#ANUARIO2017 | El año que se va fue de claroscuros para la sociedad civil y se puede resumir en muchas batallas y pocas victorias… pero éstas últimas fueron sustanciales y esperanzadoras.
Y es que las luchas que han adoptado diversos grupos ciudadanos no tienen enemigos difíciles de vencer: son los partidos políticos, el dinero de la corrupción y el crimen, las cúpulas del Gobierno y el Ejército, entre otros poderosos obstáculos para rescatar el Estado de Derecho.
Este año se logró avanzar hacia nuevas legislaciones gracias también a que otras instituciones parecen haber escogido el bando civil como trinchera. Aunque 2017 cierra con una derrota, que es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la visión de ahora encontrar el punto por donde impugnarla, le da nuevas fuerzas al papel de los grupos civiles.
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Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Para los grupos de la sociedad civil, la llegada del último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto se sitúa en un ambiente que luce complejo pero que tiene tintes de esperanza. Eso, gracias a las luchas emprendidas y a las victorias obtenidas. Las primeras son muchas, las segundas, pocas pero sustanciosas.
Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los grupos civiles mostraron la fortaleza y la forma en que se movilizan: se unen, publican sus posicionamientos y, de ser necesario, se asisten de organizaciones internacionales, salen a las calles y toman las redes sociales como un foro para denunciar y para llamar a la batalla.
Se sabe, gracias al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que la constante en los gobiernos estatales es que gastan más dinero de lo aprobado en comunicación social y en burocracia, pero 19 entidades ejercieron menos en infraestructura de lo planteado pese a sus beneficios en el desarrollo económico.
También se conoce, gracias al esfuerzo de organizaciones civiles como Fundar, que medios nacionales y locales, de todas las plataformas, han recibido 36 mil 261 millones de pesos por promover los mensajes del Gobierno federal y que de 2013 a 2016 se registra un aumento del gasto de 31.21 por ciento, al pasar de 8 mil 154 millones de pesos a 10 mil 699 millones de pesos; es decir, se gastó más de lo permitido y el ejercicio del dinero fue opaco.
Así ocurrió a lo largo de 2017.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado defensor de Artículo 19, con motivo del amparo que le fue otorgado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definió como necesario tener una victoria cuando al mismo tiempo se obtienen múltiples derrotas.
Sin embargo, a pesar de ir ganando terreno, aún ganando los triunfos deben cuidarse. Es el caso del amparo de Artículo 19, por ejemplo, al que aún se tendrá que dar seguimiento detallado de la Ley que elaboren los legisladores, ver cuál es el alcance y, finalmente, vigilar el cumplimiento.
En 2017 sobresalieron otras luchas, como la que se emprendió para borrar el pase directo del titular de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía Anticorrupción o el triunfo de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero.
Ambas con sus diferencias, una juntó a diversos sectores –sociedad civil y empresarios– y otra se hizo desde un congreso local y luego se hizo uso, de nuevo, de la SCJN.
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“FISCAL CARNAL”: CONTRA EL PRI Y CERVANTES
En el contexto de la elección del nuevo Fiscal General del Sistema Nacional Anticorrupción, Raúl Cervantes Andrade, militante priista, un personaje cercano al presidente Peña Nieto y en ese entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), aparecía como el funcionario que pasaría, literal en automático, a ocupar el puesto de una estructura por la que lucharon académicos y sociedad civil.
La intentona del PRI de hacer pasar esa condición, provocó el retraso en la instalación de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y se provocó un caos que duró seis días, tiempo en que la Cámara, con la discusión del Presupuesto 2018 encima, no pudo sesionar.
Ese pase directo le iba a permitir a Cervantes Andrade ser el fiscal anticorrupción por un lapso de nueve años.
Las organizaciones exigieron, desde un inicio, un Fiscal con autoridad moral y ética, que no respondiera a intereses del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Porque ese era el mensaje: un pase automático, convertiría al fiscal en una especie de “guardaespaldas tradicional”.
Académicos, investigadores y activistas demandaron una reforma integral al Artículo 102 de la Constitución que elimine el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía y garantice la plena autonomía de independencia de la institución que será la encargada de la procuración de justicia.
Se reunieron representantes de más de 200 organizaciones, integradas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General: “estamos quizá ante la más importante oportunidad en muchas décadas para fortalecer el Estado de derecho y para frenar la corrupción y la impunidad en México”, expusieron en la misiva de entrega del dictamen ciudadano al Senado.
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El mismo grupo propuso un mecanismo de designación basado en la evaluación profesional mediante un procedimiento público en el que participan el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, acompañados por la observación y la opinión de una comisión ciudadana.
Se sumó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, quien exhortó a los senadores para que el cambio de la PGR a Fiscalía General de la Nación sea “independiente, autónoma y eficaz”.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.
En una carta, los cinco integrantes del Comité escribieron: “De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente: Primero. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República”.
Además, el Comité recordó que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, señaló.
“Podemos decir que este Procurador no ha hecho su trabajo. Es alguien que es parte del problema, por eso se ha organizado este colectivo”, sostuvo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDHD) durante el mitin.
Grupos civiles y empresariales se opusieron al pase automático; levantaron la voz y entregaron una propuesta; parecían tener claro la necesidad de acotar los poderes del Fiscal.
JALISCO: “SIN VOTO NO HAY DINERO”
El objetivo de la iniciativa elaborada por el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar, era claro: reducir los recursos recibidos por los partidos políticos.
