Empieza septiembre y con él se acerca el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres, además del de otras tres personas que murieron en fuego cruzado.

Tal vez ningún otro hecho reciente ha provocado tanta indignación y protestas masivas. Son emblemáticas entre las movilizaciones sociales las marchas de los días subsecuentes al 26 de septiembre de 2014, en las que una multitud solidaria marchaba sobre Paseo de la Reforma a la retaguardia del contingente de las madres y padres de los muchachos. Era una tragedia que nos tocaba de cerca a todos, por implausible, por inexplicable, porque a pesar de haber vivido en una espiral de violencia desatada por la “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón ocho años atrás, no se podía concebir con normalidad la idea de que 43 personas desaparecieran de manera tan definitiva y sin dejar rastro.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su procurador general, Jesús Murillo Karam, confeccionó un relato según el cual los muchachos fueron a la ciudad de Iguala para impedir el mitin de la presidenta del DIF, pero fueron confundidos con miembros de un grupo delincuencial y secuestrados por otro grupo delincuencial coludido con policías municipales de Iguala y Huitzuco.

Más adelante esta versión fue reforzada con la criminalización de los estudiantes: en la confusión, según esta versión, había algo de verdad, pues al menos algunos de ellos sí eran miembros del crimen organizado. El relato se corona con un desenlace brutal en el que en la misma noche de su secuestro, los chicos fueron incinerados -en un día en el que llovió copiosamente- en la insondable barranca del basurero de Cocula, aunque los restos de otros fueron igualmente incinerados y arrojados en el río San Juan.

Las pruebas de ADN realizadas a unos fragmentos óseos en un laboratorio de Innsbruck revelaron que éstos pertenecían, en efecto, a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos. El caso se cerró, ante una sociedad abrumada por el descreimiento. Para hacer digerible a la historia, varios periodistas (como Héctor de Mauleón o Esteban Illades) empeñaron su pluma y lo de credibilidad que tuvieran en la publicación de columnas, prefacios y libros en los que se afianzaba esta historia fantástica en la que un grupo delincuencial apoyado por un puñado de policías municipales de uno de los estados más pobres del país lograron desaparecer, por su propia mano, a 43 hombres jóvenes sin dejar de ellos prácticamente ningún rastro.

Hartos de no creer, y sin esperanza alguna de que una verdad más coherente sustituyera al fantasioso relato oficial, los mexicanos, más que aceptar, simplemente nos acostumbramos a vivir con esa gran mentira. Sólo las madres y los padres de los muchachos no se resignaron jamás a la incertidumbre.

Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador -y una de las que más esperanzas trajo- fue la de investigar el verdadero destino de los 43 estudiantes y castigar a los responsables. Tres días después de su toma de posesión, el 3 de diciembre de 2018, el presidente creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CoVAJ) Ayotzinapa, e instruye a todas las dependencias a colaborar con la investigación y reanudar la búsqueda de los normalistas. En marzo de 2021 se reanudó la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el gobierno de Peña Nieto había despedido en 2015.

Hace apenas un mes, el GIEI, después de la presentación de su sexto y último informe, dio por terminada su colaboración con el Gobierno de México, acusando que algunas dependencias, específicamente la Sedena y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, han interferido con la investigación al negarse a presentar documentos que les ha sido ordenado mostrar, o bien al presentar documentos contradictorios. Para los expertos, estas conductas son señal de que no podrán avanzar más en su investigación y entonces deciden retirarse. Sus investigaciones detalladas y técnicas, basadas en las redes de comunicaciones y la geolocalización de los actores revelan un entramado mucho más complejo que el que suponía la “verdad histórica”, en el que están coludidos no solamente policías municipales, sino, de manera probada, policías estatales, federales, ministeriales y elementos de la Marina, la SEDENA y el extinto CISEN. Hay evidencia también de la colusión de todas estas instancias con grupos delincuenciales como Guerreros Unidos. La trama, mucho más compleja y organizada que la de aquella historia de Murillo Karam, sustenta lo que la sociedad mexicana siempre dijo y coreó en sus manifestaciones, y que el gobierno federal aceptó abiertamente en voz del subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ: lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.

A pesar de la retirada del GIEI, y de desencuentros recientes entre los representantes de las víctimas y el Gobierno Federal, el caso está lejos de cerrarse y las investigaciones y los procesos judiciales continúan. En un comunicado del 3 de agosto, la Secretaría de Gobernación informa que ha atendido las demandas de los padres de los normalistas relativas a la participación en los hechos de elementos del 27 batallón de infantería, el análisis de las llamadas telefónicas, el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, por parte de policías municipales, federales y ministeriales, y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago como posible móvil de la agresión. Para el 3 de agosto, refiere Encinas, se encontraban sujetos a proceso 14 militares de distintos rangos -entre ellos, dos generales-, siete policías municipales, seis estatales y seis ministeriales. Se depuraron 84 mil registros (de un total de 87 millones de redes telefónicas) de llamadas realizadas el 26 y 27 de septiembre, y se mapearon 116 números y sus interconexiones. Como reporta el último informe del GIEI, en la noche del 26 de septiembre hubo una intensa comunicación entre elementos oficiales y entre ellos y los grupos delincuenciales. En todos esos registros no hay una sola comunicación entre ninguno de los estudiantes y algún miembro del grupo delincuencial, por lo que la hipótesis arteramente difundida de que al menos algunos de los muchachos estaban coludidos con el crimen organizado no se sostiene en absoluto.

Falta mucho por saber, y en especial, falta que se revele el lugar en el que están localizados los estudiantes o, más probablemente, sus restos, pues en la investigación no hay rastros de que estén con vida. En los siguientes días la CoVAJ realizará informes y comunicados que es importante conocer, pues es probable que se pierdan en el vacío mediático o se silencien con notas amarillistas que prefieren destacar la historia de que el gobierno federal dobló las manos y cerró el caso, lo cual es absolutamente falso. 

A los ciudadanos nos queda exigir que las investigaciones no cesen hasta que no se haga justicia y, sobre todo, que el gobierno garantice que nunca más en la historia de este país se repitan hechos como los del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y que no quede impune la maquinaria de ocultamiento y engaño que se echó a andar desde las más altas carteras del gobierno federal de ese entonces.

Violeta Vázquez-Rojas Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/violeta-vazquez-rojas-maldonado

Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el estudio del significado en lenguas naturales como el español y el purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política.

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