La designación de Luis Enrique Miranda Nava al frente de la Sedesol, el tercer Secretario en la administración de Peña Nieto que ocupa ese puesto, despertó una oleada de críticas sobre la capacidad que tendrá ese funcionario para comenzar a erradicar el incremento de la pobreza en el país, que se ha hecho notorio en los últimos años. Su nombramiento tampoco pasa de largo frente a lo que se viene: las elecciones de 2017 en el Estado de México –de donde Miranda Nava y Peña Nieto son originarios– y las presidenciales de 2018.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– Luis Enrique Miranda Nava llegó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el pasado 7 de septiembre. Un día antes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 que pide 105 mil 287 millones 403 mil 291 pesos para esa dependencia, la mayoría para programas sociales con los que se busca, al menos en el papel, disminuir los niveles de pobreza en el país.
Las críticas le dieron la bienvenida a Miranda Nava. Los partidos de oposición lo señalaron como un operador político que vería en los programas sociales una herramienta para los procesos electorales venideros.
Por el origen de su carrera política, su llegada a la Sedesol puso en la mira el proceso electoral de 2017 en el Estado de México, entidad en la que trabajó para el Gobernador Arturo Montiel Rojas y luego para el mismo Enrique Peña Nieto, como Coordinador de Asuntos Jurídicos. Ya siendo Peña Nieto Presidente de México, Miranda ocupó el puesto de Subsecretario de Gobierno, en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde estuvo a cargo de las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ahora, desde la Sedesol, el funcionario mexiquense tendrá en sus manos el padrón de los más de 22 millones de personas beneficiarias de los programas sociales, y que son también las de más bajos recursos del país.
Los números del Presupuesto 2017 se muestran positivos para la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Estado de México, ya que para el Programa 3×1 Migrantes, la Secretaría de Hacienda propone otorgar 2 millones 424 mil 743 pesos, a pesar de que en el Padrón de Beneficiarios la cifra para esa entidad está en… ceros. El año pasado, en el mismo rubro, el presupuesto fue de 3 millones 520 mil 735 pesos.
Caso contrario, es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas: los cinco beneficiarios registrados, de aprobarse el Presupuesto como está ahora, no recibirían ni un peso por segundo año consecutivo.
En el padrón de beneficiarios del Estado de México se encuentran “Sin clasificación”, 13 mil 639 beneficiarios que son correspondientes la partida del Programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Sólo se acota: “estos registros no pueden ser clasificados bajo el esquema de publicación”.
En 2015, el Gobierno federal destinó el 15 por ciento del gasto neto total en programas sociales; es decir, 569 mil 422 millones 784 mil 323 pesos, de acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (Indep), elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc). De esa cifra, 238 mil 676 millones 201 mil 934 pesos fueron para programas que tuvieron un nivel de desempeño débil: 43 de ellos fueron ubicados por ese estudio en la “caja negra”, ya que se desconoce su función, qué hacen y a qué población y qué zona del país atienden.
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En entrevista con SinEmbargo, Alfredo Elizondo Rosales, investigador de Gesoc, explicó que, en teoría, todos los programas sociales, al ejercer recursos, deben reportar el número de beneficiarios, de acuerdo con el decreto que se aprobó el año pasado que obliga a los programas de desarrollo social a reportar esta información directamente a Hacienda y ésta, a su vez, concentrar la información en una base de datos.
“Es necesario que lo reporten [el número de beneficiarios]. La mayor parte de los programas que nosotros calificamos como de `caja negra´ son los que están en esa condición y no reportan a quién están beneficiando. En el ámbito federal es un problema constante y más o menos ha habido avances, pero en el ámbito de los estados el asunto es peor y ahí es complicado que todos los programas tengan formas de operación”.
El gran problema, agregó el especialista, es que esa misma situación se replica en las 32 entidades y las condiciones en ellas “son mucho peor”.
En el caso concreto de la Delegación de Sedesol en el Estado de México, expuso que ésta tendría que reportar que no tiene beneficiarios para un programa al que se le destinaron más de 2 millones de pesos.
“Un programa de desarrollo social tiene beneficiarios concretos, personas u organizaciones y tendrían que reportar a quién se está atendiendo”, dijo. En el caso del programa de jornaleros, lo que se vislumbra es la desaparición del programa al no figurar en el Proyecto.
El presupuesto total pata el Ramo 20, de Desarrollo Social, es de 105 mil 287 millones 403 mil 291 pesos, de los cuales 5 mil 955 millones 428 mil 862 pesos son de Gasto Directo y 99 mil 331 millones 974 mil 427 pesos para subsidios.
Los programas que continúan, según ese documento, son Prospera, Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), Programa de Abasto Rural (Diconsa), Comedores Comunitarios, Programa de Apoyo a Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas, Programa de pensión para Adultos Mayores, Instituto Nacional para Adultos Mayores, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Programa Empleo Temporal, Programa 3×1 para Migrantes y el Programa de Fomento a la Economía Social.
EL RESTO DE LA CAJA
A nivel nacional, el recorte de Desarrollo Social fue de 3 mil 984 millones 505 mil 790 pesos. Miranda Nava está a cargo de una de las secretarías a las que Hacienda aplicó menos recortes.
“Los números en el presupuesto se mantienen y era de esperarse, con respecto a lo que ya se había anunciado y con la expectativa de los recortes que impactaron este año a los programas. Los números son conservadores y van en línea con cómo está planteando el gobierno federal la estructura del gasto en todos los rubros”, comentó Elizondo Rosales.
El Secretario Miranda dijo en uno de sus eventos más recientes que sabe de dónde viene la pobreza en México y que una de las causas de que hoy, 55.3 millones de personas vivieran en esa condición, es “la ingobernabilidad o los problemas de gobernabilidad que presenta el país”.
El pasado 9 de septiembre agregó que “no se puede jugar con los recursos de los mexicanos, y menos con los recursos tan sensibles de quien tiene o padece pobreza o pobreza extrema”.
Eso fue luego de que se divulgara que en el Estado de México es socio de dos de los clubes de golf más lujosos de la entidad.
De acuerdo con el PEF, lo que se recortará en Hacienda, en caso de aprobarse el presupuesto como está, es por ejemplo, la Coordinación Nacional de Prospera, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Desarrollo Regional, Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza, Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia, que disminuyó casi a la mitad, al igual que el Programa de Fomento a la Economía Social, Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos y Seguro de vida para jefas de familia.
“El problema es tener una estructura muy amplia de programas sociales. En Gesoc calculamos un total de 161 programas, pero no necesariamente este gran número de programas se hace efectivo para atender a la población para la que fueron creados. De hecho, la mayoría, cerca del 80 por ciento, o tienen problemas de opacidad o de desempeño. Bajo ese escenario, lo que vemos es que año con año algunas dependencias mantienen programas que no tiene mucho sentido que sigan existiendo, mientras que otros, en los que sí se ven avances, no se les puede aumentar porque no existen las condiciones presupuestarias”, dijo al respecto Elizondo Rosales.
