Este jueves, en la conferencia matutina del Presidente, se anunció que tres funcionarios de Pemex fueron removidos de sus cargos en la Empresa Productiva del Estado para someterse a una investigación, luego de su supuesta triangulación de dinero público entre dependencias, empresas e instituciones educativas.
Al mismo tiempo, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció una serie de acciones para detectar las omisiones que permitieron esos actos, así como auditorías aleatorias para detectar casos similares.
Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Fueron tres los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que habían logrado quedarse en la empresa a pesar del cambio de gobierno. Los tres, anunció Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), habían participado en el caso conocido como la “Estafa Maestra”. Ellos tres firmaron 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior entre 2012 y 2018, fecha en que se detectó la triangulación de recursos públicos.
En la conferencia matutina de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se daría a conocer un dictamen acerca de funcionarios que fueron contratados en Pemex. “No vamos a tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad”, añadió.
Sandoval dijo que derivado de estos actos la SFP emprendería varias acciones. Anunció que se iniciaron tres investigaciones para detectar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres funcionarios; que se encontraron cuatro investigaciones archivadas” por falta de elementos” y que ahora el órgano interno de control de la SFP iniciará investigaciones para saber si hubo omisiones o negligencias; se auditará al órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción; habrá auditorías aleatorias a convenios similares y se comenzarán a presentar denuncias a la Fiscalía General de la República (FGR).
Estos son los tres funcionarios de alto rango a los que se les inicia una investigación que termina en la separación del cargo en la administración de López Obrador que cumple apenas dos meses.
Pero para la titular de la SFP, este es el camino para la instauración de una ética pública, más que para llegar a funcionarios de primer nivel. Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director general de Pemex Exploración y Producción (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, y Luis Galván Arcos, quien es gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
Agregó, en entrevista con SinEmbargo, que ahora se optará por el camino de la no simulación.
Ante la pregunta del diagnóstico que el nuevo Gobierno tiene de los órganos internos de control, que son los encargados de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas de una dependencia, Sandoval señaló que desde la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, del que está a cargo de licenciado Daniel García Cortés, actualmente se realizan los cambios correspondientes.
“Cuando nos arrojan emergencias, urgencias de cambio de titulares de órganos de control y en general, de hacer las escrituras necesarias para que no solamente se cumpla formalmente con las tareas encomendadas, sino que se salgan de la zona de confort en la que han estado los órganos internos de control, porque ahora sí vamos a poner exigencias de corresponsabilidad. Si no se les revisa bien, si hay omisiones, negligencia o conductas irregulares de parte de los verificadores, de los auditores, van a tener también su castigo”, comentó.
A dos meses de ocupar las oficinas de la SFP, Sandoval sostuvo que encontraron dinámicas de “mucha simulación” en algunos, aunque no en todos.
Consideró que en este momento están las mejores condiciones para interponer denuncias si hay que hacerlo porque hay fiscal, voluntad total del Presidente y de todo su gobierno.
“Y tenemos también la convicción de la verdadera transparencia democrática expansiva que necesitábamos en el país. La transparencia de aparador y de buenas maneras, simuladora, que prevaleció en el régimen pasado, está siendo hoy eclipsada por una transparencia democrática que tendrá de la mano la austeridad republicana”, agregó.
Sobre si la SFP investiga el mal manejo de recursos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Rosario Robles Berlanga, Irma Eréndira precisó: “Estamos en las investigaciones. Ya se radicaron aquí en la SFP a nivel central. Se le dará el cauce legal de atención expedita, pofunda y verdadera que corresponde a este nuevo gobierno”.
Esta semana, el titular de la Sedatu, Román Meyer, informó que su administración turnó a la Secretaría de la Función Pública observaciones por mal manejo de recursos que implican a Rosario Robles.
Las observaciones fueron halladas durante el periodo de entrega-recepción, dijo en conferencia de prensa.
“Nuestras observaciones se entregan al Órgano Interno de Control, indistintamente del área. En nuestras áreas sí tenemos observaciones que nos hizo en relación a la entrega-recepción de la Secretaria (Robles)”, explicó. “Las hemos ya entregado, asimismo, al Órgano Interno de Control para que, a su vez, haga la solicitud correspondiente a la maestra Robles”.
Sobre las revisiones de patrimonio precisó que es la Dirección General de Investigaciones de la SFP la encargada de realizarlo. Primero se hizo una pre evaluación patrimonial que arrojó datos que indicaron al necesidad de darles seguimiento a estos tres funcionarios, uno más profundo para deslindar responsabilidades y tener la posibilidad de que se pudieran revisar conductas irregulares en esta evolución patrimonial que básicamente es buscar si hubo o no enriquecimiento ilícito.
“En general estas investigaciones han tomado meses porque en el pasado siento que no había la suficiente voluntad política. Ahora como todos los mexicanos sabemos, para el Presidente de la República es un eje central el combate a la corrupción. Nosotros desde los primeros días de nuestra administración en la SFP firmamos un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y evidentemente siempre hemos estado muy de la mano, dispuestos a colaborar con las instancias judiciales”, señaló Sandoval, que con base en eso, prevé que los tiempos se acorten y a tener resultados de estas investigaciones de evolución patrimonial de forma más rápida.
Finalmente, sobre la selección aleatoria de casos similares, explicó que se tomarán los convenios con características similares a los ya señalados.
“Vamos a buscar los convenios riesgosos o que pudieran haber significado un daño al patrimonio del erario público. De manera aleatoria vamos a hacer una muestra mucho más robusta para estudiar qué pasó en estos años y sobre todo cómo evitar que ocurran este tipo de abusos de autoridad y de abuso de recursos. Lo que queremos es desentrañar los modus operandi para que no vuelva a pasar, y no solamente con Pemex Exploración y Producción, sino buscar con ayuda de los auditores de Pemex otras filiales para verificar posibles casos de malversación de fondos e irregularidades”, señaló.
El pasado 24 de enero, López Obrador dijo que los tres funcionarios de Pemex que habrían participado en la “Estafa Maestra”, como lo publicó Animal Político, serían investigados por la Función Pública. “En efecto tienen ustedes razón”, le dijo a la reportera Nayeli Roldán, “hay 3 funcionarios que, sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada Estafa Maestra. Por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas los tres, argumentando que no tenían ellos responsabilidad”.
Por la mañana, la Secretaria dijo a reporteros que este modus operandi de convenios celebrados al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones de las subcontrataciones, más allá de los límites establecidos, lo cual era contrario no sólo a la normativa contractual de los convenios de referencia, sino en primer lugar a lo establecido en el artículo 134 constitucional que señala a la letra: “Cuando las licitaciones a que haga referencia el párrafo anterior no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.
Por lo que los convenios firmados por los ingenieros Lozada Aguilar, Salgado Castro y Galván Arcos con la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las mejores condiciones para el estado, contravinieron lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Pemex y a lo dispuesto en el Artículo 134.
