas [de FJEDD en Ciudad Juárez] que están constantemente en el terreno, y ellos han realizado visitas de verificación a esta estación migratoria y han verificado que hay hacinamientos, que a las personas no se les dan las cosas básicas [como alimento y agua], pero también hay otras organizaciones que están en Ciudad Juárez (…) que incluso no se les ha dejado acceder a la estación migratoria para poder entrevistarse con las personas que están adentro para poder hacer acciones de defensa legal, entonces esta situación de incomunicación les impide también a las propias organizaciones monitorear cuál es la situación de las personas que están ahí detenidas”, detalló Méndez.
Por otro lado, expuso la coordinadora de incidencia de Fundación para la Justicia, las políticas migratorias en México no son acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que el Gobierno federal necesita revisar toda la legislación y aspectos administrativos en la materia para “modificar estas malas prácticas que exponen a mayores riesgos a las personas migrantes”.
“México no tendría por qué detener sistemáticamente a todas las personas, tendría que hacer entrevistas y evaluaciones para ver cuáles son las situaciones concretas de cada persona: por qué están solicitando asilo, o tal vez permiso para transitar en México para ir a Estados Unidos, y y revisar de fondo”, señaló Méndez. “Porque lo que sucede es que cuando pasa un hecho así tan grave como este o como, por ejemplo, migrantes fallecidos en tráilers, en la reacción inicial de las autoridades dan un pronunciamiento público de condena, pero eso no pasa a una acción real de compromiso de cumplimiento de estándares internacionales, que es lo que tendría que hacer México”.
En el 2014, la ciudad fronteriza ya había registrado otra muerte de una persona migrante, en ese momento de una niña ecuatoriana de 12 años que fue hallada sin vida en un albergue subrogado por el DIF estatal. A raíz de este evento, la CNDH emitió la Recomendación 22/2015 dirigida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno de Chihuahua por “violaciones a los derechos humanos” al omitir el interés superior de la niñez, por lo advirtió la necesidad de capacitar al personal sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no acompañados.
“Lo que sucede es que no se sancionan [estos hechos], no se investigan y el resultado es que se vuelven a cometer, justamente porque las autoridades no han hecho un efecto”, concluyó Marisol Méndez.
¿QUIÉNES MIGRAN?
El incremento en migración en Ciudad Juárez se ha registrado principalmente a partir de finales de 2018 y el 2019, expuso el académico Héctor Padilla Delgado, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ha estado directamente impactada por las medidas restrictivas que promueve el Gobierno de Estados Unidos.
“En muchos casos, en realidad, se trata de personas en condiciones de movilidad, pero desplazados por la violencia de sus países, y que buscan la protección internacional”, apuntó el investigador. “A partir del 2020, en el 2021 y más que nada en el 2022, ha habido un retroceso en estos mecanismos de articulación [de la sociedad civil con el Gobierno mexicano] (…) y ha arreciado una política de mayor control emigratorio, que ha dejado a los migrantes en situaciones mucho más vulnerables y a expensas de los grupos que trafican con personas”.
En noviembre del año anterior, el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM) del Colegio de la Frontera Norte (Colef) presentó los resultados de la “Encuesta a Mexicanos Desplazados y Solicitantes de Asilo” y la “Encuesta a Migrantes Extranjeros Solicitantes de Asilo”, ambas realizadas en Ciudad Juárez. En este ejercicio, identificaron que durante el 2022 hubo un incremento de 3.5 por ciento de mujeres en situación de movilidad junto con la población de niñas, niños y adolescentes; además de que más de la mitad, el 54.3 por ciento, eran menores de 18 años y de ellos, el 41 por ciento eran menores de 11 años.
En su mayoría, las personas mexicanas que estaban en la frontera eran desplazadas por amenazas, extorsiones, robo, delincuencia y/o cobro de piso. La Unidad de Política Migratoria del Gobierno federal detectó que en el 2022 fueron repatriados seis mil 390 mexicanos por parte del Gobierno de Estados Unidos en este punto fronterizo.
Tras el incendio producido este lunes por la noche, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que entre los 39 migrantes fallecidos se encontraban 28 guatemaltecos. Por su parte, la FGR reportó que además de nacionales de Guatemala, entre los fallecidos estaba un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 13 hondureños y 12 venezolanos.
Los migrantes provenientes de Guatemala conforman el 26.8 por ciento de las personas extranjeras que fueron detenidas por el INM durante el 2022 en Ciudad Juárez, mientras que las otras nacionalidades más frecuentemente detenidas en dicha localidad fueron venezolanos, ecuatorianos, nicaragüenses y hondureños.
“Este evento como el que ocurrió ayer, debe dar lugar a que se reconsidere la política migratoria que tenemos, a que se abra un periodo para la regularización de las personas, un programa de regularización temporal o emergente”, propuso Padilla Delgado. “Es un evento que ocurre en un contexto de que han crecido los abusos de derechos humanos y de los migrantes, con discursos y persecuciones no solo del público, inclusive de los policías municipales y por declaraciones del Presidente Municipal y de la Gobernadora (María Eugenia Campos)”.
A inicios de el año en curso, medios locales reportaron que la Gobernadora chihuahuense hizo un llamado al Gobierno federal para que detuviera el flujo de migrantes “porque esto representa un problema para todos, en todos los sentidos, en los índices delictivos”, en tanto que defendió que su administración había invertido alrededor de 20 millones de pesos para aperturar un nuevo albergue para atender a migrantes.
“Entonces, pensamos que todo esto configura en un contexto de violación generalizada y sistemática de derechos humanos que convierte a todos los migrantes que están en esta ciudad en víctimas y que, por lo tanto, como todas las víctimas migrantes que están en este país, tienen el derecho a la regularización de su estatus migratorio”, puntualizó el doctor en Ciencias Sociales.
