La elección del Poder Judicial sufrió impugnaciones durante todo el proceso, desde que era reforma hasta que concluyeron los votos, y ahora partidos de oposición y organizaciones civiles buscan repetir la receta: empantanarlo una última vez, luego de que la SCJN no pudiera tumbarla el año pasado a falta de votos en el pleno.
Ciudad de México, xx de junio (SinEmbargo).– La elección judicial ha concluido, las votaciones han sido ratificadas por los órganos electorales, se han entregado constancias de mayorías, y ahora se debate sobre candidaturas específicas y si tienen validez o no. Sin embargo, hay un último y nuevo esfuerzo, de los muchos que hubo a lo largo de todo el camino, incluso cuando apenas era una reforma embrionaria, para tumbar el proceso completo, por parte del PRIAN, a los que se han sumado organizaciones "de la sociedad civil", para llevar el caso, otra vez, a la Suprema Corte, todavía presidida por la Ministra Norma Piña.
Este jueves, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, y los representantes jurídicos del partido, Roberto Gil Zuarth –candidato fallido en la elección judicial– y Santiago Torreblanca, anunciaron la "ruta legal de resistencia" del Partido Acción Nacional para impugnar y solicitar la anulación total de la elección judicial del 1 de junio.
Gil Zuarth detalló que el PAN presentará ante las autoridades competentes, en un plazo de 72 horas, una impugnación sustentada en la figura del tercero interesado, contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Mediante este recurso, se solicitará tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la nulidad total del proceso, "debido al cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral".
El lunes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había hecho lo propio. Su dirigente nacional, Alejandro "Alito" Moreno, presentó un recurso de impugnación de la elección judicial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de demandar su anulación, al considerar que "se violaron de manera flagrante los principios constitucionales".
Moreno aseguró que el PRI está preparado para acudir, si es necesario, a instancias internacionales. Por ello, dijo, “el PRI presentará una petición formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Aportaremos pruebas, argumentos y elementos de convicción”, dijo.
Estos partidos, que intentaron un boicot de última hora contra la elección judicial, argumentan que el uso de "acordeones" para elegir a los candidatos y las irregularidades del proceso fueron responsabilidad de Morena, el partido en el poder, que con este proceso "capturó" al Poder Judicial.
Presentamos la impugnación de la #ElecciónJudicial con plena responsabilidad, con pruebas, con certeza y con la convicción de que tenemos la razón.
Nuestra impugnación se fundamenta en lo evidente: la violación flagrante a los principios constitucionales.
Este proceso, lejos de… pic.twitter.com/56uEztu6qp
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 16, 2025
Al respecto, el abogado Andrés García Repper señaló en entrevista con "Los Periodistas" que estas impugnaciones no son válidas, pues las únicas personas que pueden presentar algún tipo de queja son los candidatos que participaron en la elección y que puedan sentirse afectados.
"Unicamente los candidatos que se sientan afectados. Esta era una elección en la que los partidos políticos no iban a participar, entonces, al no estar de por medio los derechos político electorales de los partidos, un partido no tiene interés jurídico para solicitar algún tipo de acción contra la elección".
El abogado recalcó que al tratarse de una elección ciudadana los únicos que pueden impugnar los resultados son los ciudadanos.
"Este proceso tiene la particularidad de que es una elección ciudadana, quiénes están facultados para impugnar los resultados electores, pues únicamente los candidatos que se sientan afectados. Entonces quienes pueden acudir a impugnar la elección, los interesados, no nada mas cualquier persona".
Andrés García Repper explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el organismo encargado de resolver la impugnaciones, pero señaló que será difícil que procedan debido a que no cuentan con argumentos sólidos.
"Pero simplemente decir no me gustó porque había acordeones es una frivolidad, no creo que llegue a tanto el tribunal a aceptar una demanda frívola. Es una demanda 100 por ciento frívola. Afortunadamente en estas controversias la última palabra la tiene un juez electoral. Impugnen para que lo conozca el tribunal, para que se conozca el trabajo del INE y el Tribunal diga la última palabra".
Organizaciones "civiles" se suman a impugnaciones
El jueves, un grupo de seis organizaciones "civiles" dieron a conocer que impugnaron también la elección judicial argumentando que "hubo una operación de Estado que no solo influyó, sino que determinó el resultado de todos los puestos nacionales". Exigieron que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte invaliden los resultados de la elección, tal como pide el PAN.
Se trata de las organizaciones Poder Ciudadano, Projuc, Consejo Nacional de Litigio, Práctica: Laboratorio para la Democracia y Defensorxs AC. Las seis impugnaron las elecciones para la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial y los dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
"Buscamos fijar un precedente y que no se permita nunca más en la historia de México que exista una elección de Estado, donde sea la Presidencia, y no la ciudadanía, el verdadero elector de los ganadores", señalaron.
Sin embargo, de civiles tienen poco, ya que en Projuc, por ejemplo, participan: Max Kaiser, excolaborador de Felipe Calderón en materia de transparencia y quien participara en la campaña de Xóchitl Gálvez; José Mario de la Garza Marroquín, cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico junto con Fernando Gómez Mont, Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos W. De acuerdo con el periodista Álvaro Delgado, fue acusado en 2022 de cobrar 290 mil pesos mensuales al Ayuntamiento de San Luis Potosí por asesoría externa, con lo que promovió la campaña en contra de la Reforma al Poder Judicial.
Hoy impugnamos la elección judicial.
Hubo una operación de Estado que no solo influyó, sino que determinó el resultado de todos los puestos nacionales.
