Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Donald Trump ha llevado a Estados Unidos (EU) a un retroceso democrático, o “autocratización”, sin precedentes en tan sólo un año desde que volvió a la Casa Blanca para cumplir su segundo mandato no consecutivo, concluye el informe más reciente del Instituto V-Dem de Suecia, un organismo independiente que sirve como sede del Proyecto V-Dem, una base de datos que busca conceptualizar y medir la democracia.
“La escala y velocidad de la autocratización bajo la administración Trump no tienen precedentes en los tiempos modernos. En un solo año, la puntuación del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Estados Unidos cayó un 24 por ciento; su posición mundial descendió del lugar 20 al 51 entre 179 países. El nivel de democracia según el LDI se redujo al nivel de 1965 —el año que muchos consideran el inicio de una democracia moderna real en Estados Unidos”, plantea el informe.
En el año 1965 se puso en marcha la Ley de Derecho al Voto, que prohibió la discriminación racial en las elecciones, firmada por el Presidente Johnson en presencia de Martin Luther King. También fue poco después de la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964, que puso fin a la segregación legalizada —racial y de género—.
“¿Significa esto que Estados Unidos ha vuelto a la era del Movimiento por los Derechos Civiles? Definitivamente no. Las fallas que afectaban a la democracia estadounidense durante esa época se centraban principalmente en disposiciones legales relacionadas con el sufragio y otros derechos civiles y políticos para todos. Las graves deficiencias surgidas bajo la administración Trump son profundamente diferentes”, refiere el reporte.
Y ahonda en cómo la magnitud de la caída del índice LDI en EU es el mayor descenso en un solo año en la historia de Estados Unidos desde 1789, es decir, en todo el periodo cubierto por los datos de V-Dem. Solo la primera gestión de Trump es comparable, cuando el LDI en Estados Unidos cayó de 0.85 a 0.73 en cuatro años, llevando al país a su nivel de 1976 y muy por debajo del promedio regional. “La democracia estadounidense sobrevivió a Trump 1.0, pero no se recuperó por completo”.
El Instituto V-Dem sostuvo que su evaluación no es única ni aislada. Recordó cómo el profesor Steven Levitsky, de la Universidad de Harvard, ha sostenido que el régimen en Estados Unidos es autoritario. O cómo la Century Foundation sostiene que “la democracia estadounidense ya está colapsando”. The Steady State, una organización con más de 300 exprofesionales de seguridad nacional e inteligencia, concluyó, a su vez, que Estados Unidos se está moviendo hacia un autoritarismo competitivo, señalando el exceso de poder ejecutivo y la erosión de los controles judiciales y legislativos.
El Congreso de EU cede ante Trump
En términos de velocidad, dice el informe del Instituto V-Dem, la segunda gestión de Trump supera no solo la primera, “sino también a los autocratizadores más destacados de los últimos 25 años”. En ese sentido, refiere que este segundo mandato puede resumirse “como una rápida y agresiva concentración de poder en la presidencia”.
Apunta que el Congreso controlado por los republicanos parece haber renunciado a su papel constitucional en favor de Trump, cediendo importantes facultades legislativas, fiscales y de supervisión durante 2025.
“La administración Trump ha asumido de facto, de manera reiterada, el ‘poder de la bolsa’ del Congreso —consagrado en la Constitución y en la Ley de Control de Retenciones de 1974— al cancelar unilateralmente o reasignar fondos federales. La Corte Suprema también ha contribuido a ampliar la autoridad del Ejecutivo para controlar el gasto federal”, refiere.
En lo que respecta al Senado, apunta que con frecuencia no logró ejercer controles de confirmación sobre numerosos nombramientos realizados por el Presidente, permitiendo que puestos en agencias federales fueran ocupados por leales seleccionados “sin las calificaciones relevantes” y, en ocasiones, “claramente no calificados e incluso peligrosos”. En efecto, dice el reporte, “el Congreso ha permitido que la administración Trump deje de lado su autoridad”.
El Instituto V-Dem recuerda que Trump firmó 225 órdenes ejecutivas en 2025 que abarcan una serie de temas importantes, como la “reevaluación” de la ayuda exterior de Estados Unidos, eliminando en la práctica varias agencias e instituciones creadas por el Congreso.
Mientras tanto, el Congreso controlado por los republicanos aprobó 49 leyes y casi todas sobre asuntos menores, como “enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para modificar reglas sobre la postergación de ciertos plazos por razón de desastre”.
“La lista de casos legales relacionados con el uso sin restricciones del poder ejecutivo es extensa. Court Watch enumera más de 600 demandas dirigidas contra la administración Trump, incluyendo casi 200 casos en tribunales federales de apelación. La administración Trump ha presentado cerca de 40 demandas en respuesta, en su mayoría dirigidas a jurisdicciones gobernadas por demócratas”, indica.
