El Tribunal de Sentencia afirmó que el asesinato de Cáceres fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el fin de acabar con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y su coordinadora. La ambientalista estaba en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cargo de DESA.
El proceso judicial estuvo “marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH”, entre las que “destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso”, aseguró el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Tegucigalpa, 30 de noviembre (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) afirmó hoy que la sentencia del jueves por la muerte violenta de la ambientalista hondureña Berta Cáceres ha demostrado que detrás de su asesinato está una “estructura criminal”.
En un comunicado, el Cejil señaló además que durante su fallo, el Tribunal de Sentencia afirmó que el asesinato de Cáceres fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)“.
El crimen fue con el fin de acabar con Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) -del que ella era su coordinadora-, por su rechazo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cargo de DESA, indicó el Cejil.
El tribunal condenó el jueves por el asesinato de Berta Cáceres a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte.
Además, condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro, y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
Como representes de la familia de Cáceres y el Copinh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Cejil reconoció la relevancia de la sentencia y en particular celebró que el Tribunal haya “comprobado la participación de directivos de DESA en la planificación y financiamiento del asesinato” de Berta.
Ejecutivos de DESA desde el inicio del juicio han rechazado las acusaciones contra personal de la empresa por parte de la familia de Berta Cáceres y el Copinh.
“Es preciso recordar que los hallazgos del Tribunal son consistentes con las conclusiones a las que llegó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe) en noviembre del 2017, sin embargo, denunciamos que esta sentencia no implica que se haya alcanzado justicia integral”, subraya la declaración del Cejil.
Según el mismo organismo, el proceso judicial estuvo “marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH”, entre las que “destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso”.
Además, el Cejil dijo que “es preocupante que el Ministerio Público no haya realizado acciones para identificar a otros autores intelectuales, pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal señala en su sentencia”.
En ese sentido, el Cejil cree que “seguirá existiendo impunidad hasta tanto no se avance en la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas que están involucradas en los hechos”.
La directora del Cejil para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, indicó que la decisión judicial debe ser un llamado de atención para las autoridades hondureñas y los empresarios del país.
“Esta sentencia debe hacerles entender que no es posible avanzar con proyectos extractivistas sacrificando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afectadas”, agregó.
En opinión de Aguiluz, “el desarrollo solo será posible si se construye tomando en cuenta la cosmovisión de estos pueblos, si se respeta su dignidad y su derecho a la igualdad y no discriminación”.
Además, el Cejil, ante la decisión jurisdiccional que da cuenta de la participación de directivos de la empresa DESA en el crimen contra Berta Cacéres, exigió que “Honduras inicie de manera inmediata el proceso para revocar la concesión otorgada a esta empresa sobre el río Gualcarque”.
También considera que es “urgente” que se inicie un proceso para reparar al Copinh por todo el daño que se les ha causado, en particular, que se reconozca el rol importante que han jugado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