Por ello, exigimos que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte invaliden los resultados de la elección.
Va una breve… pic.twitter.com/N3EonRbvso
— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) June 19, 2025
En el Consejo Nacional de Litigio Estratégico participan Gustavo A. de Hoyos, Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC) y exlíder de la Coparmex; Lía Limón, exalcaldesa de Álvaro Obregón por el PAN; José Mario de la Garza Marroquín (también colaborador de PROJUC); Fernando Gómez Mont Urueta (exsecretario de Gobernación con Calderón); Mariana Calderón Aramburu, quien promovió recursos contra los libros de texto gratuito del Gobierno a nombre de la Unión Nacional de Padres de Familia y quien también ha participado en misiones de la OEA.
La presidenta de Poder Ciudadano MX es Gabriela Sterling, cofundadora de UNID@S, promotores de la campaña de Xóchitl Gálvez. Ella también participó en la creación del Frente Amplio Por México; Alejandra Latapi y Carlos Angulo Parra, parte de la campaña de Xóchitl Gálvez; Arturo Espinosa Silis, exsecretario de Estudio y Cuenta en el TEPJF.
Y en Defensorxs, participan Luis Manuel León, asesor del Diputado de MC Braulio López Ochoa; y Miguel Alfonso Meza, vocero durante la campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC.
Esto ocurre cuando el INE ya ratificó, desde el domingo pasado, la validez de la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte. También les fue entregado a los nueve ministros y ministras de la nueva integración del máximo Tribunal del país su acta de mayoría, así como el acta de próximo Ministro presidente de la Corte a Hugo Aguilar.
Una batalla contrarreloj contra la elección judicial
Todas las impugnaciones que pudieran presentarse en contra del proceso electoral para la renovación del Poder Judicial de la Federación tendrán que ser resueltas a más tardar el jueves 28 de agosto, pues los nuevos funcionarios electos tendrán que tomar posesión de sus cargos el lunes 1 de septiembre.
El 12 de agosto de 2025 se llevará a cabo la última sesión del actual Pleno de la SCJN, de acuerdo con las mismas fechas marcadas por la Corte. El último informe de labores de la Ministra Presidenta Norma Piña está marcado para el 15 de agosto y el 31 de agosto concluyen todas las funciones de la actual Suprema Corte, incluidas las dos Salas, que desaparecen. Los 8 ministros no elegidos en el inédito proceso electoral finalizarán sus encargos el último día de agosto.
Las impugnaciones tendrán que ser resueltas por la Sala Superior del TEPJF y por el pleno de la Suprema Corte, en lo que corresponde a la elección de los dos magistrados para la sala superior del Tribunal Electoral.
Sin embargo, las impugnaciones del PRIAN y de las organizaciones civiles podrían ser usadas por la Corte para intentar una última vez la posibilidad de revisar la elección judicial.
La SCJN espera expectante
Esa nueva oportunidad para la SCJN de revisar una elección sería cuando ya fue aprobada su reforma en el Congreso federal por mayorías calificadas y por una mayoría de congresos locales; que avaló tanto el INE como el Tribunal Electoral; cuyo proceso de selección de candidatos y candidatas, de campañas, de votación y de certificación ya se llevó a cabo; y, sobre todo, que ya fue impugnada ante este mismo pleno, que no consiguió tumbarla.
Y es que el 5 de noviembre pasado, el Pleno de la Suprema Corte rechazó el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que la representan: PRI, PAN y MC.
Sin embargo, en un último intento desesperado en el pleno de la SCJN, la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto de Alcántara e, inesperadamente, expuso que era posible avalarla sólo con seis votos en vez de los ocho que se necesitaban para la mayoría calificada. Su esfuerzo fue infructuoso.
Tras un receso de más de 45 minutos para revisar si la propuesta de Piña Hernández era legalmente viable, los ministros volvieron al Pleno sólo para corroborar la improcedencia de dicha propuesta y, en sólo unos minutos, dar por terminada la sesión. Incluso los ministros que estaban a favor del proyecto rechazaron tumbarlo con sólo 6 votos.
La jornada, de más de seis horas acumuladas, se definió con el voto del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá eran improcedentes, y con ello rompió el bloque de los ocho ministros opositores y necesarios para que ese proyecto pasara.
Los números no le alcanzarían a Piña en la Corte
Sin embargo, ahora el pleno está compuesto solamente de 10 integrantes, ya que a finales de 2024 se retiró el Ministro Luis María Aguilar Morales, como marcaba su término, de 15 años, y a razón de la elección judicial, se decidió que los últimos meses del máximo tribunal del país con esta conformación concluyeran con solamente una decena de ministros.
Ahora, el pleno está conformado por cuatro ministras y ministros que ya se opusieron en 2024 a la impugnación contra la reforma al Poder Judicial: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Alberto Gelacio Pérez Dayán.
Y son seis ministros los que votaron a favor de la impugnación y de modificar totalmente la elección judicial: la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el mismo González Alcántara Carrancá.
Tanto Aguilar Morales como Pardo Rebolledo, a pesar de estar a favor de la impugnación, aceptaron que se necesitaban 8 votos en el pleno para tumbar la elección judicial. Lo mismo hizo Pérez Dayán.
Sin embargo, tanto Carrancá como Gutiérrez Ortiz Mena, así como Ríos Farjat y Laynez Potisek, sí estuvieron en noviembre a favor de una votación de seis integrantes del pleno para tumbar la reforma. Pero Carrancá dijo que, debido a que no se podían modificar "las reglas del juego en plena jugada".
