Un Tribunal federal aprobó que la residencia de Marielle Helene Eckes, ubicada en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, y valuada en 1.9 millones de dólares, pase a manos de la Federación.
La decisión fue publicada el viernes 13 de marzo por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.
El colegiado revocó la resolución dictada el 4 de abril de 2025 por la jueza Valeria Ruiz Ortega, quien había declarado improcedente la extinción de dominio sobre la propiedad de la exesposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Propiedad se adquirió con recursos ilícitos
La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que el inmueble, ubicado en el número 4 del condominio Quinta Mar, Lote 55, manzana cuatro, zona de Contramar del Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, fue adquirido mediante sobornos relacionados con el caso Odebrecht.
De acuerdo con la dependencia federal, la exesposa de Lozoya está vinculada a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
“En las relatadas condiciones, al resultar fundados los agravios que la apelante hizo valer, es patente que el presente recurso de apelación debe declararse fundado y, por tanto, revocarse la sentencia impugnada”, detalla la notificación del tribunal.
La resolución añade que la residencia será administrada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) una vez que la sentencia quede firme.
¿Cómo se originó la investigación?
En abril pasado, la jueza Ruiz Ortega había señalado que la investigación de la FGR comenzó antes de la entrada en vigor de la reforma que permite ejercer la extinción de dominio por ciertos delitos.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 15 de marzo de 2019 y reforzada por decreto el 9 de agosto de ese año, establece que se puede aplicar la acción por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la resolución, la propiedad fue adquirida el 31 de julio de 2013 mediante contrato de fideicomiso protocolizado en escritura pública.
La carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 fue iniciada el 27 de enero de 2017, como parte de las indagatorias por el caso Odebrecht, y la residencia fue asegurada en julio de 2019.