Hoy es una realidad en Jalisco y su discusión en la SCJN un precedente para que pueda realizarse a nivel nacional.
Para los partidos es un golpe, ya que en adelante su presupuesto se verá limitado por número de votantes que logren conseguir en la elección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el dictamen que permitirá que los partidos reciban 6.78 mil millones de pesos para que los gasten en el año 2018. A este dinero se sumará el que los institutos locales también otorguen a los partidos políticos.
En el Congreso, la iniciativa está congelada. Kumamoto señaló que eso es consecuencia de la falta de “voluntad política” de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM). El proyecto no pudo avanzar en abril pasado a nivel federal, pues reventaron la sesión para que no fuera discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Luego, llegó a la SCJN y ahí se declararon constitucionales las modificaciones al Artículo 13 de la Constitución de Jalisco y entonces se sustituyó la fórmula de entrega de recursos a los partidos.
El dinero que actualmente se reparte a los partidos se calcula multiplicando el padrón electoral [personas que alguna vez solicitaron su credencial de elector] por el 60 por ciento de una Unidad de Medida y Actualización [47.476 pesos], la propuesta que se encuentra en la Cámara de Diputados y la modificación de Ley que se aplicará para Jalisco cambia la fórmula para que en vez de multiplicar el padrón se multiplique la votación valida emitida [votos totales menos votos nulos y en blanco] por el 65 por ciento de una UMA.
#SinVotoNoHayDinero se traducirá en un pago de 47 pesos por voto, y no por personas en el padrón electoral, como funciona hasta hoy.
La declaratoria de constitucionalidad que la SCJN dio a #SinVotoNoHayDinero no fue del todo bien vista. Se ha señalado en diversas ocasiones que incentiva la abstención y que podría derivar en que los partidos busquen fuentes ilegales de financiamiento.
“La SCJN lo deja claro: #SinVotoNoHayDinero es constitucional. Jalisco será el primer estado en reducir recursos a partidos. Vamos por más”, expuso Kumamoto.
#MILANANOESMORDAZA
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el 15 de noviembre el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa que regularía la publicidad oficial.
En la Primera Sala del recinto, el amparo presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se dictó la sentencia a favor de Artículo 19 por acreditar que el Congreso no expidió la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social.
Con la mayoría de votos a favor del proyecto, quedó resuelto a favor de Artículo 19 y con esto se obliga a la siguiente legislatura a emitir la ley reglamentaria al Artículo 134 antes del 30 de abril de 2018, cuando la ley se tuvo que hacer desde 2014, tiempo durante el cual, Artículo 19 no quitó el dedo del renglón.
Muestra de ello, es que en el proyecto también quedó plasmado que la ausencia de esta regulación propició que la política de gasto en comunicación social concentrara los recursos fiscales a medios afines a las posiciones del gobierno y negara el acceso a esos recursos o amenazara con restringirlos, a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno.
Tanto los miembros de Artículo 19 como de Fundar, quien ha llevado el seguimiento del dinero gastado, coincidieron en que el falló consolidó una gran victoria, pero sólo una dentro de tantas derrotas.
La tarea que quedó, de aquí al 30 de abril, es la de observar cómo se irá construyendo la ley reglamentaria, porque aunque el amparo se concedió, no garantiza una ley idónea.
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Con las cifras disponibles hasta el momento, se sabe que medios nacionales y locales, de todas las plataformas, han recibido 36 mil 261 millones de pesos por promover los mensajes del actual Gobierno federal. De acuerdo con Fundar, de 2013 a 2016 se registra un aumento del gasto de 31.21 por ciento, al pasar de 8 mil 154 millones de pesos a 10 mil 699 millones de pesos.
Se gastó más de lo permitido y el ejercicio del dinero fue opaco, a pesar de que el tema del dinero a medios fue uno de los que prometió reformar el Presidente Enrique Peña Nieto al llegar a la Presidencia.
El gasto general según los datos de Fundar basados en las bases de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP): desde 2013 –el primer año de Gobierno de Peña Nieto– al cierre de 2016 el gasto total a medios fue de 36 mil 261 millones de pesos. Esa cantidad significó un sobreejercicio constante que se traduce en un gasto 71.86 por ciento mayor al que el Congreso aprobó año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ahí se fueron 15 mil 162 millones de pesos, aunque está estipulado que en lo que se refiere al presupuesto de comunicación social y publicidad no pueden realizarse ampliaciones.
Pero cada año ocurrió lo contrario; en 2013, se gastó 48.74 por ciento más; en 2017, 35.03 por ciento más; en 2015, 80.50 por ciento más y en 2016, 133.58 por ciento extra. Se le había permitido a esta administración gastar 21 mil 097 millones y ocupó 33 mil 261 millones.
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Para Artículo 19, éste fue un fallo histórico que reconoce que “la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta”.
En 2016, los 10 estados que más gastaron en publicidad oficial fueron también de los más violentos y los que encabezaron la lista de entidades con mayor número de habitantes en condiciones de pobreza.
De acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2016 los estados se gastaron 139 por ciento más de lo que podían gastar en Comunicación Social, es decir 5 mil 534 millones de pesos que no debieron destinarse a ese rubro.
Los gobiernos estatales podían emplear 3 mil 994 millones 216 pesos, pero el gasto final fue de 9 mil 528 millones 760 mil pesos.
De acuerdo con el último informe de Fundar, “El Gasto en Publicidad Oficial 2013-2016”, de continuar la tendencia anual de este gasto, Peña Nieto ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos en este rubro al final de su administración.
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