“El Ejecutivo federal debe abstenerse a emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión”, afirmaron los colectivos y organizaciones.

Ciudad de México, 30 e agosto (SinEmbargo).– Defensores de derechos humanos, medios, periodistas, organizaciones y colectivos exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador evitar estigmatizar y deslegitimar públicamente su labor, esto luego de que observaran con preocupación las declaraciones que emitió el pasado 28 de agosto en su conferencia de prensa matutina.

“En dicho espacio, el Gobierno federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras ‘para oponerse a la construcción del Tren Maya'”, recordaron.

A través de un comunicado, los firmantes explicaron que a lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento.

“Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas”, aseguraron.

De acuerdo con su posicionamiento, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; el Consejo Regional Indígena, y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, son objeto de difamación y hostigamiento por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya” en el sureste del país, el cual “viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas”.

La organización Artículo 19 precisó que el medio Animal Político “fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de ‘benefactores y opositores’, buscando generar un nexo causal entre el corte crítico del medio y los recursos que recibe.

“Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión”, subrayó.

Asimismo, la ONG recordó al Gobierno federal que, tal como lo ha establecido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan.

“En este tenor, el Ejecutivo federal debe abstenerse a emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión”, afirmaron los colectivos y organizaciones.

Además, dieron a conocer que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Foto: Galo Caña, Cuartoscuro

Por otra parte, citaron los datos de Global Witness, quien colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente.

“Bajo este contexto, enfatizamos que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo federal no protegen, respetan ni garantizan los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionales de los que México es parte, y generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales, contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en nuestro país”, agregaron.

Ante dicha situación, las personas, colectivos y organizaciones firmantes solicitaron al Gobierno federal y gobiernos locales cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, realizando una disculpa pública y rectificando las declaraciones estigmatizantes efectuadas en la conferencia de prensa del viernes 28 de agosto.

También pidieron generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación de megaproyectos.

A su vez, llamaron a posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica, en los medios de comunicación. “Estas acciones, favorecen la libertad de expresión y contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo”, finalizaron.