Un poder sin contrapesos
El informe indica que la administración Trump depuró niveles altos del Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el FBI de funcionarios no leales.
Trump también despidió a inspectores generales independientes en al menos 17 agencias, así como al jefe de la Oficina del Asesor Especial confirmado por el Senado.
La creación del (ya disuelto) Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue un caso especial. DOGE inició despidos masivos y salidas voluntarias de la burocracia federal, con estimaciones que sugieren que más de 300 mil empleados federales dejaron el gobierno en 2025.
A eso se suma el debilitamiento del sistema judicial, que se evidencia en tres de los cinco indicadores que componen el índice de restricciones judiciales, los cuales registran caídas sustanciales en 2025: cumplimiento con el Poder Judicial, cumplimiento con la Corte Suprema e independencia de la Corte Suprema.
En su primer día en el cargo, refiere el Instituto V-Dem, Trump indultó a mil 500 personas condenadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero, “socavando así la legitimidad de los tribunales y posiblemente enviando una señal de tolerancia a la violencia futura”.
“La administración (de Trump) ha presentado resoluciones de destitución y denuncias por mala conducta contra jueces de tribunales de distrito que fallaron en contra del gobierno, acompañadas de una retórica agresiva, como acusaciones de ‘insurrección judicial’ por parte del subjefe de gabinete. El presidente Trump incluso atacó verbalmente a jueces de la Corte Suprema a inicios de 2026. Su administración se ha negado a acatar órdenes judiciales, y el propio Trump afirmó que ‘quien salva a su país no viola ninguna ley’”, destaca el reporte.
Más allá del sistema judicial federal, Trump también utilizó una serie de órdenes ejecutivas para atacar a bufetes de abogados que habían representado a sus opositores políticos. Finalmente, cuatro jueces federales dictaminaron que dichas órdenes violaban la libertad de expresión de las firmas y otras protecciones constitucionales. Sin embargo, el Departamento de Justicia apeló la decisión.
La Asociación Americana de Abogados (ABA) ha emitido varias declaraciones sobre la necesidad de proteger el Estado de derecho y respetar a los tribunales, señalando que las acciones de la administración “socavan deliberadamente la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo establecida en la Constitución de Estados Unidos”.
El Presidente de EU afecta derechos civiles
“Gran parte de lo descrito anteriormente encaja en el plan Proyecto 2025 de la Heritage Foundation y el Claremont Institute para materializar la teoría del ‘Ejecutivo unitario’, una doctrina constitucional marginal que sostiene que el Presidente debe concentrar la autoridad total. Según el rastreador del Proyecto 2025, a inicios de 2026 aproximadamente el 52 por ciento de los 320 objetivos ya se han cumplido”, alerta el Instituto V-Dem.
De hecho, ahonda, Trump está atacando algunas libertades civiles heredadas del Movimiento por los Derechos Civiles. Como ejemplo, firmó una orden ejecutiva que declara ilegales los esfuerzos de la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales, que fue creada en 1965 mediante una orden ejecutiva del Presidente Johnson para fortalecer leyes y regulaciones contra la discriminación.
El secretario interino de Trabajo de Trump ordenó a la OFCCP “cesar de inmediato toda actividad de investigación y aplicación” y posteriormente propuso recortar su personal en un 90 por ciento.
Como extensión de esto, dice el informe, la administración de Trump anuló iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todo el gobierno federal y sus programas. Se realizaron, además, cambios amplios en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que modificó sus prioridades: de proteger a grupos marginados a combatir iniciativas DEI, investigar fraude electoral y supuesta discriminación “anti-blanca”, tras lo cual alrededor del 70 por ciento de los abogados abandonaron la institución.
Los mismos indicadores de libertad frente a asesinatos políticos y libertad frente a la tortura han registrado los deterioros más significativos, dice el Instituto V-Dem. “Esto incluye la supresión de protestas antigubernamentales y amenazas de usar ‘fuerza muy grande’ contra futuros manifestantes”.
Estas tácticas se aplicaron en grandes ciudades del país y continuaron en 2026, cuando las Ciudades Gemelas en Minnesota se convirtieron en un punto crítico, con más de 4 mil arrestos y dos tiroteos fatales por parte de agentes de ICE, que lanzó una campaña de deportación que resultó en miles de casos legales por violaciones al debido proceso, y al menos 32 personas murieron bajo custodia en 2025.
Trump también emitió el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional, autorizando a agencias federales a atacar organizaciones e individuos por opiniones “antiestadounidenses”, “anticristianas” o “anticapitalistas”.
“Este instrumento podría utilizarse para criminalizar la disidencia política y representa una grave amenaza para los derechos humanos”, refiere el reporte.
