Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– El grupo de trabajo conformado por instancias federales para investigar el problema de los feminicidios en el Estado de México –que presentará hoy su informe a la Secretaría de Gobernación (Segob)– ignoró a las organizaciones civiles y a las víctimas, por lo que “sus resultados estarán sesgados”, denunció Yuridia Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Ni la administración del Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas ni el grupo de trabajo para investigar los feminicidios del gobierno federal se acercaron a los familiares y a las organizaciones, afirmó. “Lo que queremos es que se revise expediente por expediente, que se hable con los familiares de las víctimas, que incluyan a la sociedad civil, pedimos que tomen en cuenta un estudio alterno de nosotros sobre lo que está pasando”.

Diversas organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer ganaron un amparo después de que las autoridades del Estado de México y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SPASEVEM), se negaron activar la alerta de género en el estado en 2011 sin sustentar su motivo.

Se nombró un grupo de trabajo y la fecha límite para rendir su informe es este día, sin embargo ni las autoridades federales ni el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, recibieron a las activistas y a los familiares de las víctimas en esa entidad.

“La semana pasada pedimos una reunión a Euruviel Ávila para conocer el informe que presentará al grupo del trabajo, se hizo una carta, pero ese día se les cerraron las puertas de Palacio de Gobierno a los familiares, entraron los activistas y familiares y un encargado  les dijo que había cosas más importantes que atender. Nos han dicho que nos van a canalizar con la persona competente y nosotros no queremos que nos manden con nadie, la solicitud era con Eruviel, queremos ver con quién de tercero o cuarto nivel de poder nos van a mandar”, explicó.

La declaratoria de alerta de género para el Estado de México ha sido negada en tres ocasiones y actualmente se analiza una solicitud aún con el viejo reglamento que estaba vigente el año pasado, el cual contempla que los encargados de evaluar la procedencia de la alerta es un grupo de trabajo conformado por representantes de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo y a pesar de que entre 2005 y 2010 se registraron 923 casos de feminicidios en la entidad y entre 2011 y 2012 se sumaron otros 600, el gobierno de Eruviel se resiste a admitir la necesidad de alertar a la sociedad.

“Nos preocupa también el silencio y la cerrazón del gobierno federal, le hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación que nos reciba y nos diga cuál es su metodología, porque el 28 de mayo es la fecha límite de su informe, o sea mañana [hoy]  y no sabemos cómo va a venir”, expuso.

La activista indicó que de los 600 feminicidios ocurridos entre 2011 y 2012, el gobierno de Ávila Villegas sólo reconoció 145, debido a que carece de una metodología clara que permitan calificar cuál sí y cuál no, es un delito con esas características.

Rodríguez Estrada explicó que uno de los datos más alarmantes es, que en el Estado de México en 18 meses desaparecieron 955 mujeres, de las cuales en 60 por ciento de los casos entre 11 y 20 años de edad.

“Al final nos dicen ‘se fue con el novio’, que nos digan cuántas se fueron con el novio y dónde están”, expuso.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) informó que el SPASEVEM deberá presentar el informe sobre de la situación de violencia contra la mujer en el Estado de México ante la sociedad civil para mostrar su transparencia y la debida diligencia en la investigación.

“Es fundamental que las autoridades demuestren que la investigación ha sido llevada a cabo por expertos en la materia con calidad, profundidad e imparcialidad. Por esta razón las autoridades deben exponer la investigación al escrutinio de las organizaciones que han seguido la situación de violencia contra la mujer en el estado durante años”, exigió la organización no gubernamental.

Este paso es esencial para mostrar que tanto las autoridades del Estado como los representantes del SPAVSEM se resistieron a la alerta de género en diferentes estados, a pesar de los reclamos legítimos de familias y organizaciones de la sociedad civil.

“Si la alerta de género, como elemento central de la legislación para combatir la violencia contra las mujeres, va a ser efectivo y un recurso sustantivo en situaciones de gravedad en diferentes regiones del país, las autoridades deben demostrar la debida diligencia en su actuación. De no ser así, será otra indicación de la falta de prioridad política para combatir la violencia generalizada contra las mujeres y  será una garantía de  impunidad a quienes la perpetran”, anunció la organización.

REPUNTES DE FEMINICIDIOS

Además de lo que sucede en el Estado de México, activistas de Morelos, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas solicitaron una alerta de género urgente para esos estados, debido al repunte de crímenes contra mujeres.

“Manifestamos nuestra inconformidad y molestia con la actuación de las instancias correspondientes que han dado largas y evadido implementar las acciones necesarias para la erradicación del feminicidio”, mencionó Georgina Martínez Antúnez, del colectivo Feministas Socialistas.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), entre 2006 y 2012 se incremento 40 por ciento el feminicidio en el país y según datos oficiales en los últimos 25 años se registraron en el país 34 mil 174 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio.

Hasta hoy, estados como el Estado de México han solicitado una alerta de género, pero las autoridades la han negado. Durante el último año los feminicidios en otras entidades como en Morelos, Guanajuato, Chiapas y Oaxaca también se dispararon.

En el caso de Oaxaca el feminicidio se incrementó 216.6 por ciento durante el periodo enero-mayo de 2014, respecto al mismo periodo en 2013.

En lo que va de la administración de Gabino Cué Monteagudo han sido asesinadas 292 mujeres y sólo durante el último año ya son 1,011 casos de violencia contra la mujer registados en esa entidad.

Guanajuato  es otro de los estados que en dos ocasiones solicitó una alerta de género. Actualmente la sociedad civil espera la respuesta para la última solicitud que ingresó  ya con el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Verónica Cruz, del Centro Las Libres de esa entidad, explicó que esperan la resolución del Sistema Nacional por 84 casos, 73 de 2013 y 12 más hasta el 20 de marzo de este año, cuando se ingresó la solicitud.

La activista explicó que el fenómeno se extendió con nuevas formas de asesinato y aunque hay mujeres que recibieron hasta 200 puñadas, fueron quemadas vivas, estranguladas de distintas formas, el gobierno de Guanajuato insiste en negar el problema y encubre los feminicidios con el argumento de que son suicidios.

En caso de que la alerta de género sea rechazada, las activistas solicitarán una nueva revisión de los casos, comentó.

Si es aprobada y las organizaciones están de acuerdo con las recomendaciones, solicitarán un grupo ciudadano que vigile las acciones de la autoridad y su cumplimiento.

En Morelos, la activista Juliana Quintanilla aseguró que el Gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, ni siquiera recibe a las organizaciones de la sociedad civil.

“En el caso de Morelos hemos identificado que de los 33 municipios, en 32 de ellos hay casos de feminicidios, en total suman 600 casos durante los últimos 13 años y el gobierno minimiza la situación”, denunció.