México

Alfaro (Jalisco) recibe palos en la red por agresión a alumnos y López (Tabasco) por #LeyGarrote

28/07/2019 - 2:02 pm

El viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar hasta 13 años las penas contra quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito. La iniciativa es del Gobernador López Hernández y el dictamen aprobado llegará mañana al pleno, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene amplia mayoría.

A su vez, Enrique Alfaro fue acusado de represión el sábado, luego de que autoridades de Jalisco detuvieran a cinco personas por realizar protestas en contra del alza a la tarifa de transporte público. Los hechos fueron denunciados por usuarios de redes sociales a través de videos, donde muestran el uso desmedido de la fuerza por parte de elementos de seguridad al momento de realizar la detención.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Los gobernadores de Jalisco y de Tabasco son fuertemente criticados este domingo. El primero, Enrique Alfaro, por el ataque de policías contra estudiantes después de una protesta; y el segundo, Adán Augusto López Hernández, por imponer, a través de su mayoría en el Congreso, penas carcelarias severas para delitos contra la libertad de tránsito, la llamada “#LeyGarrote”.

El viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar hasta 13 años las penas contra quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito. La iniciativa es del Gobernador López Hernández y el dictamen aprobado llegará mañana al pleno, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene amplia mayoría.

A su vez, Enrique Alfaro fue acusado de represión el sábado, luego de que autoridades de Jalisco detuvieran a cinco personas por realizar protestas en contra del alza a la tarifa de transporte público. Los hechos fueron denunciados por usuarios de redes sociales a través de videos, donde muestran el uso desmedido de la fuerza por parte de elementos de seguridad al momento de realizar la detención.

El periodista Julio Hernández López aseguró que no puede haber dos varas para medir las políticas represivas en las dos entidades, ya que es condenable tanto la agresión a estudiantes y manifestantes en Jalisco, como la pretensión de aprobar la “Ley Garrote” en Tabasco.

“#Morena (Gobernador y dip. locales) pretende imponer años de cárcel a quienes protesten con marchas o bloqueos que impidan ejecución d obras públicas y privadas: es un intento de frenar protestas x Dos Bocas en #Tabasco y, en el sur, Tren Maya, Corredor Transístmico y similares”, escribió en su red social.

Mientras que el también periodista Álvaro Delgado compartió imágenes de las protestas en Jalisco por el alza de tarifas en el transporte público y cuestionó el silencio del Gobernador mientras su nombre era tendencia en redes sociales con diversas etiquetas, entre las que se encuentran, #FueraAlfaro, #AlfaroRepresor y #AlfaroRenuncia.

Otro de los usuarios de redes que utilizó dichos hashtags fue Epigmenio Ibarra, periodista y productor, quien considero que Alfaro Ramírez mostró un rostro intolerante y autoritario ante las protestas, lo que lo llevó a enviar a su cuerpo de granaderos a “golpear a los jóvenes”.

Flavio Sosa, activista político, se preguntó si el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y los diputados que aprobaron su iniciativa serán conscientes del daño que le hacen a Morena, partido que lo abanderó en las recientes elecciones.

“¿Habrán leído la plataforma electoral y estatutos ? ¿Ya les habrá iniciado procedimiento @diazpol?”, publicó en su cuenta de Twitter.

LAS PROTESTAS EN JALISCO

Luego de que autoridades de Jalisco detuvieran a cinco personas por realizar protestas en contra del alza a la tarifa de transporte público, usuarios de redes sociales denunciaron a través de videos el uso desmedido de la fuerza por parte de elementos de seguridad al momento de realizar la detención.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó a través de su cuenta de Twitter que el día de ayer fueron detenidas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por presuntamente realizar actos vandálicos en el exterior del Palacio de Gobierno y en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los detenidos pintaron con aerosol las paredes del recinto, demás de que supuestamente agredieron a los guardias que resguardaban el edificio.

Posteriormente, los inconformes ingresaron a la estación del Tren Ligero, en donde, supuestamente, pretendían dañar los torniquetes de acceso a la estación; fue ene este lugar en el que elementos de la Policía Estatal detuvieron a los cinco jóvenes, quienes fueron puestos a disposición del juzgado municipal por faltas administrativas.

En redes sociales circulan videos tomados por usuarios del transporte público que captaron el momento en el que los elementos de seguridad realizan la detención de los manifestantes en uno de los andenes de dicha estación.

En el material se observa a decenas de policías equipados con escudos antimotines que ingresan al anden y comienzan a detener a los jóvenes manifestantes; incluso, algunos de ellos ingresan a los vagones del convoy para sacarlos.

Las grabaciones muestran que los agentes de seguridad procedieron con aparente fuerza desmedida en contra de los manifestantes, pues en varios momentos se observa cómo los uniformados someten de forma violenta a los detenidos.

Incluso, en uno de los videos se observa como los policías desalojan a un supuesto manifestante de uno de los trenes lanzándolo al suelo para posteriormente someterlo, mientras, agentes tratan de impedir que los presenten graben la detención.

Otro video denuncia la forma en la que, supuestamente, los detenidos eran exhibidos por los uniformados frente a los ciudadanos luego de haber sido golpeados y sometidos.

Hasta el momento, las autoridades jaliscienses no han emitido una respuesta respecto a estas acusaciones.

LA #LEYGARROTE

Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobaron en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco, una ley que pretende elevar las penas a aquellos ciudadanos que se manifiesten o impidan la ejecución de obras públicas o privadas.

Con tres votos a favor, de Morena, y uno en contra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la iniciativa impulsada por el Gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, será discutida el lunes durante una sesión extraordinaria.

La iniciativa de ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad.

AMLO y el Gobernador de Tabasco. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

Esta determinación, bautizada por los partidos de oposición como #LeyGarrote, modifica los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de Tabasco.

Durante la discusión en la comisión, la Diputada del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, criticó la iniciativa y dijo que se busca “inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público”.

La denominada como #LeyGarrote implicaría penas de 10 a 20 años de prisión para ciudadanos; y la inhabilitación de cinco a 10 años de cualquier funcionario que efectúe una manifestación. Foto: Edgar Jasso, Cuartoscuro

Añadió que se pretende criminalizar a los ciudadanos, y dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente se pronunciará en contra porque “él siempre reclamó el derecho a manifestarse”.

Por su parte, y según información de medios locales, los legisladores de Morena aseguraron que la medida busca “meter un orden, en donde las codas que son justas se hagan”.

La denominada como #LeyGarrote implicaría penas de 10 a 20 años de prisión para ciudadanos; y la inhabilitación de cinco a 10 años de cualquier funcionario que efectúe una manifestación.

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