La venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno.
Walter Scott

Carmen Aristegui es una excelente periodista. Su ausencia del aire lastima la democracia. Su periodismo es criticable, como cualquier otro. No tiene halo de pureza ni perfección. Como ningún otro. Simplemente es una voz esencial por su ejercicio de crítica, por su manera de analizar, investigar y hurgar. No es la única, cierto. Pero es una voz imprescindible en nuestro horizonte de medios. Argumentar desde las filas y fobias solamente denota la pequeñez del argumento. Aristegui y su equipo deberían estar al aire. El hecho de que no esté usando alguna frecuencia (propiedad de la nación) para transmitir habla del talante del gobierno de la República y de la puerilidad de los dueños de los medios de comunicación y su compromiso con la diversidad e información de interés público.

Joaquín Vargas tiene derecho de acudir a la justicia para reclamar un supuesto daño moral por un prólogo de 30 páginas escrito por la periodista dentro del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”. Tiene derecho a sostener ante los tribunales que sufrió daño moral por las letras de Aristegui. Es el juzgador el que tendrá que determinar si la opinión y narración de la periodista en esas 30 páginas constituyen real malicia contra el ejecutivo de MVS. Pero no olvidemos que Joaquín Vargas también se lanzó contra la editorial Random House Mondadori con el fin de retirar de circulación el libro citado, destruir dichos volúmenes, reimprimir sin el prólogo de Aristegui. El absurdo de la censura.

Aristegui escribió en dicho prólogo: “… lamento el derrumbe moral de Joaquín Vargas (…) a quienes estimé mucho y sinceramente (…) son personas a las que conozco y aprecio desde hace muchos años”, continúa: “Con Joaquín y Alejandro Vargas construimos el mejor y más independiente de los espacios de la radio (…) Un buen negocio, también, con los mejores niveles de audiencia.” La periodista se pregunta en el prólogo: “¿Dónde quedaron aquellos Joaquín y Ernesto Vargas de 2012 que enfrentaron a la Presidencia, denunciando presiones que confundían berrinches presidenciales con políticas en telecomunicaciones?” “Mis ingresos (afirma la periodista) quedaron ligados al volumen de ingresos que MVS obtuviera por comercialización durante las cuatro horas del programa matutino”. “MVS está en falta legal por el incumplimiento de un contrato, que hoy pretenden dar por terminado por medo de una demanda mercantil sacada de la chistera. Agresiva, infundada y mentirosa”.

El prólogo narra lo que a los ojos de la actora principal, fue una alianza entre Peña Nieto y MVS para sacar del aire, so pretexto ridículo del abuso de confianza, a su estrella en rating. Narra con detalle la periodista el cambio de actitud de la radio difusora. Su opinión es la narración en primera persona de uno de los eventos que más han lastimado a la audiencia mexicana en los últimos tiempos.

La libertad de expresión es un derecho básico para el desarrollo de toda sociedad democrática. Sin embargo el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluta y admite ciertas restricciones. Una buena Ley civil de difamación, conforme a los principios constitucionales y los tratados, asegura la responsabilidad de las personas al difundir información. Para considerar una declaración difamatoria, ésta debe contar con cuatro elementos: 1. Ser falsa. 2. Basarse en hechos (no en opiniones). 3. Causarle daños a la reputación del afectado, no a sus sentimientos. 4. Que los daños causados deriven directamente de que la declaración ha sido leída, oída o vista por otros.

A la luz de estos puntos, la demanda de Joaquín Vargas parece más venganza que búsqueda de justicia.

Celebro que el perdón de Peña Nieta esté basado en lo que se le descubrió relativo a la “casa blanca”. Celebro que un trabajo periodístico de dicha envergadura cambió la narrativa de esta administración que buscaba las glorias del olimpo al lograr reformas legislativas. Sin embargo, no podemos deslindar el perdón de Peña con las demandas de Joaquín Vargas.

Hipótesis uno: Joaquín Vargas actuó con autonomía y sed de venganza por las inocuas palabras escritas en el prólogo. Esto querría decir que no consultó, revisó y advirtió a Los Pinos sobre sus acciones judiciales. Fue inventiva propia de hace meses cuando presentó ambas demandas.

Hipótesis dos: Joaquín Vargas consultó con Los Pinos sobre presentar ambas demandas y le dijeron que adelante. Que la persecución contra Aristegui seguía siendo una ad hoc política pública. Con el visto bueno de la presidencia se arrancaba el round dos.

Hipótesis tres: Joaquín Vargas no le avisó a Eduardo Sánchez (coordinador de comunicación social de Los Pinos y exabogado de MVS) y, en plena ignorancia, Enrique Peña Nieto intentó lavar culpas con el perdón sin saber que reviviría el tema indeseado y que acabaría como bobo al pedir perdón y al mismo tiempo –siendo real o falso- se le atribuiría maquinar los ataques judiciales a Carmen Aristegui y la editorial.

El silencio presidencial sobre el tema también ya dice mucho. Si buscara deslindarse de las acciones de los Vargas debería hacerlo de manera clara y contundente. O bien, si lo que busca es dejar pasar la tormenta y crítica, pero que la bola de nieve siga su curso deseando la agonía judicial de Aristegui. El silencio dice más de lo evidente.

Sustraer el prólogo del libro sería un acto de censura. Y sería así porque según uno de sus autores: “jamás permitirían que saliera mochado”.

Vargas, repito, tiene todo el derecho de buscar reparación por un supuesto daño. Eso es innegable. Sin embargo, pensar que es una acción aislada y no parte de una orquesta de acciones que buscan el agotamiento y vencimiento de la periodista es iluso. Los Vargas quieren venganza. Si la venganza es por encargo o no lo sabremos más adelante en el tiempo. Mientras tanto, Carmen sigue fuera del aire y toda la sociedad pierde. Hasta los Vargas y el Presidente.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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