Ya sabemos que el clientelismo es el cáncer de nuestra democracia. Ya sabemos que por más reformas al sistema político los capitanes de la clase política se las ingenian para descomponer los cimientos que se va poniendo para un sano desarrollo de nuestra democracia.

El país se enfrenta el 1 de julio a el proceso electoral más grande de su historia, con 629 cargos federales a elegir y otras 17.670 autoridades locales. Los partidos y candidatos recibirán 11.800 millones de pesos. Y solamente estamos hablando del dinero registrado. Serán las elecciones que más costarán a los ciudadanos mexicanos.

María Amparo Casar (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y Luis Carlos Ugalde (Integralia) elaboraron el informe “Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”. El informe no tiene desprecio alguno y es de lo más oportuno ante la ola electoral que vivimos.

El estudio que aborda el principal problema de la democracia electoral mexicana: el exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros, como acceso a contratos de obra pública, permisos especiales, compra de impunidad y acceso a regulación favorable para hacer negocios.

Algunos de los principales hallazgos son:

-Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.

-En promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.

-Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado. Según la información, por cada $10 pesos que el INE encuentra de gasto ilegal solo se conoce el origen de $1.4.

-Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.

-Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.

-El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.

-De acuerdo al reporte de los partidos políticos solo se gastan aproximadamente 32.8% del tope de campaña.

Nuestra democracia está enferma de dos cosas: el clientelismo y el dinero para pagar ese clientelismo electoral. Es imposible reconocer que una campaña a gobernador ronda los 460 millones de pesos y no pensar que tenemos un serio problema con nuestro sistema electoral.

Lo cierto es que no se conoce el tamaño real del clientelismo electoral. Se conoce su estructura, pero no su costo real. Sabemos que los promotores de colonias pueden ganar entre 500 y 2.500 pesos al mes. Estos sueldos van aumentando hasta llegar a los coordinadores regionales, que ingresan mensualmente entre 20.000 y 80.000 pesos. Lo caro de nuestra democracia.

Lo inverosímil, por ejemplo, es que lo absurdo del clientelismo está a la vista, pero el árbitro no sirve y la fiscalización es insuficiente y las multas son un aliciente para futuros actos ilegales por lo baratas que les representa a los partidos. Por ejemplo, de acuerdo a El País, “Un partido como el PRI, que tiene una gran presencia nacional, pretende contratar 21.000 abogados para defender sus votos en las 157.000 casillas que serán instaladas para la jornada electoral del 1 de julio“, ¿De dónde ese dinero si no es del ilegal que llega a las campañas?

En otras palabras, por un lado, está lo que se reporta y por el otro el gasto real. Invertir en candidatos y campañas puede ser un mecanismo de inversión para generar intereses perversos a futuro. Entonces regresamos al escalofriante dato: por cada peso legal hay 15 ilegales en las campañas políticas. Por ende tenemos un serio problema.

Solucionar el problema debería pasar por obligar a los partidos políticos hacer política de otra manera. Lo cual se antoja prácticamente imposible. Sin embargo, después de leer el informe, queda claro que una solución factible y transversal es: hacer el voto obligatorio. Eso desarmaría de manera inmediata el clientelismo que tanto cuesta. Claro que hay detalles sobre cómo hacer efectivo dicha política, pero sin duda es el camino.

El desencanto en la democracia no es ajeno a lo que vemos hacer a todos los partidos en todos los procesos electorales. Hay medidas que son viables para gastar menos en el sufragio, blindarlo más y alejar el dinero ilegal de las campañas. Lo que estamos gastando está mal y tenemos que reformar nuestro sistema de partidos y democracia electoral.

El horror:

Seis. Seis. Seis periodistas han sido asesinados durante 2018. Eso es uno cada 25 días. Es insostenible. Es increíble que siga pasando. Es enervante que durante el sexenio de Peña haya 15 periodistas que han sido asesinados.

@dariomrs

Darío Ramírez

https://www.sinembargo.mx/author/ramirez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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