Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Grupo de Trabajo que investigará si existieron violaciones a las garantías individuales de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, durante la implementación de la “Ley Bala” al aplicar un operativo policiaco que condujo a la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo el pasado 9 de julio.

Los integrantes de la Comisión acordaron sumarse a los puntos de acuerdo presentados ante la Comisión Permanente por varios legisladores respecto al caso y en si da a lugar, solicitar su pronta resolución.

La presidenta de la Comisión, la priista Miriam Cárdenas Cantú, exhorta en el punto de acuerdo que impulsa junto con Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, a la Procuraduría General de la República (PGR) y la General de Justicia del estado de Puebla a esclarecer las causas de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y al Ministerio Público solicitar la reparación del daño.

El documento también pide a la Comisión Permanente que exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar la probable violación de los derechos humanos en ese asunto.

La legisladora del tricolor sostuvo que la Comisión está comprometida a defender a cabalidad los derechos humanos de los habitantes del país, “por lo que estos sucesos no se pueden pasar por alto, ya que ocurrió el fallecimiento de un adolescente”.

Durante la sesión de trabajo, la Diputada Roxana Luna Porquillo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que a partir de la implementación de “Ley bala” han sido detenidas cerca de 33 personas en menos de tres meses.

Y enfatizó que en el tiempo de implementación creció la represión y se ha dejado de lado el diálogo como vía para atender los problemas sociales de la región, para ser utilizada la fuerza del estado, a través de los elementos de la policía. E hizo referencia a lo sucedido en el municipio de Tehuacán, donde pobladores de la Sierra Norte fueron desalojados sólo por defender el derecho de una oficina del Registro Civil, el cual es un elemento importante en estas regiones. En esta protesta fueron detenidas ocho personas, ejemplificó la Diputada.

También citó el caso de San Bernardino Chalchihuapan, donde falleció Tehuatlie Tamayo y otro hombre perdió el habla por el momento porque “una bala de goma que le perforó la mejilla dañó la mandíbula y parte de la lengua, y a un niño se le tuvo que reconstruir una mano”.

Luna Porquillo manifestó la necesidad de establecer el diálogo para reconstruir la confianza de los poblanos y solicitó a los integrantes de la Comisión hacer un llamado sobre la implementación de estas políticas.

“Esta Comisión debe hacer un reclamo al titular de la CNDH porque él fue uno de los principales en decir que esta ley era correcta, pero ahí están las consecuencias del uso de la fuerza por medio de este tipo de artefactos”, aseguró.

Por su parte, la Diputada del Revolucionario Institucional (PRI) María del Rocío García Olmedo lamentó los hechos y condenó el uso desproporcionado de la fuerza pública, por lo cual exigió una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias.

García Olmedo presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado se investiguen los sucesos y solicitar se manejen los debidos protocolos cuando se tenga que atender una manifestación pública y se exploren los canales más idóneos para dar solución a la problemática que originó el descontento social.

La Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem del PRD informó que la semana pasada diputados de su grupo parlamentario y el Partido del Trabajo hicieron pública una solicitud al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con el propósito de que intervengan y se dé pronta solución a estos hechos.

Los diputados del PRD, Vicario Portillo Martínez y José Luis Muñoz Soria, puntualizaron que es fundamental que la Comisión se entreviste con los presos políticos del estado, y solicitar al gobierno estatal sensibilidad para sentarse con la parte opositora y llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. Pidieron garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del país.

Mientras tanto, el Diputado José Francisco Coronato Rodríguez de Movimiento Ciudadano sostuvo que le corresponde a la CNDH, de forma pronta y expedita, actuar y determinar si hubo excesos por parte de autoridades estatales y municipales, y en segunda instancia que la Procuraduría General de Justicia del estado, a través del Ministerio Público, proceda con imparcialidad y justicia.

Finalmente, los legisladores Verónica Sada Pérez y Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido de Acción Nacional (PAN), coincidieron en que a la CNDH se le debe exigir su intervención para que se esclarezcan los hechos, ya que es compromiso de la Comisión defender a cabalidad los derechos humanos.

OTRO LESIONADO, CONTINÚA GRAVE

Martín Xelhua Romero, vecino de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, perdió el habla momentáneamente después de recibir un impacto de bala de goma durante la manifestación de juntas auxiliares en la autopista Puebla-Atlixco el  9 de julio, además de que presenta problemas para alimentarse.

De acuerdo con el diario La Jornada de Oriente, Xelhua de 65 años fue intervenido quirúrgicamente dos veces para una reconstrucción de rostro que requirió la implementación de dos placas de acero después de sufrir una perforación en el pómulo izquierdo.

Fue operado en un hospital privado de Atlixco luego del desalojo de la manifestación por parte de la Policía Estatal el pasado 9 de julio.

Asismismo Xelhua Romero fue diagnosticado con varias muelas arrancadas y la lengua deshecha por la mitad, además de una fractura en la mandíbula después de haberle sido negada la atención médica en el Hospital General del Sur en el estado por lo que presentará una denuncia contra el gobierno estatal.

El pasado 9 de julio se registró un enfrentamiento entre pobladores de comunidades cerca de Chalchihuapan y granaderos que dejó un saldo de un menor muerto y varios vecinos y policías heridos.

En redes sociales se difundió el video donde se alcanza a ver la lesión que sufre Martín Xelhua y cómo camina aturdido con el impacto en su mandíbula y que además padece diabetes.

La grabación da cuenta desde el minuto 4 de cómo Xelhua Romero se intenta limpiar la herida y la sangre de su cara, mientras los demás manifestantes se cubren sus bocas por el gas lacrimógeno.

Este lunes pobladores de diversas Juntas Auxiliares de Puebla realizaron un caravana de Puebla hacia el Distrito Federal para exigir el esclarecimiento de la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatlie, además de otras denuncias en contra del Gobernador Rafael Moreno Valle.

Exigieron un alto a la represión en contra de las comunidades, liberación de los presos políticos y el esclarecimiento de Chalchihuapan.

Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron ayer la ausencia de Estado de derecho en Puebla y demandaron la separación del Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, para que no interfiera en las investigaciones del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Los activistas y las organizaciones coincidieron en que se han fabricado mentiras para inculpar a los pobladores afectados. Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, denunció que en uno de los videos que se trata de inculpar a los pobladores salen las declaraciones de un oficial de la policía identificado como Mario Tomás González Ricaño, quien fue detenido en 2011 por trata de personas y prostitución de menores.