Finalmente, añade, la libertad religiosa también está disminuyendo: “El gobierno federal está integrando ahora imágenes cristianas, versículos bíblicos y servicios de oración regulares directamente en las operaciones diarias de los principales departamentos, en contradicción con el carácter laico del Estado”.
La Casa Blanca contra los medios
El Instituto V-Dem alerta sobre cómo la libertad de expresión está cayendo a su nivel más bajo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. “El declive es impulsado por una serie de ataques documentados: desde la censura y la coerción financiera hasta la intimidación legal y la supresión”.
Recuerda que ya durante la campaña de 2024, Trump se mostró agresivo hacia los informes de prensa desfavorables, calificando frecuentemente a los medios como "enemigos del pueblo estadounidense" y aumentando la intimidación al amenazar con cancelar licencias de transmisión por coberturas que consideraba "injustas". Casualmente, el dueño de The Washington Post, Jeff Bezos, impidió que el periódico respaldara a Kamala Harris y posteriormente anunció un "enfoque renovado" de su postura editorial.
“Estos y otros eventos están probablemente detrás de la baja en la puntuación, que comenzó ya en 2024. Todos los indicadores que miden la libertad de expresión registran descensos sustanciales en 2025”, apunta. “Los tres indicadores que empeoran más rápidamente son los esfuerzos de censura gubernamental de los medios, el acoso a periodistas y la crítica en medios impresos y de radiodifusión”.
El Instituto V-Dem sostiene que los descensos reflejan una retórica despectiva, así como acciones legales, financieras y regulatorias. “El Rastreador de Acciones de Trump enumera 689 acciones y declaraciones bajo la administración de Trump para suprimir voces disidentes y 339 para controlar los medios y la información”.
Los ejemplos incluyen: la Casa Blanca decidiendo qué reporteros pueden cubrir al presidente; el presidente Trump demandando a The Wall Street Journal por sus informes sobre sus vínculos con el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein y a The New York Times por sus informes sobre sus finanzas y las elecciones de 2024; el Departamento de Defensa exigiendo que los reporteros solo publiquen información "autorizada"; y Trump sugiriendo que ser anti-Trump es "probablemente ilegal".
La libertad de expresión también se ve descarrilada para los individuos en los EU, como lo muestra el indicador de libertad de discusión. Tanto Amnistía Internacional como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han dado la voz de alarma sobre la supresión de las voces disidentes.
“Se observó ampliamente que unidades de la Guardia Nacional y de la Marina disuadieron manifestaciones civiles, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas, y el Presidente Trump amenazó con usar una ‘fuerza muy grande’ contra los manifestantes”, indica.
A pesar de ello, 7 millones de personas asistieron a los 2 mil 700 mítines del "Día de No Reyes" el 18 de octubre para protestar contra lo que los organizadores describen como la agenda "autoritaria" del presidente Trump. Esto es una señal de resistencia a la autocratización.
Trump quiere controlar elecciones
El Instituto V-Dem dice que las acciones tomadas en 2025 plantean preocupaciones con respecto a la integridad de las elecciones de medio mandato de 2026. “Esto concierne principalmente a los intentos de afirmar el control federal sobre los procesos electorales, los cuales deben ser descentralizados y administrados por los estados, según la Constitución”.
Señala que el Departamento de Justicia (DOJ) ha solicitado registros electorales y listas de registro de votantes a casi todos los estados y demandó a los 24 que se negaron a cumplir. El FBI, a su vez, ejecutó una orden de allanamiento en el almacén de elecciones del condado de Fulton, en Georgia —el centro de las afirmaciones de fraude electoral en enero de 2021 después de que Trump intentara persuadir al Secretario de Estado de Georgia para que "encontrara" suficientes votos—. “La acción del FBI en este condado es otra señal preocupante antes de las elecciones de medio mandato”.
En marzo de 2025, puntualiza, Trump firmó una orden ejecutiva sobre integridad electoral que exigía prueba de ciudadanía para el registro, revisión federal de máquinas de votación electrónica y restringió la votación por correo, todo sin la aprobación del Congreso.
“Los observadores afirman que la orden ignora la Constitución. Muchas disposiciones de esta orden han sido bloqueadas y otras aún están siendo impugnadas en tribunales federales. Sin embargo, el Partido Republicano está presionando en el Congreso por los cambios que Trump busca”, refiere.
Y menciona que también hay evidencia de que los funcionarios electorales se enfrentan a acoso y que el 40 por ciento de ellos se han ido desde las elecciones de 2020; algunos han expresado preocupación por el desarrollo de las elecciones de medio mandato de 2026.
“Algunos observadores temen que las elecciones de medio mandato puedan estar perdiendo importancia: la legislación importante es impulsada casi exclusivamente por el Presidente, mientras que la Corte Suprema ha permitido en más de una ocasión que el poder ejecutivo eluda al Congreso”, finaliza el reporte respecto a lo observado en EU.
