Al menos 19 alteraciones fueron identificadas en los cuerpos de las víctimas de Tlatlaya, Estado de México, señaló el Centro Prodh, a tres años de la masacre.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- A tres años del caso Tlatlaya, donde “entre 8 y 12 personas fueron ejecutadas arbitrariamente a manos de elementos del Ejército”, prevalece la impunidad, alertó hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los cuerpos de las víctimas presentaron al menos 19 alteraciones, señalaron.
En junio de 2014, en lo que las autoridades llamaron “un enfrentamiento”, 22 civiles perdieron la vida en Tlatlaya, Estado de México. El caso “no ha sido esclarecido”.
“La impunidad con la que se ha cubierto la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le dé mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública, una tarea reservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla”, expuso el Centro Prodh.
Elementos del 102 Batallón de Infantería fueron los encargados de la masacre. Una testigo y sobreviviente reveló que la mayoría de los ejecutados ya se habían rendido.
“A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito”, señaló el Centro Prodh en un comunicado.
La información señaló 3 elementos importantes:
“Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial”.
“En segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas, a pesar de que existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de 29 de noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH”.
“Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Inmediatamente después de la develación de esta orden militar que incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a declarar; y determinar el origen de la misma. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes”.
La ausencia de justicia a 3 años de la masacre de Tlatlaya “es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos”.
